Inicio de clases y conflicto docente

Marta Maffei: "El pago en negro adultera el trabajo"

La diputada nacional se refiere a la ley de responsabilidad fiscal que pone límites a las provincias para aumentar sus presupuestos

"Es mucho el cinismo político", dice la diputada nacional por el ARI Marta Maffei antes de meterse de lleno a derribar el postulado que levanta la ley nacional que obliga a las provincias a garantizar los 180 días de clases o bien el anuncio del 82 % móvil que percibirán los jubilados docentes, si se considera que en realidad éste se calcula sobre un salario no blanqueado en su totalidad. También asegura que "es preocupante el panorama docente, sobre todo por el horizonte que plantea la ley de responsabilidad fiscal que no permite el aumento del presupuesto provincial aunque aumente la recaudación, algo que incide en el sistema educativo". Cuestión que también deriva en un debate pendiente: la ley de financiamiento educativo.

En febrero del año pasado, Maffei advertía sobre un inicio de clases sin conflictos por razones de puntualidad en el pago de los salarios. Sin embargo, la ex dirigente de los maestros aseguraba por entonces que éstos llegarían por pedidos de recomposición salarial. Y efectivamente, más temprano o más tarde, las provincias se vieron sacudidas por los reclamos de mejoras en las condiciones laborales. Este año, y desde el mismo inicio del ciclo lectivo, la situación se profundizó con paros y movilizaciones de los docentes que se hicieron sentir con más fuerza.

Al menos es lo que ocurrió esta semana, cuando cinco provincias comenzaron con conflictos: Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe. Ahora la diputada del ARI afirma que el panorama se complica si se considera la ley de responsabilidad fiscal que el gobierno nacional firmó con la mayoría de los gobiernos provinciales, por la cual las jurisdicciones no pueden aumentar sus gastos -entre ellos el educativo- si la recaudación no se eleva a la par de la nacional.

"La situación es más compleja de lo que suponemos, el gobierno nacional ha firmado con las provincias un acuerdo de financiamiento ordenado. En realidad, se trata de un ajuste, porque aunque muchas jurisdicciones dupliquen su recaudación por este programa acordado no pueden mejorar su propio presupuesto, sólo lo pueden hacer en la medida en que se aumente el PBI nacional", explica Marta Maffei.

La legisladora ofrece esta explicación para introducirse en los límites que esta ley impone a cualquier aumento del presupuesto educativo: "La educación ya viene con muchos retrasos, y esta decisión, que es una orden del FMI, le quita autonomía a las provincias".

Para Maffei los gobiernos provinciales "no quieren salirse de los compromisos firmados porque se sabe que la sanción vendrá luego por los recortes o retrasos en los fondos coparticipables. Ya se conoce cuál es el manejo político si se quiere ahogar a una provincia".

Para la diputada una salida a esta situación que dirimen provincias y Nación es contar definitivamente con ley de financiamiento educativo. Al respecto, recuerda que el año pasado presentó un proyecto, el único sobre el tema, "pero no fue tratado". Este año obligadamente deberá ser evaluado y discutido por los legisladores.

-¿No es contradictorio que por un lado se levanten las banderas contra la evasión fiscal y por otro sea el mismo Estado el que persista con las sumas en negro a la hora de pagar a sus trabajadores?

-Esta contradicción se explica por la misma razón que la ley de responsabilidad fiscal que mencionaba antes. Cualquier fondo que sea remunerativo afecta el presupuesto, esto significa disponer de más dinero y eso es lo que las provincias están atadas de hacer, porque o rompen con el gobierno nacional o rompen con los trabajadores; y bueno, en esto ya se sabe para qué lado se define la disputa. Igual, hay que decir que el pago en negro adultera el trabajo y falsifica el salario real del jubilado. Después se habla del 82 % móvil, cuando en realidad se calcula sólo sobre el salario que está blanqueado y esto implica que pierdan entre un 20 y un 40 por ciento del sueldo que tenían al momento de jubilarse.

-Más allá de lo que este pago significa en lo concreto, ¿no abre un debate ético sobre el accionar del Estado?

-Existe una falta de ética en toda la práctica política, cuando se dice que hay que transparentar y no se transparenta. Es mucho el cinismo político, decir algo y hacerlo es tener una práctica diferente. La gente sabe que los políticos están sometidos a presiones, pero la desconfianza viene cuando la mentira es permanente con la utilización del otro, con un mensaje distorsionado, que nada tiene que ver con la realidad.

-Algo de esto ocurre con la ley de los 180 días de clase, que dice garantizar esta cantidad de jornadas, pero que no se alcanza a cubrir por los conflictos provinciales.

-En realidad, hay que decir que se escribe una ley para hacerle creer a la gente que los chicos siguen aprendiendo. Lo mismo ocurre con la ley que tenemos desde hace doce años que fija la obligatoriedad desde el nivel inicial, mientras tanto hay cientos de niños que están fuera de este sistema. Es decir, se enuncian cosas y se deja creer que ya está resuelto. Otro ejemplo concreto es la normativa sobre seguridad: mientras se leen las normas que indican cómo deben ser las puertas o cómo usar el matafuego, lo cierto es que las ART no inspeccionan las escuelas. Nadie verifica si los establecimientos son lugares seguros. Hay una tendencia fuerte a escribir las leyes, pero no intencionalidad de hacerlas cumplir.

"Hay una tendencia a escribir las leyes pero no a hacerlas cumplir".