Una vieja costumbre. Son obligatorios y los fondos van a los colegios de la salud y su caja de jubilaciones

Polémica por los estampillados en certificados médico y bucodental

También se pagan en los remedios, aunque está oculto en el precio. "Es injusto", opina Defensa del Consumidor

Adrián Gerber / La Capital

Hay como una tendencia a naturalizar determinadas normas, a pensarlas como incuestionables. La vida cotidiana está llena de estos ejemplos. Así, es raro que aparezcan voces públicas criticando a los colegios profesionales de la salud y su caja previsional por obligar a todos los habitantes de la provincia de Santa Fe a pagar estampillados para realizar distintos trámites, como certificados médico y bucodental. Pero cuando se empieza a profundizar en el tema sorprende descubrir que la primera norma provincial que establece estos timbres cumplió 49 años el pasado 12 de abril, que la misma fue sancionada por un gobierno militar, que Santa Fe es la única provincia del país donde existe este tipo de estampillados -de acuerdo a un relevamiento realizado por La Capital- y que los pacientes lo pagan hasta cuando compran un medicamento, aunque nunca se enteran porque está incluido en el precio final. ¿Qué se hace con el dinero recaudado? Incrementar los ingresos de la Caja del Arte de Curar (que paga jubilaciones y pensiones a los profesionales de la salud) y engrosar los fondos solidarios de los propios colegios profesionales con los cuales dan subsidios a sus matriculados. Fines verdaderamente muy nobles, pero a través de medios al menos discutibles, según sostiene la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, ya que se nutren de los bolsillos de toda la comunidad.

"Acá todas las cajas previsionales de los profesionales (abogados, ingenieros, arquitectos, escribanos) tienen un aporte del comitente, del que encomienda la tarea, y en nuestro caso es el más pequeño, es sólo un peso", se defiende Noé Vié, titular de la Caja del Arte de Curar de Santa Fe, que otorga jubilaciones y pensiones a médicos, odontólogos, psicólogos, veterinarios, fonoaudiólogos, farmacéuticos y bioquímicos.

Pero este argumento se debilita cuando se lo compara con lo que ocurre en el resto de país. "No le puedo contestar con seguridad sobre todas las provincias, pero en muchas se cobra...", afirma Vié.

Sin embargo, en un relevamiento realizado por este diario el resultado fue diferente: en ninguna de las provincias grandes (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos, entre otras) se exige un estampillado al paciente para obtener certificados de profesionales de la salud. Esa fue la respuesta que se dio telefónicamente desde las cajas previsionales de Médicos de Buenos Aires, de Bioquímicos de Buenos Aires, de Médicos y Bioquímicos de Entre Ríos; y de Profesionales de la Salud de Mendoza, Córdoba y Salta. También en el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, el Consejo de Médicos de Córdoba y los círculos Médico de Entre Ríos y Mendoza. Y en el Círculo Odontológico de Mendoza y los colegios de Odontólogos de Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.


Una exigencia "injusta"
"La población necesita de estos certificados para desarrollar cuestiones esenciales, como la educación y las actividades físicas. En todos los ámbitos públicos te exigen certificados médico y bucodental debidamente estampillados. Y cuando uno los va a sacar abona los honorarios profesionales con una orden de obra social o prepaga, o en efectivo cuando es en forma particular. Pero además tiene que llevar las estampillas que te venden en los colegios con lo cual se está pagando dos veces por un mismo servicio, hay una doble imposición. A mí me parece que es totalmente injusto. No debería exigirse el pago de estampillados porque esto no vuelve a la comunidad", enfatiza la titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Analía Carrió.

El argumento de que la gente debe contribuir a la Caja del Arte de Curar a través del estampillado como si fuera el empleador, es polémico. Porque en rigor, si se puede identificar una especie de patronal en esta profesión son las obras sociales, las prepagas y el Estado. Pero como estos no aportan ni un peso a este sistema previsional, todo termina a cargo de los propios profesionales y de la comunidad en general.

"Yo soy odontóloga. Es cierto que es una desigualdad, pero no podría dar una opinión sobre los estampillados... es un ingreso extra para los colegios y la Caja", abrevia la diputada provincial del ARI Alicia Gutiérrez, integrante de la comisión de Salud de la Cámara baja.

Con menos compromisos, su par del PPS Ricardo Reynoso advierte que "no se pueden crear gravámenes que en la cuestión concreta no aportan nada. Como criterio general estoy en contra de que el ciudadano pague y no tenga ningún servicio, y en este caso el estampillado no representa la retribución al profesional por extender el certificado. El estampillado se transforma en un impuesto más que pagamos".

"Nosotros lo que podemos hacer es resistirnos a crear nuevas cosas que surgen permanentemente, porque cada corporación quiere tener lo suyo. Revisar lo viejo no es sencillo justamente por la fuerza que tienen las corporaciones. Hay que tener mucho cuidado porque ha habido una etapa de la historia del país donde esas cosas fueron habituales, y en base a los poderes corporativos se avanzó y se sacaron leyes que hoy no tienen justificación", advierte Reynoso.


La historia
El puntapié inicial del estampillado lo dieron los colegios de médicos de la Primera y Segunda Circunscripción de la provincia cuando en 1956 solicitaron al gobierno militar "se arbitren las medidas pertinentes para que no se dé trámite a los certificados médicos sin el estampillado destinado a fines del gremio".

Ese mismo año, el 12 de abril, el interventor federal de la provincia de Santa Fe designado por el gobierno de la Revolución Libertadora, el vicealmirante Carlos Garzoni, firmó el decreto Nº 4.896 de sólo cinco artículos, donde se estableció que "carecen de valor las certificaciones médicas presentadas sin el sellado establecido por los Colegios Médicos... Las oficinas de la administración pública no darán curso a gestiones en que, debiendo exigirse dicho certificado, el mismo no lleve el estampillado correspondiente". Quedaron exceptuados de esta obligación todos los certificados emitidos por hospitales públicos.

Poco tiempo después, en enero de 1958 y todavía bajo gobierno dictatorial, se crea en la provincia la Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar, y en la ley originaria ya se faculta a la institución a emitir su propia estampilla -actualmente cuesta un peso- que se debe colocar "en cualquier tipo de certificación, constatación o documental que realice o expida todo profesional vinculado con la salud". Así, la obligación comprendió a los certificados médicos, bucodentales y psicológicos, cada orden de análisis bioquímicos, certificados de nacidos vivos y en todos los protocolos o informes. Además, se gravó la venta de medicamentos por obra social o prepaga (actualmente son 18 centavos por cada receta), aunque en este caso el estampillado está oculto en el precio del remedio y se lo descuentan directamente al farmacéutico.

Luego, los distintos colegios consiguieron igualarse al de Médicos estableciendo sus propios estampillados. Y hoy en día todas las certificaciones deben llevar dos timbres: la de la Caja y la del colegio profesional respectivo.

Con el sistema de estampillado, la Caja del Arte de Curar recauda mensualmente algo más de 300 mil pesos. Esto representa unos 105 pesos mensuales de los haberes de cada uno de sus 4.000 beneficiarios (jubilados y pensionados).

En el Colegio de Médicos de Rosario no revelan la cifra de lo recaudado por su propia estampilla, pero el presidente de la entidad, Hugo Oteo, admite que es "un monto interesante".

Con ese dinero se creó un Fondo Solidario (al igual que en los otros colegios de profesionales) que otorga subsidios por enfermedad, nacimiento y discapacidad a los matriculados.

Oteo señala que "el valor del estampillado es un hecho necesario para legalizar este acto de responsabilidad profesional, que es la constancia de certificación del estado de salud del paciente. Además, es un valor que no incide en absoluto, no es un monto importante para el usuario. ¿Cuántos certificados puede necesitar una persona en el transcurso de su vida? Puede ser que hacia afuera aparezca como un hecho no correspondido en cuanto a la necesidad, pero nosotros creemos que sí", razona el profesional.

Desde el Colegio de Odontólogos de Rosario ninguna autoridad acepta hablar del tema, el silencio es total, pese a los numerosos llamados telefónicos de este diario. Y es justamente esta entidad la que tiene la estampilla más cara de todas: tres pesos. En resumen, un certificado bucodental cuesta cuatro pesos, ya que además debe llevar el timbre de un peso de la Caja.

El presidente del Colegio de Psicólogos de Rosario, Juan Marchetti, no tiene problema de contestar a la primera llamada telefónica y señala que "es poco" lo que recauda la entidad por su propio estampillado.

"Comenzamos a cobrarlo hace casi un año porque hasta ahora nos habíamos negado a entrar en este tipo de sellado, hasta nos habíamos opuesto a esta medida de la Caja en cuanto al estampillado porque consideramos que no debíamos trasladar nada al usuario. Pero en nuestro colegio surgió el planteo de que si no poníamos nuestra estampilla en los certificados psicológicos para acompañar al de la Caja, lo hacía el Colegio de Médicos e iba para el fondo solidario de ellos, cuando nosotros tenemos uno propio", explica.

Marchetti agrega: "Consideramos que si esta ley existe en toda la provincia para las profesiones del arte de curar no podemos ser nosotros los únicos que estemos por fuera de esa medida general. Y en todo caso, si se revé que sea para todos, y no sea para un colegio sí y para otro no".