Piden remover a una jueza de faltas por negligencia

Walter Gasparetti / La Capital

Cañada de Gómez.- La intendenta de esta ciudad, Stella Clérici, solicitó a los ediles cañadenses, a través de un proyecto que posiblemente se trate mañana en la sesión del Concejo Municipal, que aprueben la remoción de la actual jueza municipal de faltas, Susana Jordán, por una serie de "negligencias" observadas en el marco de una auditoría jurídica.

La novedad fue comentada por el secretario de Gobierno, Alejandro Paz. El funcionario fue precisamente quien estuvo al frente de esa auditoría cuando era responsable de la oficina de Asuntos Legales de la Municipalidad de Cañada de Gómez.

"El sumario instruido culminó con un dictamen acusatorio y fue elevado al departamento Ejecutivo. Clérici acaba de firmar el decreto de remoción, pero debe ser aprobado por los ediles, debido a que fueron ellos quienes con antelación la pusieron en ese cargo", comentó Paz.

La auditoría detectó "impericias y negligencias graves", e incluso un elevado número de expedientes que no fueron tramitados, según declaró Paz. El titular de la cartera de Gobierno dijo, además, que "el porcentaje resuelto de las causas que se iniciaron es prácticamente nulo".


Medida ejemplificadora
Paz entiende que la medida que se pretende aplicar hacia la jueza de faltas Jordán es "histórica y ejemplificadora", y consignó que "un similar sistema se va a implementar en todas las reparticiones municipales para evaluar a los agentes que no cumplan con la función encomendada".

"Lo único que exige el gobierno municipal es que se trabaje y en ese camino vamos a continuar. Desde el cargo más importante hasta el operario de la maestranza. El sumario continuará ahora con el régimen que se impone en estos casos", añadió.

Jordán hizo una serie de planteos que figuran en el sumario respecto del método empleado por quienes operaron en el estudio efectuado a esa repartición. Incluso manifestó que se había procedido al cambio de cerraduras y que estaba impedida de ingresar.

La jueza interpuso en 1995 una acción declarativa en la que solicitaba que un juez se expida sobre su estabilidad en el cargo. "Se trató de un pedido de consulta para saber si su cargo debía ser renovado año a año o no", explicó el funcionario municipal.