Una masacre anunciada. Nuevo hábeas corpus en defensa de los reclusos de la Cárcel de Coronda

Fernando Rosúa: "Es imposible trasladar a todos los presos"

Lo dijo el director del Servicio Penitenciario tras recibir a madres de los presos rosarinos

"Se está trabajando en los traslados y en las próximas horas se avanzará al respecto. Lo que sí queda claro es que resulta imposible pensar en trasladar a los 840 rosarinos que hay detenidos en Coronda". Esa fue la síntesis ofrecida por el director del Servicio Penitenciario (SP) provincial, Fernando Rosúa, tras reunirse ayer por la tarde con un grupo de madres de reclusos de la cárcel de Coronda, concretando así el primer encuentro oficial con familiares de los sobrevivientes a la masacre del pasado lunes 11. Previamente, a la mañana, esos mismos familiares habían presentado más de un centenar de hábeas corpus en Tribunales para exigir que se tomen las medidas necesarias para preservar la integridad física de los internos.

Fue el abogado Guillermo Marconi, de la Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Rosario, quien presentó una lista con los nombres de 103 reclusos para los que se reclamó el hábeas corpus. Junto al profesional estaban quienes se dieron en llamar "Madres que luchan por la vida de sus hijos", un nutrido grupo de hombres y mujeres con familiares presos en Coronda.

"El hábeas corpus es una medida que se solicita a la Justicia con carácter de urgente para que se preserve, entre otras cuestiones, la integridad física de detenidos", explicó Marconi, quien aclaró que a la lista con 103 nombres había que agregar una docena más que presentaron los recursos mediante abogados particulares.

De acuerdo a los fundamentos explicados por Marconi, el recurso se presentó "ante posibles hechos de violencia y la incertidumbre y el miedo" que se vive por estos días en la mayor cárcel de la provincia. En el escrito, los familiares solicitaron que la Justicia informe, además, "si están dadas las condiciones para garantizar la integridad psicofísica y la vida de los internos allí alojados". Y también, "si se realizarán o se realizaron traslados hacia otros centros de detención".

El recurso, según fuentes tribunalicias, fue girado ayer mismo hacia el juez de Ejecución penal de Coronda, Julio César Harri. Al respecto, sobre las escalinatas de Balcarce al 1600, los familiares dijeron irse "con las manos vacías". "El juez (de Instrucción Osvaldo Barbero) se declaró incompetente y dijo que iba a girar todo a Coronda", manifestó Nelly, una de las voceras del grupo. "Queremos que los internos de Rosario sean trasladados a penales del sur de la provincia porque allá corren peligro sus vidas", agregó.

Los familiares también le reclamaron al Gobierno la "intervención" del penal corondino y que sean desplazados los carceleros que estuvieron de guardia en la trágica tarde del 11 de abril, cuando 14 presos de los pabellones 1 y 11 fueron asesinados a sangre fría por una horda de reclusos. "Queremos que el gobierno nacional también intervenga en este asunto", añadieron.


Contacto oficial
Por la tarde, los reclamos se trasladaron a la sede de la gobernación. Allí, una de las madres leyó ante sus pares uno de los petitorios que minutos más tarde le entregarían a Fernando Rosúa. La lista de 46 de presos que, según ellas, "están marcados", se compone por 6 detenidos del pabellón 1; uno del 3; dos del 4; tres del 5 Norte (evangélico); tres del 8 (evangélico); dos del 9; quince del 11 y cuatro del 12.

Tras la reunión, que se prolongó dos horas, Rosúa dio la cara ante un arsenal de micrófonos. El director del SP dejó claro que no piensa renunciar y que nadie del gobierno provincial le pidió su dimisión. Además comentó que "se están estudiando más cambios" en la repartición a su cargo, después del desplazamiento del jefe de la cárcel, el alcaide Oscar Mansilla.

Acerca del diálogo con las madres, Rosúa comentó que, entre las alternativas, se les ofreció "hacer contactos con el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, para trasladar presos a cárceles federales (ver aparte), pero las mujeres desistieron de la propuesta", explicó Rosúa. Es que la cárceles federales más cercanas están en Ezeiza y Resistencia.

El funcionario explicó también que "se está tratando de pacificar el penal" e insistió en que "hay mucho miedo entre los guardias y los presos. Fue una situación muy dura y el personal está muy mal".

Sobre las distintas denuncias sobre irregularidades cometidas en la prisión, Rosúa dijo que "entre todos tenemos que buscar ámbitos de confianza para que la gente denuncie ante la Justicia. Durante mi gestión nadie hizo una denuncia concreta sobre tráfico de drogas en las cárceles. Tenemos que lograr que los detenidos cuenten ante la Justicia todo lo que saben", dijo Rosúa.

Hoy los familiares se presentarán por tercer día consecutivo en Tribunales para rubricar "con nombre y apellido" los pedidos de traslado de los presos, "para que se efectivicen en el correr de la semana", como explicó a sus pares una de las madres mientras Rosúa daba una conferencia de prensa. Asimismo, mañana viajará una comisión de cuatro madres a la cárcel para dialogar con los delegados de los pabellones y monitorear así cómo están los detenidos.

Las madres solicitaron el inmediato traslado de 46 presos.