El gobierno intenta estirar hasta fin de año la transición con Aguas

La compañía seguirá prestando el servicio y cobrando por éste. Se mantendrá el mismo plantel de trabajadores

El gobierno santafesino busca estirar hasta fin de año el plazo de la transición para concretar el retiro definitivo de Aguas Provinciales como prestadora del servicio de agua potable, después de que la empresa anunció que finalizará la relación contractual en el corto plazo.

Si bien la empresa aún no puntualizó a qué se refiere con "una salida ordenada", desde el gobierno intentan que sea lo más extensa posible para buscar una alternativa de administración sin afectar la prestación de los servicios a los usuarios.

Para esto, ambas partes se reunirán en las próximas horas con el objetivo de "estudiar las alternativas para la transición", dijo ayer el ministro de Obras Públicas, Alberto Hammerly, quien se reunió con el gobernador Jorge Obeid en un encuentro del que también participaron sus pares de Asuntos Hídricos, Alberto Joaquín, y de Hacienda, Walter Agosto.

"Esperamos que la transición sea en un tiempo de aquí en más lo suficientemente sólido y responsable como para poder garantizar la continuidad del servicio a través de la misma empresa", dijo Hammerly.

Los tiempos que maneja el gobierno se extienden hasta fin de este año. Así lo confirmó ayer Joaquín, quien puntualizó: "Hay que ver qué entienden ellos por salida ordenada, porque si dicen que el 31 de mayo se van y abandonan el servicio, eso no es ordenado".

Por lo tanto, "nosotros vamos a plantear más tiempo para el período de transición, por lo menos hasta fin de año, y que aseguren la permanencia de los cuadros gerenciales, aunque se siga administrando por un tercero, para permitir la transición", agregó Joaquín.

De todos modos, el ministro puntualizó que en el período de transición hasta que la empresa se retire definitivamente, "tiene que garantizar la calidad del servicio de agua y la gente deberá seguir pagando normalmente porque se le está prestando ese servicio".


Una figura mixta
Aun así, la otra cuestión clave a definir es quién administrará la transición, y sobre este tema el gobierno presume que será a través de un gerenciamiento mixto.

Al respecto, Hammerly no descartó "explotar la alternativa de una administración mixta" entre empresa y gobierno, aunque reconoció que "depende de que la Legislatura lo habilite".

Para Hammerly, "en una primera instancia lo que se busca es hacer una transferencia ordenada, con un gerenciamiento por parte del gobierno junto con la empresa. Explorar una instancia mixta sería lo más aconsejable en esta etapa".

En rigor, desde el gobierno se pretende que la empresa siga funcionando como tal, con los mismos empleados y los mismos prestadores, ya que la compañía seguirá operando como Aguas Provinciales, independientemente de quién se hará cargo de ella pasado el período de transición.

Para el futuro mediato, es decir finalizada la transición, el gobierno sigue barajando distintas alternativas como la provincialización, una nueva concesión o una municipalización, aunque eso formará parte de un segundo capítulo.

Frente a esto, el intendente de Rosario insistió con la propuesta de municipalizar el servicio o crear una empresa metropolitana, aunque advirtió que en el cortísimo plazo será crucial la ejecución de una serie de obras en Rosario, que calculó costarán entre 30 y 40 millones de pesos, antes de diciembre para garantizar la provisión de agua el próximo verano (ver aparte). Aunque desde el gobierno provincial consideran que la advertencia de Lifschitz roza el tremendismo, reconocen que tiene bases ciertas y las obras en la ciudad deberían comenzar a realizarse en lo inmediato.


Acta de convivencia pacífica
Más allá de las definiciones de largo plazo, el tema prioritario para el gobierno santafesino por estas horas es aclarar tres aspectos centrales de la transición: plazos, responsabilidades y traspaso, de cuya definición surgirán los roles que tendrán empresa y Estado en el corto plazo y que aún no están resueltos. Por eso es que desde ayer funcionarios y directivos de la compañía mantuvieron contactos permanentes, aunque informales, para acercar posiciones y definir un encuentro que tendrá lugar en las próximas horas.

De todos modos, como provincia y Aguas seguirán manteniendo sus reclamos, para lograr una convivencia pacífica "habrá que hacer un acta en la cual cada una de las partes siga de alguna manera reclamando lo que cree que contractualmente no se cumplió", dijo Hammerly.

A priori, el gobierno insistirá con que esta fue una salida unilateral y reclamará por las obras que la empresa se comprometió a realizar y no ejecutó. Por lo pronto, la provincia ya le había exigido en marzo pasado que Aguas deposite en una cuenta especial los 28 millones de pesos recaudados a través del aumento del 13,8%, que inicialmente debían ser destinados a infraestructura y que la compañía no realizó.

Por su parte, "Aguas dirá que invirtió cerca de 300 millones de dólares en los casi diez años de concesión y al retirarse veinte años antes no tiene la oportunidad de amortizar este monto", explicó una fuente vinculada a la negociación.

Por su parte, desde el gobierno también tomarán el recaudo de hacer reserva de derechos respecto de la deuda que carga la compañía ante los organismos internacionales de crédito -alrededor de 40 millones de dólares- y que fueron tomadas bajo el nombre de Aguas Provinciales y no como grupo Suez.

En las esferas oficiales estiman que si bien quien se quede con la empresa deberá hacerse cargo de esa deuda, existe jurisprudencia nacional al respecto a través del cual los grupos económicos propietarios deben asumir la responsabilidad.

Más allá de las diferencias que quedarían plasmadas en esa acta, los puntos que el gobierno pretende aclarar en las próximas horas pasan por:

u Plazos de transición: cree que no será inferior a 90 días hábiles, ya que así lo establece el contrato en caso de retiro de la concesionaria por decisión propia.

u Administración: podría ser mixta. No hay designaciones, pero la persona a cargo cumpliría la función de nexo entre empresa y Estado.

u Tarifas: nadie puede garantizar si habrá incremento o no. Dependerá del nuevo escenario a fijar para la transición.

u Prestación del servicio y facturación: lo seguiría realizando la misma empresa bajo la misma denominación. Deberá garantizar la prestación y calidad del mismo. Los usuarios deberán seguir pagándole a la compañía por el servicio. En estos días los usuarios morosos recibieron desde la empresa una propuesta de plan de pagos.

u Obras: las prioritarias son las de Rosario y Rafaela. En la ciudad podría colapsar el servicio en el verano.

u Juicios: Aguas sostiene su demanda ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) por 310 millones de dólares ante la Nación, con lo cual existe presión del gobierno nacional a la provincia para que la coexistencia sea lo más pacífica posible, de manera que no se agraven los enfrentamientos, teniendo en cuenta que Aguas Argentinas está renegociando con la administración Kirchner su contrato.

Obeid y sus ministros durante la reunión de ayer.