Chabán gerenciaba una red de empresas extranjeras

El único detenido sería un apoderado del grupo con firmas radicadas en Uruguay, islas Vírgenes y Argentina

República Cromañón pertenece a una empresa off-shore en la que Omar Chabán, el único detenido por la tragedia, apenas figuraba como gerenciador, confirmó ayer un especialista en sociedades comerciales. "Chabán no figura en ninguna de las sociedades, en ningún papel, aparentemente era un gerenciador, y un gerente legalmente es un apoderado de alguien, ese alguien debería aparecer", dijo Néstor Deppeler, experto en derecho comercial y sociedades y vinculado a la Inspección General de Justicia.

"A mí me llamó la atención cuando escuché que Chabán decía «que aparezcan los demás». Mi pregunta es ¿cómo él no los conoce?", añadió.

Deppeler dijo que las sociedades llamadas off-shore son aquellas que se constituyen en un país en el cual tienen prohibido actuar y están destinadas a invertir o trabajar en otro país. Según el experto, este es el caso de la empresa a la que pertenece República de Cromañón, que tiene sede en Uruguay.


Ventajas impositivas
Al referirse a los beneficios de esta modalidad empresarial, Deppeler señaló que tiene que ver con ventajas impositivas y que "el objetivo no tiene por qué ser malo, pues lo malo es el uso que se hace a veces". En este sentido, remarcó que estas sociedades "normalmente son usadas con objetivos poco claros".

Deppeler destacó que esta conformación empresarial de República de Cromañón "no va en beneficio de nadie en especial", al referirse a si Chabán quedaría exento de responsabilidades por no figurar en ningún papel. Pero agregó: "Sí va en beneficio de los que están ocultos".

El especialista precisó que "acá hay por lo menos cuatro sociedades, dos que son off-shore, constituidas una en Uruguay y otra en las islas Vírgenes, y dos en Argentina, una es Central Park Hotel de responsabilidad limitada y la otra llamada Lagarto, que es una sociedad anónima".

Deppeler dijo que una de las empresas compró el inmueble en 1998 a 2,2 millones dólares y tres años después se vendió en 700 mil dólares. "Es decir que desaparecieron un millón y pico de dólares. Se vendió a pérdida grande a una empresa que se llama Nueva Sarelux, que es of-shore con sede en Uruguay".

"Creo que en toda esta operación lavaron dinero; aparte estas empresas nunca dieron ganancias, nunca repartieron dividendos en la Argentina, nunca presentaron estados contables a la Inspección General de Justicia", destacó. Juan Carlos Capurro, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, aclaró que "desde el punto de vista civil, y según lo establece el artículo 2113 del código, el dueño del local y quien lo alquila deben responder por el hecho".