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 sábado, 11 de diciembre de 2004  
Confirmaron el procesamiento del ex intendente de Roldán

Roldán.- La Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó el procesamiento del ex intendente de Roldán, Roberto Miguel Di Santo, por probable comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. La medida obedece a que el ex mandatario contrató durante su administración comunal remises pertenecientes a una empresa de la cual era partícipe. También fue procesado su hijo, quien integraba la firma familiar y a su vez ocupaba la Secretaría de Gobierno.

La decisión judicial fue dictada hace dos meses por el Juzgado de Instrucción Nº 11, a cargo de Carlos Triglia, pero la defensa del ex funcionario apeló la medida. Sin embargo la decisión del magistrado quedó firme el 29 de noviembre pasado.

Ahora el proceso será elevado a juicio y un juzgado de sentencia determinará cuál es la pena que le corresponde. La denuncia fue iniciada por el actual intendente José María Pedretti en 2001 apenas asumió su cargo, y el juez estimó que correspondía aplicar el artículo 265 del Código Penal que establece que "será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".


Pruebas
Según la investigación judicial, se pudo comprobar que tanto Di Santo como su hijo tenían participación en la remisería. Además la firma pretendió seguir cobrando deudas de viajes a la actual administración municipal. También se presentaron pruebas como facturas, testigos, sumarios internos, gente que contrató o viajó en los coches, titulo de propiedad de un vehículo que operaba en la agencia de alquiler y que estaba a su nombre, y datos del alquiler del local donde funcionaba la empresa.

La Municipalidad fue representada por el estudio de Carlos Racamato, quien evaluó la medida como "de gran importancia jurídica", y agregó que "representa una tercera parte del proceso". El letrado también destacó que técnicamente los procesados no podrían ocupar cargos públicos ni presentarse como candidatos. En tanto los acusados, patrocinados por el abogado Jorge Bedouret, se abstuvieron de declarar durante la instancia del proceso.
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