Lula anuló el decreto que impedía la apertura de los archivos de la dictadura

La información confidencial comenzará a ser analizada el lunes. Expectativa de los familiares de desaparecidos

Brasilia. - El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, anuló ayer el decreto que impedía la apertura de los documentos "ultrasecretos" del país y fijó para el lunes el inicio de los trabajos de la comisión que analizará los documentos de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.

La comisión, integrada por siete Ministerios y Secretarías de Estado, iniciará su trabajo por el análisis de los documentos relativos a la represión militar a la llamada "Guerrilla del Araguaia", el movimiento armado de izquierda que intentó crear una zona libre en la selva amazónica en la década de 1970.

A comienzos de esta semana, la Justicia Federal ordenó al gobierno autorizar el acceso a esos documentos a los familiares de militantes de ese movimiento guerrillero, de los cuales por lo menos 61 integran la lista de desaparecidos políticos.

Las familias de las víctimas de la Guerrilla del Araguaia esperan obtener, en los documentos secretos, informaciones sobre la ubicación de los restos mortales de los guerrilleros, ya que sobrevivientes del movimiento aseguran que sus compañeros fueron asesinados y que sus cuerpos están sepultados en la selva. La comisión estará entregada por representantes de los Ministerios de Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores, de los Gabinetes Civil y de Seguridad Institucional, de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Abogacía General de la Unión.

Bajo la coordinación del "hombre fuerte" del gobierno Lula, el ministro jefe del Gabinete Civil, José Dirceu, ese grupo tendrá la tarea de analizar uno por uno los documentos secretos y decidir cuáles podrán ser publicados.

Para viabilizar la publicación de los documentos, Lula da Silva firmó un decreto que anula una medida dictada hace dos años por su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, que en la práctica aseguraba "protección eterna" a los documentos.

El decreto firmado por Cardoso en diciembre de 2002, pocos días antes de abandonar la presidencia, establece que los documentos "ultrasecretos" quedarán protegidos por un plazo mínimo de 50 años, que podrá ser prorrogado sucesivas veces, siempre por igual período.

La medida dictada ayer por Lula reduce a 30 años el plazo mínimo de protección para los documentos "ultrasecretos", y establece plazos menores para la divulgación de otros tipos de documentos: diez años para los "secretos", cinco años para los "confidenciales" y tres años para los "reservados".

El decreto presidencial establece, sin embargo, que no serán publicados documentos cuyo mantenimiento en secreto sea "imprescindible para la seguridad nacional". (DPA)