Periodistas por un día

Circule sin respirar

Alumnas del segundo año del polimodal del complejo Gurruchaga investigaron la contaminación ambiental que padece la ciudad por el funcionamiento de dos cerealeras

Los vecinos del barrio Malvinas, situado a dos cuadras del puerto de Rosario, presentan una alta tasa de leucemia y asma, provocados por el uso de mortales pesticidas. "En la instalación portuaria donde se almacenaban y transportaban los cereales -fumigados de antemano- se desprendía un polvillo constituido por partículas microscópicas de plaguicidas que afectaban a los habitantes cercanos al puerto", reflexionó Greenpace sobre este panorama.

Esther Manfredy, una vecina del barrio, comenta al respecto: "Sabemos que muchos de los muertos eran vecinos y empleados. Recuerdo cuando Tito fue encontrado muerto en la bodega del barco, tres días después que éste llegó a Chile. Al informarse a la empresa, irónicamente nos dijeron: 'Con razón no vino a cobrar el sueldo'. Hoy estamos mejor, hay más control, porque Agroexport no trae más cereal (antes era común ver los envases de fumigantes para los camiones, en el barrio), pero eso es fuerza de peleas en cada sesión del Concejo Municipal. La Municipalidad volvió a hacer control en el aire. Y esperamos los resultados..."

Este polvillo perjudica la salud, ya que los pulmones son particularmente propensos a las reacciones alérgicas, cuando están expuestos a grandes cantidades de partículas extrañas suspendidas en el aire, como polvos, pólenes y sustancias químicas.

Los agresores pueden causar inflamaciones y daños en los tejidos. De la intensidad de la lesión y de su localización, depende la gravedad del cuadro: asma bronquial alérgica, neumonía por hipersensibilidad, rinitis, alergia. Se está de acuerdo en que el mayor riesgo para el hombre es la inhalación, el contacto dérmico y la ingesta de estos productos químicos.

La doctora Prada, miembro del Sertox (Servicio de toxicología del Sanatorio de Niños), afirma que "desde la prohibición del uso de parathion no volvió a haber tantos casos relacionados con el tema", pero que "no se logra vincular plaguicidas con cáncer por falta de registros, y debido a la escasez de investigación seria y trabajos interdisciplinarios".

Si bien el uso indebido de pesticidas, en el barrio Malvinas, supuestamente cobró muchas muertes, sirvió para abrirle los ojos a la población, y a las autoridades; para conocer sus consecuencias, las del polvillo y las del transporte de granos. Y todo esto, nos demuestra que la historia no debe repetirse ahora que sabemos cuál es el aire que respiramos.


Precaución, gente legislando
Muchas de las leyes que existen (provinciales, ambientales, de puerto, entre otras) hacen referencia a los distintos aspectos a controlar, y a quiénes son las autoridades competentes al respecto. La mayoría de aquellas mencionan no comprometer la calidad de vida de la población y/o medio ambiente, evitar el daño a terceros, evitar el uso de fitosanitarios a 2000 metros de zonas urbanas, otorgar debidas habilitaciones a los puertos, y otras pautas basadas en conseguir una mejor calidad de vida para nuestra población.

"El tránsito de mercadería fumigada, también está prohibido por ley. Tampoco se deben transportar granos infectados con estas plagas, porque se contribuye a su diseminación durante el trayecto", aclara Daniel Ionescu, del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), organismo de control de los agroquímicos, su registro, distribución, y comercialización en Argentina.

Por su parte, Marcelo Gainoso, del Sindicato de Conductores de Camiones, afirmó que "los camiones son llamados silos andantes" y que no está seguro de quién coloca las pastillas de plaguicidas en estos silos, ni sabe si los trabajadores están capacitados, "pero sí que conocen que manejan veneno" y se lamenta que las terminales cerealeras de Rosario hayan cerrado, pues "Rosario es lo que es, por su puerto". "Distintas épocas políticas...", agregó.

Enzo Coria, de la localidad de Timbúes, autoridad del Sindicato Argentino de Trabajadores Rurales y Estibadores, aseguró: "El camionero no toca nada, ni manipula los plaguicidas, eso lo hace gente capacitada y en caso de accidentes, las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) son responsables".

Añadió además, que "los camioneros presentan sólo síntomas en los ojos y pulmones; el polvillo no daña a la salud de la gente, sólo produce molestias".

La ley general de ambiente Nº 25675 cita: "Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente". Mientras, hay casos que no se tienen en cuenta por considerar la justicia que hay "falta de pruebas que vinculen las enfermedades con los agroquímicos".

Es éste el argumento para hacer la apología de la negligencia de las empresas cerealeras en ciertas ocasiones.

En todas estas leyes, se mencionan las distintas autoridades "competentes" que deberían ejercer los controles a los que estarían sometidas las empresas, pero ¿son realmente capaces de exigir el cumplimiento de la ley para asegurar una mayor seguridad de la población?.

¿Cómo es posible que Servicios Portuarios de Sector Norte obligue a la Municipalidad a no interferir en sus actividades mediante un simple recurso de amparo?


La empresa se niega a cerrar
El 10 de septiembre de 1999 la Municipalidad de Rosario sufrió el fallo de la Cámara Federal de apelaciones que determinó "la abstención de disponer cualquier medida pendiente a impedir el normal desenvolvimiento de la actividad que se lleva a cabo en la ex unidad III del Puerto Norte (Servicios Portuarios)".

La Municipalidad no les cedió la habilitación e intimó a que se retiraran del lugar, ya que la firma está instalada en una zona donde no se puede funcionar, de acuerdo a las órdenes municipales.

Ante esto, la empresa promovió una acción de amparo en la que señaló que el Ejecutivo no estaba facultado para resolver sobre la inhabilitación, que fue autorizada por la jueza federal Liliana Arribillaga, puesto que a su entender, debe ser dictaminada por el Estado Nacional. "Ninguna medida contra Servicios Portuarios nos podrá clausurar y nos tendrán que dejar trabajar tranquilos", sostuvo el asesor letrado de la ex unidad III, Jorge Alberto Cassis.

Así, mientras se decide la cuestión de fondo (quién ejerce la facultad para otorgar la habilitación), ¿quién garantizará la salud de los habitantes del barrio Islas Malvinas?

De esta conciencia y exigencia al control y cumplimiento de tantas leyes protectoras, depende que no repitamos la historia del barrio Malvinas. Los jóvenes, el futuro del país, tememos tener futuro.

Agroexport trabaja pese a la oposición de los vecinos.