El delito de menores sube con el colapso del sistema tutelar

En un año calendario en Rosario se abrieron más de 6 mil causas. Ayer había 83 adolescentes en comisarías, lo que acaba de ser prohibido por la Corte Nacional

Hernán Lascano / La Capital

Un total de 113 adolescentes estaban privados de la libertad al día de ayer por disposición de los tres juzgados de menores de Rosario. De esa cantidad, 83 están en dependencias policiales. Los jóvenes detenidos por orden de estos tribunales de menores son en realidad 141, pero 18 de ellos ya cumplieron la mayoría de edad.

El titular de la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal, Sergio Druetta, señaló el lunes que en 2004 aumentó un 20 por ciento el número de menores rosarinos y santafesinos que se inician en el delito. Eso en Tribunales se refleja de un modo dramático: considerado un año calendario y tomando como tope la fecha de ayer, solamente en uno de los juzgados de menores ingresaron 2.935 causas, de las cuales 2.066 siguen en trámite y 869 se archivaron. Como las cifras son parejas en los tres juzgados, la consecuencia es que en un año -del 17 de mayo de 2004 a la misma fecha de 2005- en Rosario se abrieron más de 6 mil expedientes. Ese número equivale a delitos presuntos. Las personas involucradas siempre son más.

Para después discutir que implican, el desafío es poner en contexto esas cifras. Lo primero a decir es que cantidad de causas no equivale a delitos cometidos. En principio, se deben deducir los casos que se archivan. Por ejemplo: sobre 757 causas ingresadas en todo el año 2004 en un solo juzgado, hoy sólo tramitan 494, porque el resto se archivó. La inmensa mayoría de las causas no terminan en condena: no solamente por la inimputabilidad de los actores sino también porque, en muchos casos, no se prueba la culpa o se declara la inocencia.

No obstante sí es cierto que la inscripción de causas está en alza. Desde el 1º de enero hasta ayer en el juzgado que hoy está en turno, Menores 2ª, ingresaron 1027 causas, de las que 853 siguen abiertas. En el mismo lapso de 2004, como se dijo, la relación era de 757 ingresadas a 494 abiertas.

La discusión de esos números pone de relieve el alza presunta del delito juvenil y activa la preocupación sobre cómo frenarlos. Pero el impacto del guarismo en bruto impide que se encuadren otras dos cosas: una es que no hay donde poner a los menores detenidos. Y otra que la provincia lo sigue haciendo en lugares que son abiertamente ilegales.

Hace diez días, la Corte Suprema de la Nación dio a la provincia de Buenos Aires 60 días para que no dejara un solo adolescente en comisarías. El ministro de Desarrollo Humano bonaerense, Juan Pablo Cafiero, afirma que la orden fue acatada y que ya no hay uno solo en esas dependencias.

En Rosario el panorama de menores, brutalmente contrastante, ayer era el siguiente: Cinco chicas en la comisaría 7ª. Treinta y cuatro varones en la comisaría 6ª. Uno en la comisaría 15ª. Treinta y siete en el Centro de Alojamiento Transitorio (CAT), de Dorrego al 900, que es una repartición de naturaleza policial. Seis más en otras comisarías fuera de Rosario bajo la órbita de los juzgados de menores locales.


Castigar para proteger
Todos esos lugares que la ley considera ilegales para alojar menores están atiborrados de ellos. Allí los menores están sujetos a tutela judicial. Eso es porque el juez interviniente consideró que debe retirarlos del entorno para asegurarlos. Tal cosa no es desatinada, pero el lugar donde se los ubica es ilícito. Lo paradójico es que se los saca del entorno porque es deficitario, pero la respuesta institucional también lo es.

Eso parece quedar probado en varios hechos trágicos: el 23 de diciembre pasado, dos chicos que estaban asegurados bajo tutela judicial murieron quemados en una dependencia policial de Santa Fe. En febrero pasado otros dos chicos resguardados fueron violados con tres días de diferencia: uno, de 13 años, en el Irar y otro, de 16, en el CAT. En esos entornos los chicos se consolidan en las conductas agresivas, en la droga y en un medio que casi no prevé alternativas al encierro.

Entretanto esta situación de confinamiento ilegal de menores es cotidiana, dentro de dos meses un hábeas corpus que habilita a sacarlos de las comisarías, y que debe ser de resolución inmediata, cumplirá el record de tres años sin acatarse.

A ese agravamiento de la detención se suma que los menores bajo encierro no tienen una instancia de apelación. Como no están bajo régimen de prisión preventiva, sino tutelados, la detención puede prorrogarse sin que el menor tenga posibilidad de impugnar esa acción. Por ser mayores y no tener condena, María Julia Alsogaray y Omar Chabán tuvieron una instancia legal de defensa que los liberó del encierro durante el proceso judicial. Un menor, si el juez dispone que debe estar privado de libertad, no tiene esa chance en el sistema legal santafesino.

El alza de la criminalidad juvenil no puede ser lo único a resaltar cuando la intervención institucional sobre el fenómeno, en Santa Fe, está en bancarrota. El énfasis se sobrecarga en el delito de los adolescentes en la misma medida en que no se coloca en que la provincia no tiene dónde poner a los chicos detenidos, que estos provienen abrumadoramente del mismo estrato material y simbólicamente quebrantado, que no tienen las garantías elementales de las que sí gozan los mayores detenidos, que en Rosario la mayoría está en lugares prohibidos por el Tribunal Supremo de la Nación, que no se resuelven los hábeas corpus, que casi no hay medios alternativos al encierro, que en cinco meses hubo chicos incinerados y violados en penales de la democracia. Si todo esto está vigente que la tasa de criminalidad juvenil se exaspere no debería causar tanta sorpresa.

En el Irar, ayer había 30 detenidos.