Polémica por la aprobación de un acuerdo nuclear con Australia

La Cámara de Diputados convirtió en ley una iniciativa que habilitaría el ingreso de residuos radiactivos

Más de un centenar de organizaciones ambientalistas iniciarán acciones legales para que se declare inconstitucional una ley aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación, que habilitaría el ingreso de residuos nucleares al país.

La polémica estalló luego de la madrugada de ayer, cuando los diputados convirtieron la iniciativa en ley, poco antes del cierre en Buenos Aires la X Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático (COP 10).

El convenio entre la empresa estatal Invap y Australia implica que la firma terminará de construir un reactor nuclear de investigación para ese país, al tiempo que los combustibles gastados que genere serán reacondicionados en la Argentina.

La organización Greenpeace, que encabeza las protestas, analiza los pasos a dar, además del recurso de amparo, "para seguir dando la batalla en distintos frentes", dijeron voceros de la organización.

"Ellos aprovecharon el ruido que se estaba haciendo con esta cumbre para sacar esta ley en dos días", se quejó Greenpeace, a través de una nota que distribuyó a la prensa.


A favor y en contra
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el justicialista Jorge Argüello, defendió el acuerdo con Australia.

Argüello declaró a la prensa que "Argentina no puede resignarse a ser un país exportador de soja; estamos en condiciones de exportar tecnología y, en ese sentido, esta licitación es muy importante, porque se venció a importantes empresas de Alemania, Estados Unidos, Francia, República Checa y Japón".

"Creo que estamos diversificando el desarrollo tecnológico argentino y en segundo lugar, las organizaciones ambientalistas que se oponen trabajan sobre ejes falsos, no sé en función de qué intereses", agregó el legislador oficialista.

"Pero quiero ser muy claro en esto: no hay un sólo gramo de residuos radiactivo de Australia que vaya a quedar en territorio argentino", aseguró Argüello.

Este punto de las declaraciones de Argüello fue el que le dio pie a Greenpeace para reforzar sus argumentos en contra del acuerdo. "Argüello se pisa el palito porque dice que ningún residuo permanecerá en Argentina, con lo cual admite que van a ingresar", dice la organización.

Y advierte que justamente la Constitución argentina no habla de ingresos transitorios o permanentes, sino que prohíbe absolutamente el ingreso. "Pero el problema no es con Australia, sino los antecedentes jurídicos que se generan", explicó el vocero de Greenpeace.

Lo que preocupa a las organizaciones ambientalistas es que se expanda el negocio de convertir a Argentina en un país que ofrezca servicios de reprocesamiento de material radiactivo.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) informó por su parte que el material radiactivo que será reprocesado en la Argentina "no es basura nuclear".

Voceros del organismo señalaron que el "combustible nuclear" tiene radiación pero de muy baja intensidad y es lo suficientemente bajo para no ser considerado residuo nuclear ni ser peligroso, de acuerdo con patrones internacionales.

El material a reprocesar en la Argentina es el combustible nuclear que se utilizará en la central que Argentina construye en Australia y "se trata de una especie de pila, compuesta de aluminio y uranio que, una vez gastada, debe ser reprocesada para poder volver a utilizar el material que la compone", según la Cnea.


Presos en una protesta
El convenio de cooperación nuclear con Australia había sido firmado en el 2000 durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y aprobado por el Senado en noviembre de 2001.

En la tarde del jueves, cinco militantes de Greenpeace -uno de ellos vestido de Papá Noel- fueron detenidos algunas horas por saltar las vallas que separaban al Congreso, durante una manifestación en rechazo del tratamiento de la iniciativa.

Además de la construcción de un reactor nuclear, el acuerdo contempla la posibilidad de que en en plazo de aproximadamente 15 años el combustible usado pueda ser reacondicionado en la Argentina, cuestión que fue denunciada por los grupos ecologistas que advirtieron sobre la llegada de "basura nuclear".

Las obras de construcción del reactor -que estaría terminado en 2006- se encuentran concluídas en un 83 por ciento, lo cual hacía necesaria la aprobación del acuerdo a la brevedad. (DPA-Télam)

Un militante de Greenpeace detenido en Buenos Aires.