Editorial

La deuda de la Amia

En la Argentina, como en el reino del revés que cantó María Elena Walsh, muchas veces las cosas han ocurrido de modo inverso al esperado. Así, el mismo Estado cuya función primaria es garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, se convirtió en el principal culpable del clima de terror que vivió el país en los últimos años de la década del setenta del siglo pasado, violando las leyes de todas las maneras imaginables. Y cuando el 18 de julio de 1994 manos tan siniestras como aún anónimas perpetraron el más sangriento atentado de la historia nacional, lo que debió haber sido una investigación posterior ejecutiva, exhaustiva y rigurosa se convirtió en una auténtica parodia, con el obvio resultado de un fracaso absoluto.

La vergüenza que provoca la falta de respuestas en torno de la voladura del edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) -que provocó ochenta y cinco muertes- fue admitida anteayer por el propio presidente de la República. El Estado "no supo o no quiso resolver" el caso, o bien "lo encubrió", aseveró el primer mandatario, en un reconocimiento doloroso. Ante semejante incontestable realidad, existe la "obligación de esclarecer estos hechos aberrantes y vergonzantes que nos ha tocado vivir".

Las palabras pronunciadas por Néstor Kirchner durante el acto de entrega a la Justicia de los archivos sobre la Amia que se hallaban almacenados en la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) constituyen un paso adelante, más allá de la penosa situación que blanquean. La asunción de la culpa es una instancia inevitable si lo que se pretende es eliminar la causa que la origina.

La meta es terminar con la impunidad escandalosa que constituye la tónica dominante: "Sabemos que se trabajó para que las pruebas desaparezcan, pero creo que vamos a poder volver a demostrar que la justicia es posible", dijo Kirchner tras brindar un explícito respaldo político al fiscal del caso, Alberto Nisman, sobre quien recaerá la pesada responsabilidad de rectificar el rumbo.

La resolución del dramático caso Amia es una fuerte deuda que tiene el Estado con la sociedad argentina. Saldarla representaría sin dudas una bisagra en la historia reciente del país. Ojalá que el camino que se comenzó a recorrer anteayer se complete pronto con éxito.