Sin tregua. Dos laboralistas analizan la conciliación dictada por la provincia

Jorge Elías: "El Estado no puede ser indiferente"

Para Jorge Elías, especialista en derecho de trabajo y asesor de varios gremios, entre ellos el de los empleados municipales, "la conciliación obligatoria es un recurso que tiene el Estado para intervenir en un conflicto".

Por lo tanto, el abogado no se mostró sorprendido por la determinación adoptada por el gobierno provincial al punto de considerar que "corresponde que esta medida se aplique" en el caso de los docentes.

"Es cierto que no es el mecanismo más perfecto para resolver el problema, ya que la provincia aparece como mediadora y como involucrada, pero frente a la magnitud que ha tomado el conflicto, que ya va a entrar en su cuarta semana, el Estado no puede permanecer indiferente", advirtió.

El profesional refutó también la idea de que, en medio de la conciliación obligatoria, el gobierno provincial aparecería como juez y parte. "En una conciliación no hay jueces, en cualquier conflicto la autoridad (en este caso la Secretaría de Trabajo provincial) trae a las partes a la mesa de negociaciones, sin juzgar o decidir cuál de las dos es la que tiene razón".

Al mismo tiempo, Elías opinó que si bien el mecanismo goza de una mala fama "ya que siempre se usó para perjudicar a los trabajadores", también en muchos conflictos ha permitido que los gremios alcancen una solución, "principalmente en aquellos casos donde nadie quiere dar el brazo a torcer ni quiere ser el primero en aflojar".

Y, en este sentido, recordó que la medida también es un derecho de los gremios y que en algunas oportunidades son los mismos trabajadores quienes la solicitan "como un medio para llegar a un acuerdo y abrir una mesa de diálogo".

Igualmente el abogado advirtió que "el Estado tiene que ser muy cuidadoso, cuando aplica la conciliación, de no obrar de manera parcial, pero tiene el deber de recurrir a estos mecanismos sin prohibir el derecho de huelga".

"Ni los gremios ni el Estado se pueden privar de esa herramienta y, máxime, si de lo que estamos hablando involucra un servicio público tan importante como la educación y de un conflicto que ha alcanzado una magnitud importante", consideró el abogado.