Desaparecidos. Digerónimo ordenó la detención de una decena de ex policías

La Justicia reabrió la causa Feced

Se trata del expediente central sobre la represión ilegal en Rosario, cuya reactivación fue insistentemente reclamada

Javier Felcaro / La Capital

El juez federal de Rosario Omar Digerónimo le estampó ayer su firma al decreto de reapertura del expediente Feced, la causa madre sobre la represión ilegal en la órbita del II Cuerpo de Ejército. El magistrado acompañó la resolución librando una decena de órdenes de arresto a ex policías, y no se descarta que en los próximos días haga lo propio con militares y civiles que actuaron bajo el manto de la impunidad durante la última dictadura.

Los pedidos de detención y declaración indagatoria llegarían a la veintena, apuntando en primera instancia a las figuras de represores como José Rubén Lo Fiego (el Ciego) y Mario Alfredo Marcote (el Cura), entre otros. El número de acusados a sentar en el banquillo irá en aumento de acuerdo al ritmo que adquiera la investigación.

La decisión de Digerónimo, un reclamo de larga data de los organismos defensores de los derechos humanos rosarinos, operará sobre ex policías que actuaron a las órdenes del represor Agustín Feced, el comandante de Gendarmería que dirigió la Unidad Regional II que, a su vez, estuvo bajo el mando operativo del Ejército.

Una segunda tanda de órdenes de captura se centraría en militares, los ex generales de división Luciano Jáuregui (acaba de ser procesado en las causas Quinta de Funes y Fábrica de Armas Fray Luis Beltrán) y Ramón Genaro Díaz Bessone, además de civiles.

La causa Feced había sido archivada merced a las leyes de obediencia debida y punto final que sancionó el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1987. Y los últimos implicados recuperaron su libertad con los indultos dictados por Carlos Menem a partir del 89.


Nueva etapa
Pero, con la reciente decisión judicial de declarar nulas las denominadas leyes de impunidad volverán a desfilar por el juzgado de Digerónimo los señalados por la represión ilegal desatada durante los años de plomo.

Según pudo saber La Capital, sin obediencia debida y punto final vigentes, la situación procesal de los represores se retrotrae a la etapa previa al dictado de estas controvertidas normas.

Ocurre que varios de los implicados fueron interrogados en su momento, habiéndose dictado -en algunos casos- prisión rigurosa (en base al Código de Justicia Militar).

Para el actual Código Procesal, el juez está en condiciones de someterlos a una nueva indagatoria por los mismos delitos, y por otros si se presentan más pruebas en su contra. Asimismo, la totalidad de lo investigado años atrás no pierde su validez.

Las órdenes de captura libradas, y las que seguramente vendrán, incluyen tanto a aquellos acusados que nunca prestaron declaración ante un magistrado como a los que sí lo hicieron (una decena, entre ellos Lo Fiego).

Si bien Digerónimo cuenta en su poder con la voluminosa causa -49 cuerpos de 200 folios cada uno-, se plantea un interrogante: el destino final de los llamados expedientes complementarios.

Acerca de la suerte de Feced, en los Tribunales de bulevar Oroño al 900 está la constancia de su defunción. Por eso, fuentes judiciales recordaron que se declaró la extinción de la causa penal tras su muerte.

Respecto de los centros clandestinos de detención, se posa la lupa sobre el funcionamiento de El Pozo, el sótano de la ex Jefatura de Policía (San Lorenzo y Dorrego) que fue sede del Servicio de Informaciones.

En tanto, en los expedientes complementarios de la causa se hace referencia a otra cárcel ilegal: La Calamita, ubicada en Granadero Baigorria.


Anhelo cumplido
La reapertura de la causa había sido solicitada por los organismos de derechos humanos, los querellantes por la represión en la Domingo Matheu y los familiares del desaparecido Daniel Gorosito. Frente a las demandas, la Fiscalía dictaminó su conformidad y, posteriormente, Digerónimo precedió a reactivar el grueso expediente.

En ese sentido, la APDH pidió días atrás la unificación de todas las investigaciones en marcha (Quinta de Funes, Domingo Matheu y San Lorenzo) bajo la tipificación de genocidio y asociación ilícita a raíz de la reiteración de acusados y por una cuestión de economía procesal.