Bolivia: Mesa tiró la pelota del gas al Parlamento

El presidente dejó vencer el plazo para promulgar la ley, paso que anoche completó el titular del Congreso

La Paz. - El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, se abstuvo de pronunciarse sobre la polémica ley petrolera y permitió su promulgación automática, al vencer el plazo de 10 días que le concede la Constitución para vetar o promulgar textos aprobados por el Congreso. La nueva ley aumenta los impuestos a las empresas petroleras y las obliga a encuadrar sus contratos anteriores a las nuevas disposiciones, lo que se conoce como "migración" de los contratos. Mesa se oponía a estos dos puntos conflictivos y por ello dejó que la responsabilidad por la nueva ley recayera totalmente sobre el Congreso.

La inusual promulgación -que fue formalizada anoche con la firma del presidente del Congreso- se da en el contexto de un país convulsionado por una nueva ola de protestas organizada por partidos y sindicatos de izquierda, precisamente contra la nueva ley de hidrocarburos, a la que se oponen por motivos opuestos a los del presidente. Estos sectores exigen la nacionalización total de los hidrocarburos y la posesión estatal sin indemnización de las instalaciones que pertenecen a las empresas petroleras extranjeras.

"La ley queda automáticamente promulgada con la firma del presidente del Congreso (Hormando Vaca Díez)", anunció el ministro de la Presidencia, José Galindo, al dar a conocer la determinación de Mesa. El gobernante cumplió así con el plazo de diez días estipulado por la Constitución para definirse sobre la polémica norma, sancionada por la Cámara de Diputados con profundas reformas respecto del proyecto que envió el presidente al Congreso en marzo.

Galindo argumentó igualmente que Mesa se apegó al artículo 78 de la Carta Magna, el cual prevé que "las leyes no vetadas o no promulgadas por el presidente de la República en el término de diez días, desde su recepción, serán promulgadas por el presidente del Congreso", el que "no tiene alternativa, no tiene que tomar una decisión, es quien ha sancionado esa ley y queda automáticamente promulgada con su firma", aseguró el funcionario presidencial.

La normativa prevé un impuesto de 32% no deducible y mantiene en el 18% a las regalías. Con este esquema impositivo, que al sumar posteriores gravámenes en la cadena comercial supera holgadamente el 50% del ingreso bruto inicial, las petroleras advirtieron que muchos campos no resultarán rentables y deberán cerrarlos.


La cuestionada "migración"
La ley contempla, además, un cuestionado artículo que obliga a la adecuación de los contratos petroleros a la nueva ley energética, la llamada "migración". Las petroleras han advertido que esto es claramente ilegal y que podrían recurrir a tribunales internacionales. Los contratos de las petroleras se hicieron en base a la hasta hoy vigente ley sancionada bajo la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, en los años 90.

De sesgo fuertemente privatista, esa norma ha sido repudiada por todos los sectores sociales bolivianos. Sin embargo, fue en ese período que la exploración privada permitió a Bolivia convertirse en la segunda potencia gasífera del continente. También en los 90 se privatizó la antigua estatal YPFB, que el año pasado volvió a formarse, bajo el impulso nacionalista que siguió a la caída violenta de Sánchez de Lozada durante su segunda presidencia, en octubre de 2003. Desde entonces gobierna Carlos Mesa, vice presidente de Sánchez de Lozada pero independiente de los partidos políticos tradicionales.

El Ejecutivo había solicitado que el pago del impuesto de las petroleras fuera "acreditable", es decir, deducible de cargas posteriores, y que se retirara el término "obligatorio" del artículo que fija la migración de los contratos. Ahora, con la abstención de Mesa, la efectiva promulgación de la ley se concretó anoche, cuando Vaca Díez firmó el documento que le envió el Ejecutivo.