Confirman el procesamiento de un empleado de SW y podrían indagar a los directivos

Ordenan medidas urgentes al juez para investigar el contrabando de cocaína

La Cámara cuestionó la actuación de Carlos Liporace y dijo que debe identificar al resto de los involucrados

El juez Carlos Liporace fue ayer duramente cuestionado por la Cámara en lo Penal Económico, que le exigió la instrumentación de treinta medidas de urgencia para apuntar hacia "arriba" en las responsabilidades por el contrabando de cocaína a España en un vuelo de Southern Winds, con lo que sugirió el posible llamado a indagatoria de los directivos de la compañía, Juan y Cristian Maggio.

Las diligencias que le reclamó la Cámara al juez Liporace -que revelan una dura crítica a la pesquisa y podrían derivar en una intervención del Consejo de la Magistratura- no se dieron a conocer oficialmente a las partes por el secreto de sumario que rige en la investigación.

Según fuentes judiciales, los camaristas Marcos Grabivker y Roberto Hornos criticaron a Liporace por haber activado la causa cuando el expediente tomó estado público. Además le advirtieron que ahora seguirán de cerca sus movimientos en la causa y se quejaron porque hasta ahora la pesquisa "parece limitada al personal de atención al pasajero del mostrador".

Hasta hoy sólo hay tres detenidos, que eran empleados de SW: Claudio Baudino, quien seguirá detenido por ser el presunto responsable de haber autorizado que las cuatro valijas subieran al avión y cuyo procesamiento con prisión preventiva quedó confirmado ayer; Fernando Arriete, ex gerente de ventas, y el encargado de relaciones publicas Walter Beltrame, hijo del ex jefe del aeropuerto de Ezeiza.


Los cuestionamientos
Los miembros de la sala B del tribunal destacaron que "no resulta lógico suponer que el delito se haya llevado a cabo únicamente" por quienes se encuentran detenidos. "La ejecución se habría logrado como consecuencia de una coordinada convergencia de una importante cantidad de personas en distintos lugares y áreas especializadas", subrayaron los camaristas.

En primer término, los jueces ratificaron el procesamiento de Claudio Baudino, ex supervisor de tráfico de SW, a quien se acusa de haber autorizado el envío de cuatro valijas Madrid con 58,9 kilos de cocaína y se le imputa el delito de contrabando calificado agravado por tratarse de estupefacientes.

En tanto, quedó pendiente de resolución la situación procesal de Fernando Arriete y de Alejandro Tamburrini, ex empleado de la empresa en Madrid, que actualmente goza de una falta de mérito en el expediente.

Los camaristas recordaron que tras recibir el caso, el 13 de octubre, el juez Liporace lo derivó en la fiscal María Gabriela Ruiz Morales el 19 del mismo mes, por lo que la investigación comenzó, en la práctica, tres días después. Esto fue una "manifiesta pérdida de tiempo, a pesar de la gravedad que presentaba el hecho a investigar y tornando prácticamente imposible allegar a la causa pruebas importantes", dijeron Grabivker y Hornos.

Aquílos camaristas mencionaron las filmaciones del movimiento de pasajeros y equipajes en el hall del aeropuerto, que se perdieron porque son destruidos a un mes de grabados y no se pidieron a tiempo.

La sala B también criticó al juez por haber retenido el expediente seis días en noviembre "sin haber ordenado alguna medida" y por no haber ordenado nunca allanamientos en los domicilios de todos los sospechados, pese al pedido de la fiscal. Y calificaron como una "notable sorpresa" que recién el 27 de diciembre Liporace mandó un exhorto a Madrid para pedir fotocopias del sumario que se instruye allí.

En el fallo, se recordó que el 16 de septiembre Baudino "autorizó el envío de cuatro valijas sin pasajeros desde Ezeiza a Madrid en el vuelo 6420 de SW, que habrían contenido 58,9 kilos de cocaína, sustancia incautada en el aeropuerto de Barajas".

Sobre la versión del imputado de que creyó que el equipaje constituía un "correo interno", la Cámara consideró que es "inconsistente" e "inadmisible" y entendió que "la práctica del envío de equipaje no acompañado, con transgresión de la normativa aplicable, no goza de inmunidad sólo por la habitualidad con la cual se ha efectuado".

Por el contrario, los jueces dijeron que "en atención a la gravedad de aquel proceder y el peligro que conlleva, constituye una línea de investigación" que deberá profundizar el juez Liporace, cuya conducta será analizada por un plenario de la Cámara.

En ese sentido, le ordenaron que indague sobre "las autorizaciones, órdenes y requerimientos emitidos por los integrantes de la línea aérea en numerosas oportunidades para el envío de equipajes, bultos, cajas, paquetes y sobres", según surge de los correos electrónicos que constan en el expediente.


Bajo sospecha
Los camaristas pusieron también bajo la lupa a Christian Maggio, directivo de SW. "No se advierten los motivos por los cuales realizó la denuncia de un hecho de tal importancia y gravedad recién el 5 de octubre, cuando estaba en conocimiento el 22 ó 23 de septiembre", señalaron.

Debido a la que la empresa alegó que la demora se debió a que habían ordenado un sumario, los jueces dijeron que "esa investigación interna no aparece como formalmente llevada, bien documentada ni muy esclarecedora".

"No es la forma adecuada para la comprobación de un delito ni tampoco puede constituir un obstáculo para que se anoticie a la autoridad pública" del hecho ocurrido, subrayaron.

Los jueces también criticaron a Maggio por efectuar la denuncia en forma anónima ante la justicia federal, que no era el fuero que correspondía y aseguraron que esa actitud generó "demoras" en la pesquisa. (DyN-Télam)

Christian Maggio.