Derecho a la intimidad. Frenan la aplicación de ley ampliamente criticada por "apuntar a la privacidad"

El gobierno anuló el decreto que disponía el control de mails

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, señaló que se buscaba vigilar el tráfico y no los contenidos

El gobierno anuló ayer una norma sobre el control de las telecomunicaciones, después de las advertencias lanzadas desde sectores políticos y sociales acerca del peligro que esa resolución representaba para la privacidad de las personas.

El decreto reglamentario de la ley será derogado por orden directa del presidente Néstor Kirchner, quien fundó su decisión en "la sola posibilidad de que alguien pueda ver vulnerado su derecho de intimidad", explicó el jefe del Gabinete, Alberto Fernández.

La anulación puede poner fin a la polémica desatada por la entrada en vigencia (en julio de este año) de una ley que forzaba a los proveedores de Internet a almacenar información de sus usuarios durante diez años, con la posibilidad de que esos datos sean revisados por el Estado en caso de mediar una orden judicial.

Alberto Fernández dijo que en la reglamentación de la ley quedaba en claro que el objetivo era el de "controlar el tráfico y no los contenidos" de las telecomunicaciones, aunque admitió que pudo haber habido cierta confusión en la difusión del tema.

"La sola posibilidad de que alguien pueda ver vulnerado su derecho de intimidad fue lo que nos hizo retroceder para hacer una norma más perfecta, porque no es este el espíritu que moviliza a este gobierno", subrayó el funcionario en rueda de prensa en la Casa Rosada.

Fernández admitió que el tipo de reglamentación que propuso el gobierno "dio lugar para que algunos sientan que puede sufrir algún grado de vulnerabilidad los derechos individuales. Obviamente, este no es el objetivo de este gobierno".

"En función de eso y para evitar cualquier tipo de suspicacia o de interpretación, el señor presidente me ha encomendado que prepare el decreto que derogue el decreto reglamentario de la ley", recalcó.

La declaración de Fernández confirmó la información llegada a Buenos Aires desde Alemania, donde un portavoz de la comitiva argentina que visita ese país anticipó la decisión del presidente Kirchner de derogar el decreto de reglamentación.


Conformidad con la anulación
Las críticas al gobierno dieron entonces paso a manifestaciones de conformidad por la anulación. El titular de la Cámara Argentina de Bases de Datos, Patricio Seoanne, calificó de "altamente positivo" que se suspenda el decreto, porque la implementación de "una línea punto a punto entre proveedores de Internet y organismos del Estado, tiene un costo económico que dejaba afuera las pequeñas empresas". Señaló que la ley implicaba "una inversión y soporte mensual que rondaría el 10 por ciento de la facturación, que para las empresas medianas y pequeñas es muchísimo".

Por el contrario, el diputado socialista Jorge Rivas dijo que Kirchner anuló la norma para evitar un mayor costo político. El legislador dijo que "resulta muy preocupante no sólo la desprolijidad sino la irresponsabilidad con la que el presidente firmó el decreto reglamentario de la ley y después adopta esta actitud (la de derogarlo) luego de nuestra denuncia".

En los tribunales, el abogado Ricardo Monner Sans hizo un planteo para que se suspendan los efectos de la ley y el decreto de reglamentación. Por esa misma norma, otro abogado, Eduardo Barcesat, denunció anteayer ante el juez federal Daniel Rafecas al presidente Néstor Kirchner, al jefe de gabinete Alberto Fernández y a los ministros del Interior, Aníbal Fernández, y de Planificación, Julio De Vido, por "presunta de violación de secretos y abuso de autoridad". (Télam y DyN)

Fernández admitió "una confusión" en el alcance de la normativa.