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 domingo, 20 de marzo de 2005  
Sin tregua. Dos laboralistas analizan la conciliación dictada por la provincia
Simón Arelovich: "Amsafé tiene argumentos"

"Las negociaciones entre el gobierno y el gremio docente que se desarrollen en el marco de la conciliación estarían totalmente teñidas de parcialidad", advirtió Simón Arelovich, especialista en derecho de trabajo y profesor de derecho laboral de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El profesional sostuvo que la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) tendría "sólidos argumentos", debido a que la Constitución Nacional garantiza el derecho de huelga (ley 25.877) para rechazar la medida dispuesta anteayer por la Secretaría de Trabajo de la provincia.

"La secretaría tiene facultades para aplicar la conciliación -que por otra parte no puede ser obligatoria-, pero los empleados del gobierno nacional, provincial y municipal están excluidos de la ley de Contrato de Trabajo", explicó.

Luego recordó que la ley 10.468, que crea la Secretaría de Trabajo, hace referencia a la actuación en los conflictos colectivos, "cuyo conocimiento sea de la competencia" de esa dependencia. "Alguien es competente cuando lo dice una ley o lo declara la Justicia . ¿Quién declaró la competencia de la secretaría?", se preguntó.

Además, juzgó como una "incoherencia" que una secretaría de Estado dirima un diferendo entre un gremio y un ministerio, de mayor rango, "con el agravante de que el gobierno estaría actuando como juez y parte, ya que tanto el Ministerio de Educación como la Secretaría de Trabajo son componentes del mismo estamento gubernamental". Por esto, es "injusto" proponer la conciliación obligatoria como un espacio para solucionar el conflicto docente ya que "todas las negociaciones estarían teñidas de imparcialidad".

En este sentido, Arelovich advirtió que "el gremio tiene sólidos argumentos para rechazar la conciliación" y se mostró "absolutamente convencido" de que la única posibilidad de resolver el conflicto es el diálogo entre las partes. "El problema no es jurídico ni administrativo, sino político", dijo, para recalcar: "Aparentemente no hay voluntad del gobierno para buscar una solución". Finalmente ejemplificó diciendo que es necesario "el franqueamiento gubernamental porque no puede ser el mismo Estado el que lance una campaña contra la evasión y tenga a los docentes en situación de precariedad, desoyendo los propios acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto del trabajo decente".
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