Niños en crisis. Mientras la corte bonaerense obliga a sacar a los chicos de las seccionales, en Santa Fe el problema perdura

Los 72 chicos presos en comisarías de Rosario desnudan un grave colapso

Desde hace 28 meses se demora el cumplimiento del desalojo de adolescentes de instalaciones en las queson depositados sin ninguna protección. En toda la provincia de Buenos Aires son 149 los chicos detenidos

Hernán Lascano / La Capital

El gobierno de la provincia de Buenos Aires acaba de ordenar el desalojo de la totalidad de menores detenidos en comisarías por la flagrante ilegalidad que ello implica. En tanto, en Santa Fe no hay el menor atisbo de modificación de la pavorosa situación de los adolescentes que viven encerrados en condiciones inhumanas y sin protección tutelar. Y en Rosario el panorama es mucho más grave, ya que la concentración de chicos depositados en instalaciones policiales es enormemente más alta que en todo el territorio bonaerense. Sin embargo, la problemática no parece acarrear el conflicto entre poderes que sí estalló en el territorio vecino, donde la Corte Suprema intimó al gobierno de Felipe Solá a hacer cesar de inmediato la insostenible situación bajo advertencia de aplicar sanciones penales.

En toda la provincia de Buenos Aires, que tiene 307.500 kilómetros cuadrados de superficie, el viernes había 149 menores presos en comisarías. En Rosario, con 180 kilómetros cuadrados, el mismo día había 72 chicos de entre 11 y 18 años solamente en seccionales. Contando los del Irar (de Saavedra y Cullen), los menores privados de libertad en la ciudad eran, anteayer, 108.

La vida diaria de los chicos rosarinos en dependencias policiales no es menos horrenda que la que instó a la Corte bonaerense, con la firma de todos sus integrantes, a impulsar el miércoles último un planteo para desalojar las comisarías y trasladar a los menores a institutos específicos. Como suele ocurrir, la antesala del planteo fue una tragedia: la muerte de cuatro adolescentes en un incendio que se produjo hace dos semanas en la comisaría 1ª de Quilmes.

En Rosario el estado de los chicos en comisarías contraviene toda la legislación sobre el tema y tal cosa está corroborada en exhaustivos informes de los asesores de menores de los Tribunales. Los planteos concluyen que hoy las dependencias son depósitos de niños, donde nadie encontrará la protección que les promete la ley sino maltrato y encierro, en condiciones de insalubridad y hacinamiento. Hace dos años, en julio de 2002, el juez de Menores Nº 2, Juan Leandro Artigas, reconoció tal cosa al hacer lugar a un hábeas corpus para vaciar de chicos todas las seccionales. Pero desde entonces la medida es prorrogada indefinidamente, lo que implica perpetuar el estado de ilegalidad. Lo que es un inexplicable contrasentido: el hábeas corpus es un recurso extraordinario creado para resolver de inmediato una situación puntual gravísima. La postergación de su cumplimiento lleva, a la fecha, 28 meses. Y un solo día de detención, como sabe bien todo aquel que estuvo en un reservorio de menores, es una eternidad de violencia, miedo y tristeza.


Catálogo de sufrimientos
En 1992, cuando se registraba el atentado a la Embajada de Israel, Carlos Menem adhería a la guerra del Golfo y Héctor Cavallero era intendente de Rosario, se produjo el nacimiento de Pablo I. No fue hace mucho tiempo. Pablo ahora tiene 12 años y está detenido en el Centro de Alojamiento Transitorio (CAT), de Dorrego al 900. Lo llevaron allí, según contaron fuentes del caso, por haber violentado un teléfono público de la peatonal para sacarle monedas. Fue detenido hace tres semanas. Y permanece porque nadie de su familia lo reclama. Mientras este texto es leído, él esta allí.

"Es un hombre de 12 años, un nene que dejó de ser nene, alguien que tiene encima la experiencia de un adulto conocedor de la calle", lo describió alguien que lo ha tratado. En nombre de la protección que el Estado le debe al menor en conflicto, Pablo puede compartir su hábitat diario con otros chicos de más edad. Como Ernesto P., de 17 años, protagonista de seis episodios de robo, tres de ellos a mano armada. Ernesto maneja armas desde los 15, es adicto a drogas y su familia no puede contenerlo.

Desde el punto de vista físico y del desarrollo psíquico un chico de 12 y otro de 17 están a una abismal distancia uno de otro. La comparación con el ámbito educativo es útil para distinguir el contraste biológico y madurativo: un niño de 12 está en sexto año de la EGB y uno de 17 tiene un pie en la Universidad. Sin embargo el mismo sitio fue concebido para Pablo y Ernesto. La conflictividad de sus conductas es muy desigual. No obstante, con el conocimiento de todos los eslabones del sistema provincial de menores, ambos conviven.

Ante este tipo de situaciones con adolescentes en comisarías, pero en Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Cafiero, que recorre los penales donde hay chicos, denunció el lunes pasado a los jueces de menores por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Dos días después la Corte Suprema provincial le dio 72 horas a Solá para que informara de qué modo no dejaría un solo menor en una seccional. El gobernador debió anunciar bajo advertencia un plan al respecto, que sobrepasa en mucho la resolución del problema edilicio (ver aparte).

En el área que abarcan los tres juzgados de Menores de Rosario, los detenidos se distribuyen en distintas dependencias. Ocho chicas están en la comisaría 7ª. Entre los varones, 26 están en la comisaría 6º, dos en la 15ª y tres en la alcaidía de Casilda. Hay 33 en el CAT, un espacio que no tiene la jerarquía de instituto: funciona como una comisaría más, sin programa alguno de protección, atendido por policías y con control policial de las instalaciones.

Finalmente, 31 adolescentes están en el Irar, el único instituto de puertas cerradas específico para menores que hay en la ciudad. En otras dependencias policiales rosarinas hay 15 chicos que fueron detenidos cuando no habían cumplido 18 años y están a disposición de un juez de menores. Ahora todos tienen esa edad, es decir, son mayores para la ley penal aunque no para la legislación civil. Ninguno de ellos recibió sentencia. Eso quiere decir que no fueron ni condenados ni tutelados, es decir, amparados con un plan de protección o programa de trabajo tendiente a garantizarles, en consonancia con la ley, algo superador de lo que los llevó hasta donde están.De este universo de chicos que viven en la desolación subjetiva que imponen sitios horribles hay algunos que ni siquiera están acusados de delito alguno. Siete exactamente. Están a disposición de los juzgados de menores aunque por un problema de tipo civil: abandono, fuga del hogar, o violencia familiar. Seis son chicas. El restante es Mauro B. Tiene 11 años y está en el CAT. Lo kafkiano es que, bajo un declamado propósito estatal de resguardo, habitan un lugar terrible. Están en prisión.


Más grave que las causas
En la actualidad, en Rosario, hay menores detenidos por causas gravísimas. Pero en virtud de la seguridad pública lo único que encuentran es reclusión y no programas que los protejan. Entre el ingreso y la salida de un menor de una comisaría no pasa nada que modifique las razones por las que entró allí. Cuando ganan la calle, entonces, no tienen nada distinto de lo que los llevó a delinquir. "En una comparación con el sistema de salud, sería como el caso de un paciente que es hospitalizado por un colapso físico y que al cabo de un tiempo es dado de alta sin que ningún médico le administrara fármacos o lo interviniera", planteó una fuente consultada.

La última postergación del hábeas corpus que obliga a sacar a los menores de las comisarías rosarinas es del primer trimestre del año. "Todo está tremendamente desvirtuado. Con las prórrogas se prolongan las detenciones ilegales agravadas de los menores y reclamamos continuamente con recursos por este incumplimiento. Hasta que los jueces no hagan cumplir la ley vamos a insistir", dijo la abogada Carmen Maidagan, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), que presentó el primer recurso para desalojar a los adolescentes del ámbito policial.

Los jueces de menores de Rosario denunciaron reiteradamente el caos en el que se encuentran las personas a su cargo. Pero nada pasó del nivel verbal, lo que no ha interrumpido las ominosas condiciones de encierro, y la máxima autoridad judicial de la provincia, frente a la manifiesta ilegalidad, tampoco intervino con firmeza para regularizar la situación de menores inimputables privados de libertad en ámbitos policiales. Actualmente, el Ministerio de Gobierno de Santa Fe anunció que se está reacondicionando el Irar para trasladar a los menores de las comisarías. Las nuevas plazas, unas 40, no alcanzarán para acabar con el confinamiento de chicos en seccionales rosarinas.

Si en Rosario, como en Buenos Aires, en una de las periódicas quemas de colchones ocurre alguna desgracia con un chico, será difícil de explicar y de entender que hace 28 meses se posterga el cumplimiento de una orden judicial para erradicar a los menores de penales policiales. En esta ciudad, incluso, a una situación así hoy están expuestos niños que, insólitamente, para ser protegidos civilmente por abandono familiar pueden permanecer en un ámbito de detención. Otra de las ecuaciones irracionales: vivir en un ámbito tenebroso en nombre del resguardo.

En el Irar habrá 40 nuevas plazas que no alcanzarán para descomprimir el problema.