A extraordinarias. En 2002, Reutemann proponía una Cámara de 40 miembros

La reforma constitucional que no fue

Mauricio Maronna / La Capital

El debate por la reforma constitucional no es patrimonio de este tórrido verano de 2005. Hace tres años, durante la administración de Carlos Reutemann, Santa Fe estuvo a punto de modificar su Carta Magna con un objetivo primordial: disminuir los costos de la política.

La reforma que los constituyentes iban a votar apuntaba a generar un fortísimo sacudón en la estructura política, administrativa y judicial. Según el borrador del Ejecutivo al que accedió La Capital en enero de 2002, unicameralidad, autonomía municipal, ley de ética pública, extensión de los mandatos de presidentes comunales, eliminación de la ley de lemas y sistema de enmiendas eran los tópicos que se incorporarían a la Carta Magna tras las reuniones en búsqueda de consenso con los partidos de la oposición.

En esos tiempos de clima deliberativo y políticos marchando al compás de las cacerolas, el gobierno nacional también ponía proa hacia la elección de convencionales dispuestos a modificar la Constitución nacional.

La Cámara única santafesina no iba a tener más de 40 miembros (actualmente existen 50 diputados y 19 senadores), los que serían elegidos en parte por el sistema de circunscripción. En la práctica significaba que la Legislatura quedaría integrada por un representante por departamento, más la cantidad proporcional que resulte de acuerdo a la cantidad de habitantes que cada distrito tenga. En los departamentos más grandes se utilizaría el sistema D'Hont para darles representación a las minorías.

En la práctica, el cambio hubiese resultado revolucionario para Rosario que, por ser la ciudad con mayor cantidad de electores, tendría una representación notoriamente mayor en el futuro Palacio de las Leyes. Aquí se puede encontrar una de las claves de la resistencia que la unicameralidad provoca en la capital burocrática de la provincia.

Respecto al funcionamiento de los Concejos Municipales, desde la Casa Gris se contemplaba una gruesa reducción del número de ediles, en sintonía con la llamada propuesta Duhalde: no más de 10 concejales rentados, más representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), que durarían cuatro años en sus mandatos, sin posibilidad de reelección hasta que pase un período.

En relación al Legislativo, se agilizaría el procedimiento de sanción de las normas y, en determinados casos, que algunos temas sean resueltos en el trabajo de comisiones. También se contemplaba la promulgación parcial de leyes, mayor capacidad de veto al Ejecutivo y ampliación del período de sesiones ordinarias.

En dirección al Poder Judicial, el paper que manejó la Casa Gris subrayaba el rango constitucional del Consejo de la Magistratura y el establecimiento de juicios orales y públicos para darles mayor rapidez a las causas.

Al igual que el proyecto que actualmente está en la Legislatura, el Ejecutivo de entonces iba a fondo con otras cuestiones trascendentes: rango constitucional para la Defensoría del Pueblo y creación de una sindicatura o auditoría con control externo de la administración pública. Parte de los miembros de los organismos de fiscalización iban a ser elegidos por el pueblo.

En aquellos días, el ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez, y el subsecretario de Justicia, Carlos Carranza, mantuvieron reuniones con la oposición. Domínguez abrió el fuego durante una conversación en Rosario con el entonces intendente, Hermes Binner, al tiempo que Carranza encabezó la reunión con los representantes de la UCR.

Los convencionales que resultaran electos trabajarían ad honórem y se iba a utilizar para la Constituyente la actual infraestructura de la Legislatura provincial.

Cuando las cacerolas volvieron a las alacenas y el "que se vayan todos" pasó al olvido, la reforma ingresó al arcón de los recuerdos.