La empresa acusa al gobierno de "no hacerse eco de sus propuestas"

Aguas: analizan la provincialización

Hammerly dijo que se agotarán todas las instancias para garantizar el servicio, "con o sin la empresa"

"Vamos a agotar todas las instancias para garantizar la continuidad del servicio, con o sin la empresa", dijo el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Alberto Hammerly, ante el punto terminal al que parecen haber arribado las negociaciones con Aguas Provinciales de Santa Fe y la posibilidad de que la compañía se retire de la provincia.

Desde el gobierno se muestran convencidos de que echaron mano de todas las opciones para darle continuidad a la concesión, pero las trabas en las negociaciones con la empresa hacen pensar en un escenario sin la compañía.

El ministro, quien ayer por tarde en declaraciones radiales había expresado su impresión personal de que Aguas se terminaría yendo de la provincia, confió a La Capital que "la provincia exploró todas las instancias posibles y demostró la mejor buena voluntad para negociar".

"No se nos puede recriminar que no hemos planteado todas las instancias posibles para preservar la concesión", dijo Hammerly en referencia a las propuestas que elevó a la empresa, como la conformación de un fondo fiduciario para la ejecución de las obras pendientes. También habló de la propuesta provincial de conformar una comisión técnica para hacer un análisis integral de la concesión desde el punto cero, con representantes de la empresa y del gobierno.

El cruce de declaraciones entre la empresa y el gobierno, que a este punto parecen interminables, no hacen más que corroborar el desgaste de la relación entre ambas partes.

Ayer Aguas Provinciales difundió un comunicado en el que expresa que la "empresa efectuó infinidad de propuestas en los últimos cuatro años para readecuar el contrato, demostrando voluntad de seguir a cargo de la concesión, pero las mismas no tuvieron eco en el gobierno".

Con esta razón justifican la intimación que realizaron al gobierno para que en 30 días -que vencen el 2 de mayo- ponga una solución al tema. "Nos vimos obligados a poner fecha tope para alcanzar una solución, dado que nos encontramos en una situación límite", dice el comunicado de Aguas y tiran la pelota hacia el otro lado de la cancha. "Las decisiones están en manos del concedente (la provincia), a fin de restablecer el equilibrio de la ecuación económico-financiera tal cual lo determina el propio contrato", dicen.

Esa presentación marcó el inicio de lo que se interpreta como la inminente retirada de Aguas. En este punto Hammerly fue taxativo: "Ellos plantean discusión de la ecuación económico-financiera sólo a los efectos de aumentar la tarifa", dijo y agregó: "Nosotros podemos hacer un análisis pero integral, no parcial".

Más allá de las tratativas que durante todo este tiempo llevó adelante Hammerly como cara visible de la provincia, el mandato político de la administración de Néstor Kirchner de no negociar aumentos hasta tanto lo haga la Nación con la empresa privatizada a nivel nacional, no es un dato menor. El gobierno nacional decidió apelar a la ley de emergencia económica que está vigente en el país para frenar cualquier incremento tarifario y es una herramienta de la que puede echar mano la provincia para plantarse en su posición.

Aún así, cuando Hammerly considera en forma personal que Aguas se va, su afirmación se funda en "la poca voluntad que manifestaron para contribuir y colaborar en cualquier tipo de renegociación".

Con lo cual, a juicio del ministro este tema debe resolverse a nivel legislativo. "Después de la devaluación y de la situación que la empresa plantea, si hay vocación jurídica, técnica y hasta política de renegociar el contrato, es un tema que indefectiblemente tiene que pasar por la Legislatura", dijo Hammerly, en referencia a la posible modificación de la ley 11.665 del año 1999 que establece que "se debe respetar la ecuación económica financiera original del contrato".


El día después
Frente al punto de no retorno al que parece haber llegado el diálogo, percepción que se abonó con las recientes versiones sobre que el Grupo Suez quería reducir su exposición en el interior del país, el gobierno se prepara para el día después.

Las organizaciones de usuarios que integran el consejo consultivo del Enrres reclamaron el jueves que sea el Ejecutivo quien rescinda el contrato con la compañía. Pero Hammerly no está seguro de que la provincia tenga elementos que sirvan como causales de rescisión del contrato.

"Si uno se pone en estricto hay que decir que el contrato está vigente y cuando éste se firma es para cumplirlo", dijo en referencia al incumplimiento de la empresa, y se refirió en este sentido a que, entre otras cosas, "la compañía se comprometió a renunciar en sus reclamos ante los fueros internacionales y la realidad es que incumplieron". Esto es por las demandas que aún mantiene Aguas ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi).

El gerente de Relaciones Institucionales de Aguas, Alfredo Parcel, aseguró ayer en declaraciones radiales que la empresa "cumplió con el contrato y los propios funcionarios aseguraron que no hubo incumplimiento", al mismo tiempo aseguró que la compañía no pidió la rescisión del contrato.

Para Hammerly la cosa es diametralmente opuesta. "Por un lado piden la rescisión y por otro hacen el reclamo", dijo el ministro quien aclaró que este pedido está expresado en la nota que la empresa envió al gobernador Jorge Obeid.

"El gobierno ya demostró su buena voluntad".