El Ejecutivo se resiste a reglamentar una nueva relación con las provincias

Deudas pendientes de la Constitución

A diez años de la reforma, el Congreso nacional todavía no sancionó leyes fundamentales

A diez años de la reforma constitucional, el Congreso aún no cumplió con la sanción de un conjunto de leyes derivadas de la Carta Magna, entre ellos un nuevo régimen de coparticipación federal, la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia y el marco regulatorio de los servicios públicos.

Si bien el Parlamento ya sancionó una decena de iniciativas, como la ley de autonomía porteña, que permitió a los capitalinos tener sus propias autoridades, y la creación del Consejo de la Magistratura, tiene deudas que son claves para mejorar la relación Nación-provincias y el uso de los decretos de necesidad y urgencia.

Sin embargo, no parece estas las únicas materias pendientes del Congreso, que debe reformar determinadas iniciativas derivadas de la Carta Magna como la de autonomía porteña -porque se privó a los capitalinos de tener su propia policía y Justicia-, del Consejo de la Magistratura -para tener un organismo más ágil- y de Iniciativa Popular.

De todos modos, se puede afirmar que el Congreso nacional cumplió en estos 10 años con la sanción de más de la mitad de la leyes ordenadas en el nuevo texto de la Carta Magna, teniendo en cuenta que nunca es fácil aprobar estas leyes.

Es que iniciativas de este tipo deben contar con altos niveles de consenso porque se votan con mayorías calificadas.

Desde el acto de jura de la Constitucional realizado el 24 de agosto de 1994 en la ciudad de Paraná, el Congreso votó las leyes para establecer la autonomía porteña, la creación del Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento, de Etica Pública, el Defensor del Pueblo, y el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación.

También aprobó las normas para reglamentar los artículos incorporados a la Constitución que buscan afianzar la participación ciudadana y los de protección de derechos, como el Habeas Data y Amparo, y de Defensa del Consumidor, y el financiamiento de los partidos políticos.

En cambio, el Congreso y el gobierno tienen una deuda, que es la ley de coparticipación federal, muy difícil de cumplir por las dificultades que existen para que 23 gobernadores, la ciudad de Buenos Aires y el Ejecutivo nacional acuerden el nuevo régimen de distribución de los recursos.

Si bien el presidente Néstor Kirchner realizó este año una fuerte ofensiva para avanzar en la sanción de la ley, las ásperas controversias entre los gobernadores y el Estado obligaron una vez más a postergar la aprobación de esta norma, pese a que la Constitución establecía que debía votarse antes de diciembre de 1996.

Además, el Congreso adeuda otro tema de complejo consenso: la creación de la comisión bicameral que controle la utilización de los decretos de necesidad y urgencia, cuya sanción siempre reclaman los partidos de oposición y el oficialismo demora.

Por otra parte, el Parlamento tiene pendiente la sanción de un marco regulatorio de los servicios públicos establecidos en el artículo 42 de la Constitución nacional, y en este punto el gobierno se comprometió a enviar en el segundo semestre esta iniciativa para que el Congreso cumpla con su obligación constitucional.