Narcovalijas. Bernardo Vidal Durand fue designado para reemplazar a Liporace, separado por "falta de imparcialidad"

El caso SW será investigado por el juez de la Operación Langostino

Un especialista abordará las diligencias por el contrabando de cocaína a España en aviones de Southern Winds

El juez en lo Penal Económico Bernardo Vidal Durand quedó ayer a cargo de la causa por el contrabando de casi 60 kilos de cocaína a España en valijas que arribaron al aeropuerto madrileño de Barajas en un vuelo de la empresa Southern Winds (SW), informaron fuentes judiciales.

El magistrado quedó a cargo del expediente ayer a la mañana luego del sorteo practicado en la mesa de entradas de la Cámara en lo Penal Económico, a raíz de que anteayer la Sala B de ese tribunal apartó de la causa de las narcovalijas al juez Carlos Alberto Liporace por "falta de imparcialidad".

Cerca de las 11, tras el sorteo, Vidal Durand recibió las miles de fojas con las que cuenta la causa, por la que hay seis detenidos, y que comenzó a instruirse el 17 de setiembre de 2004 cuando se secuestraran en el aeropuerto de Barajas cuatro valijas con 58,900 kilos de cocaína.

El nuevo juez de la causa deberá dedicarse ahora a resolver las medidas dictadas por Liporace tras la recusación planteada por la fiscal María Gabriela Ruiz Morales, que derivó en el cambio de juzgado del expediente.

Fuentes judiciales explicaron que, entre ellas, Vidal Durand puede considerar la anulación de las falta de mérito del presidente de SW, Juan Maggio; del vicepresidente, Enrique Montero, y del gerente general Christian Maggio, dictadas por Liporace cuando ya había sido recusado por la fiscal Ruiz Morales.

Otra medida que el juez Liporace tomó tras ser recusado fue el procesamiento del jefe de base de la empresa SW, Claudio Tamburrini, quien estaba excarcelado por falta de mérito y volvió a ser detenido.


El caso de la fiscal Ruiz Morales
En tanto, Vidal Durand deberá tratar en lo inmediato un pedido de recusación planteado contra la fiscal Ruiz Morales por la defensa de dos imputados, Flavio Cañoto y Marcelo Vernino, por supuesta coacción contra un testigo de la causa.

Por disposición de la Sala B de la Cámara, el juez Vidal Durand ahora tiene derecho a compensar la recepción de la causa por el contrabando de cocaína a España remitiéndole a Liporace uno o más expedientes que sean equivalentes desde el punto de vista de volumen y complejidad.

Liporace, quien se enteró del nombre de su reemplazante cuando estaba en una audiencia de visu (entrevista con un imputado), fue apartado anteayer de la causa por decisión de la Sala B que, por mayoría de votos, concluyó en que su desempeño evidenciaba "falta de imparcialidad con interés en el resultado de la causa".

La resolución fue firmada por los camaristas Marcos Gravibker y Roberto Hornos, en tanto que Carlos Pizzatelli votó en disidencia.

No obstante, la mayoría de los camaristas objetó que Liporace no efectuó allanamientos, dispuso la formación de actuaciones separadas de la causa principal (lo que dificulta el control de los imputados y querella), demoró en enviar un exhorto a España, suspendió el trámite del sumario cuando fue recusado y omitió un peritaje técnico al escaner por el que pasan los bultos en Ezeiza.

El juez apartado dijo ayer que está "tranquilo" por su desempeño, aseguró que puede mirar a los ojos a su hija y añadió que espera que el juez que lo reemplace "siga con la investigación y llegue a la verdad".


Una causa con seis detenidos
En esta causa, además de Tamburrini, el juez Vidal Durand tiene otros cinco detenidos: Claudio Baudino, jefe de pista de SW en Ezeiza; Fernando Arriete, gerente de ventas internacional de la compañía; y Walter Beltrame, encargado de pasajeros frecuentes de la empresa e hijo del entonces jefe de seguridad del Aeropuerto de Ezeiza, el comodoro Alberto Beltrame.

En tanto en España continúan en prisión, con pedido de extradición y también como los demás presos por el delito de "contrabando agravado de estupefacientes", los argentino-españoles Elena Batán y Ramón Villar, a quienes les atribuyen haber encargado el envío de las valijas.

Además, los empleados de la empresa de seguridad Top Air Security (TAS) Emanuel De Negri y Martín Orellana, deben seguir siendo investigados como sospechosos de no haber controlado las valijas con el sistema de rayos X que funciona en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El caso generó un gran escándalo político, al punto que el ministro de Defensa José Pampuro ordenó el relevo del jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Rohde, y el ex jefe del aeropuerto de Ezeiza, comodoro Alberto Beltrame.

También se sancionó con 25 días de arresto al ex titular del Comando de Regiones Aéreas, brigadier Alberto Borsato, y con cinco al ex titular de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), brigadier Horacio Giagischia.

Además, fue desplazado el director de la Aduana del Aeropuerto de Ezeiza, Javier Zabal Jáuregui, y en el cargo fue designado Héctor Omar Albornoz.

Otra de las medidas tomadas fue la disolución de la PAN y en su lugar se constituyó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). (Télam y DyN)

Las actuaciones ocupan ya miles de fojas.