Bancalari, Beliz y Blumberg

La ley fue sancionada en diciembre de 2003 y había sido presentada con un título que se refería sólo a las comunicaciones móviles, como una ayuda para investigar secuestros extorsivos en los que se usan teléfonos celulares. La norma fue redactada por el legislador justicialista José María Díaz Bancalari. Pero después se extendió a todo tipo de comunicaciones, tras la intervención del ex ministro Gustavo Beliz y el ex secretario de Seguridad Norberto Quantín. La iniciativa era parte de un paquete junto con la ley de telefonía celular (25891) y ambas fueron dictadas en pleno furor de las marchas de Juan Carlos Blumberg, y sancionadas por un Congreso necesitado de oxígeno ante las críticas por la inseguridad reinante en ese momento. El presidente del bloque del ARI, Eduardo Macaluse, precisó que cuando se votó la iniciativa, "no nos pareció mal" porque apuntaba, básicamente, a combatir el uso de teléfonos celulares robados utilizados en secuestros extorsivos y controlar las llamadas que se hicieran en el marco del ilícito. La diputada radical Gracia Jaroslavsky, una de las pocas que votó en disidencia con la ley, ratificó con respecto al contenido de la norma que "no todo el mundo puede ser sospechoso". Por su parte, el matemático Enrique Chaparro, especialista en seguridad informática y criptología, afirmó que "guardar por las dudas es un principio fascista, es la República de Blumberg, es el Gran Hermano: te controlo para que no lo hagas".