Las estrategias del enganche

Hernán Lascano / La Capital

"Las jerarquías existen en todo el mundo. En el soviet, en la China de Mao Tse Tung, en la Cuba de Fidel Castro. Si se conoce la Cuba de Fidel Castro se verá que los funcionarios del gobierno no viven igual que el pueblo". La reflexión la hizo Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, a una semana de que los judiciales de la provincia cobraran aumentos de hasta el 30 por ciento, lo que habilitó a los niveles escalafonarios más altos o de mayor antigüedad a percibir en mano entre 1.500 y 3.000 pesos más. En salarios que ya eran, por lejos, los más altos de la administración del Estado santafesino.

La analogía usada por Gutiérrez para defender las subas, que generaron una enojosa discusión pública, parece adecuada para probar lo contrario a lo que buscaba justificar. Porque los regímenes que mencionó se desplomaron, cambiaron o languidecen por desconocer los ideales de equidad que prometían al originarse. La acentuada y visible incongruencia entre el nivel de vida de jerárquicos y no jerárquicos en esos órdenes políticos terminó siendo refutada por las mayorías. Que fueron, precisamente, las que los forzaron a cambiar o directamente les pusieron un epitafio.

Hace diez días que la provincia debate la vigencia de la ley de enganche que equipara los salarios de los judiciales santafesinos con sus pares de la Justicia federal. El gobernador Jorge Obeid, ante el incordio público, dijo que esa norma no le gustaba. Señaló que generaba asimetrías, como que por ejemplo un ministro de la Corte ganara cinco veces lo que el gobernador, y que por ello propiciaba su derogación. Gutiérrez le replicó que era la ley más justa para fijar salarios en el Poder Judicial.

Es cierto que el reciente aumento atiende justos reclamos por postergaciones salariales en los niveles más bajos. Hay que remarcarlo: muchos judiciales tuvieron aumentos de inapelable justicia. Pero eso no prueba que la norma que los propició sea justa. La base del enganche se fundamenta, afirman por igual en la cúspide judicial y en el gremio de empleados, en el trabajo que los jueces delegan hacia abajo o en la necesidad de que los que cumplen la misma labor no sean discriminados según trabajen para la Nación o para la provincia.

La primera pregunta es espontánea. ¿Qué función delega el juez en un chofer para que éste, enganchado, haya cobrado 3.200 pesos desde hace diez días? ¿O qué tareas asigna a un mandatario judicial que percibió 4.400? ¿Cuáles les cede al jefe de certificaciones, o al electricista, o al empleado del archivo?

La segunda pregunta es si una ley como el enganche a lo que haga la Nación debe prevalecer, en un régimen federal, sobre la potestad autónoma de una provincia para fijar la política salarial de sus empleados, previsionada luego en un presupuesto que los representantes del pueblo votan en la Legislatura.

En los estratos inferiores de los 3 mil judiciales, con este aumento, hubo quienes empezaron a cobrar mil pesos. Una suma nada exorbitante y apenas en el umbral de la dignidad de un trabajador. Pero las distorsiones, en nombre del enganche, aparecen con la antigüedad, que permite por ejemplo que un ordenanza reciba 3.900 pesos si atiende su función en Balcarce y Pellegrini. Porque si se ocupa de servir el café en Santa Fe y Dorrego o en Alem y Gaboto ganará tres veces menos. Aunque en todos los casos el patrón que le paga, la provincia, sea el mismo.

En este peldaño del debate, de nuevo, tanto desde el sindicato como desde la cumbre de la Justicia santafesina dirán que se debe nivelar para arriba y no para abajo. Pero esa pirueta desvía de lo esencial. Nivelar hacia arriba significa pagar bien por las capacidades y las funciones efectivamente desempeñadas. Un juez, en efecto, descarga trabajo en un sumariante, en un escribiente, en el secretario. Esas labores suponen presión y demandan calificación en quienes las hacen. Hasta allí el enganche es justo.

Pero que el electricista o el jefe de la imprenta, que son insustituibles y tienen derecho a un buen salario, estén enganchados al sueldo del juez es insólito y extemporáneo. Por lo mismo que no hay razón para que el auxiliar de maestranza esté enganchado a la remuneración del interventor de la EPE, o que un enfermero del Hospital Centenario lo esté al del ministro de Salud. Lo que no implica un menoscabo a las indispensables tareas de un ordenanza o un enfermero.

En estos días se insistió en encuadrar esta discusión en un marco legal. Pero es una puja puramente política donde Poder Ejecutivo y Poder Judicial chocan en sus estrategias. La del presidente de la Corte fue emitir a los empleados judiciales el mensaje de que las reivindicaciones de la cúpula y las de ellos son las mismas. Aunque sólo los primeros cobraron aumentos de bolsillo de más de 3 mil pesos. Aquí, está claro, se trata de encolumnar a los 3 mil judiciales para mostrar presión unánime. En épocas recientes en los juzgados pedían anotar los nombres de los que iban a las asambleas como la del viernes en Tribunales de Rosario. Ahora fue el mismo titular del Corte el que, un día antes, anunció que si se toca la ley vigente puede haber una dura respuesta gremial.

Fuera de Tribunales, la sensación de hostilidad que expresó parte de la ciudadanía viene de más lejos. Se explica por la contemplación de cómo los integrantes de un poder del Estado tienen beneficios no compartidos. Y no sólo por los aumentos que para muchos son muy justos. También por lógicas como los mecanismos de ingreso del personal, señalados a la prensa por los mismos empleados, que permiten que proliferen familiares o allegados de los que ya lo integran. O por principios señalados por la sociedad por su cuestionable equidad, aunque tengan discutible respaldo legal, como el hecho de que jueces que en el peor caso cobran más que el gobernador no paguen un peso de Impuesto a las Ganancias, mientras no pueda eludirlo un plomero monotributista inscripto así en un mal mes gane 100 pesos. El constitucionalista Germán Bidart Campos afirmaba que esto disloca el sentido común. Las desigualdades, cuando son percibidas, dislocan a la sociedad toda. En la discusión de la ley de enganche es eso mismo lo que está en debate.