"Nada cambió, sigue la complicidad de policías con el tráfico de drogas"

Hernán Lascano / La Capital

Nuevamente un juicio oral por drogas celebrado en Rosario terminó con un durísimo reproche hacia los jefes del operativo. En la misma audiencia en la que se condenó en fallo dividido a Ariel Luraschi a siete años de prisión, el Tribunal Oral Federal Nº 1 exigió que se investigue a los máximos jefes de la pesquisa, pertenecientes a la policía santafesina y a la Gendarmería Nacional, al estimar que por alguna razón dejaron fuera del caso a otros que debieron sentarse en el banquillo.

La jueza federal Laura Cosidoy desató un escándalo institucional al señalar, en diciembre de 2003, que había policías que eran cómplices del tráfico de drogas. Con la resonancia del juicio que terminó la noche del lunes, más otros producidos en los últimos dos años, la magistrada actualizó su conclusión. "No cambió nada. En Rosario sigue existiendo un alto nivel de tráfico que no condice con la gente que llega a ser juzgada. Ni en cantidad ni en calidad", remarcó.

"En mi opinión personal tiene que haber complicidad policial. Tiene que haber arreglos, tiene que haber protecciones. No hay otra explicación", analizó.

Lo que la jueza quiere decir es que de las intervenciones de la policía provincial no sólo surge un número menor de procedimientos -tanto en cargamentos decomisados como en personas detenidas- en relación a la magnitud de droga que circula. Para ella es claro, por lo que ve en los procesos que preside, que la fuerza nunca llega a los grandes proveedores que controlan la comercialización. Las investigaciones, dice Cosidoy, siguen cortándose en los eslabones más bajos de la cadena.

"Creo importantísimo hacer un procedimiento en un quiosco donde se vende droga en un barrio. Pero si durante un juicio podemos ver en una filmación la cantidad de chicos que van a comprarla, también deberíamos poder ver quién llevó la droga al quiosco o a dónde fueron a buscarla los que la venden. Sin embargo esto último jamás pudimos verlo. Eso no llega al juzgado porque se diluye en la investigación policial", declaró.

En el fallo emitido anteayer, los jueces Santiago Harte, Laura Cosidoy y Otmar Paulucci cuestionaron la actuación de dos altos oficiales de Gendarmería por incumplimiento de sus deberes. Se trata de los comandantes Francisco Ramón González y Oscar Alfredo Ochova. Al último, directamente, lo indicaron como posible participante del delito de tráfico de estupefacientes que motivó el juicio. Requirieron que se informe de ello al Ministerio del Interior de la Nación.

Uno de los cuestionados en la policía provincial es el comisario mayor Alberto José Antegiovanni, ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas de la provincia, al que imputaron por falso testimonio y pidieron sea investigado por encubrimiento. Por esto último también requirieron abrir una causa para el comisario Carlos Rodríguez, ex jefe de Inteligencia en Rosario de la misma repartición.

El comisario Rodríguez había sido objeto de una estridente acusación hace apenas un año. En otro juicio oral y en el mismo estrado, quedó sospechado de robar estupefacientes y dinero al imputado, implantar pruebas en su contra y presionarlo para que se hiciera responsable de la droga secuestrada. Aquel proceso estuvo tan colmado de irregularidades que a los miembros del tribunal no les quedó más que absolver al imputado (ver aparte).

A fines de diciembre de 2003, como consecuencia directa de aquel planteo de Cosidoy, se anunció el relevo de medio centenar de efectivos y el cambio de destino para el 80 por ciento del plantel de Drogas Peligrosas. "Se desplazó el personal pero básicamente siguen trabajando los mismos empleados", subrayó la jueza.

Hace dos años los juicios orales por ilícitos con estupefacientes en la Justicia Federal de Rosario muestran una rutina: la de investigadores que terminan investigados. "Esto es una constante. Y nunca tenemos noticia de que las actuaciones contra los responsables de los operativos cuestionados prosperen", dijo.


Cubrir y omitir
"Esto que pasó ahora es algo gravísimo", amplió Cosidoy. "Hay dos comandantes de Gendarmería y dos importantes oficiales de Drogas Peligrosas sospechados de cometer delitos en la investigación que ellos mismos hicieron. Las audiencias dejaron en claro que hubo más personas que participaron del delito, que fueron encubiertas o que directamente desaparecieron de la investigación", destacó la magistrada a este diario.

Cosidoy presidió el lunes el tribunal que condenó a Ariel Luraschi a 7 años de prisión. A la sentencia adhirió también su colega Harte pero no Paulucci, el tercer miembro de la sala, que absolvió al acusado por el beneficio de la duda, merced a las anomalías del procedimiento inicial.

En este caso se investigaba una operación de tráfico de cocaína en la que intervino Gendarmería y Drogas Peligrosas. El caso se originó en Salta y la carga, una encomienda, llegó al Correo Central de Rosario. Los tres jueces coincidieron en que a juicio llegó menos gente de la que debía ser investigada por figurar en las escuchas telefónicas ordenadas. Y que para eso ocurriera la policía, por alguna razón, omitió mencionarlas o deliberadamente las apartó cuando lo estaban. También surgiría de las escuchas que, al intervenir un juez salteño en el caso, alguien avisó a los traficantes que abandonaran la operación.

En el caso de Antegiovanni, las imputaciones afloran porque para el tribunal no dijo la verdad en relación a su vínculo con una persona que aparece claramente en las escuchas telefónicas y no fue imputada. A Rodríguez le reprochan falso testimonio. A ambos los sospechan de haber estado en una reunión con personal de Gendarmería.

No se salvaron de reproche un par de funcionarios del Poder Judicial. Dos de los tres jueces cuestionaron por incumplimiento al ex juez federal Omar Digerónimo, por no acatar medidas que un tribunal superior impuso al confirmar el procesamiento de las personas que llegaron a juicio. Y los tres resaltaron por deficiente la actuación del fiscal de primera instancia. Lo responsabilizaron por la ausencia de medidas de investigación sobre las personas mencionadas en escuchas telefónicas que estaban, a criterio del tribunal, claramente involucradas en actividades de narcotráfico.

Lo que disparó la pretensión de que se investigue a Ochova, uno de los comandantes de Gendarmería, por su conexión con el grupo que traficaba drogas tiene que ver con lo que surge de las interceptaciones telefónicas.

La jueza Cosidoy reitera que la policía nunca llega a los grandes proveedores.