| sábado, 07 de agosto de 2004 | Diputados nacionales se interesaron por la investigación local del diciembre negro Estuvieron con funcionarios del Ejecutivo y la Justicia. Supieron que a Lorenzo Domínguez y Enrique Alvarez, exresponsables de la seguridad en 2001, los procesaron. El ministro Rosúa prometió datos hasta ahora inaccesibles Osvaldo Aguirre / La Capital La Comisión Investigadora No Gubernamental de los hechos de diciembre de 2001 está pensando en traer más seguido a los diputados nacionales a Rosario. Ocurre que la visita de un grupo de legisladores disparó en las últimas horas una serie de pronunciamientos judiciales y políticos a propósito de la represión ocurrida durante el gobierno de Carlos Reutemann, entre ellos los procesamientos del ex secretario de Seguridad Pública de la provincia, Enrique Alvarez, y del ex ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez, y la posibilidad de que sea convocado a declarar Jorge Saúl Pupulin, ex jefe de policía de Rosario, actualmente director técnico de un equipo de fútbol del interior de la provincia.
La delegación de legisladores estuvo conformada por los diputados Eduardo Di Pollina (Partido Socialista), Patricia Walsh (Izquierda Unida), Hugo Perie (Partido Justicialista) y María Lucrecia Monteagudo (Partido Intransigente), integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso Nacional. Acompañados por los integrantes de la Comisión Investigadora No Gubernamental, desarrollaron una intensa jornada, que incluyó entrevistas con el ministro de Gobierno Roberto Rosúa, los jueces Juan José Alarcón y Osvaldo Barbero y el procurador de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Bof, y la recepción de declaraciones de testigos de los crímenes ocurridos en Rosario en diciembre de 2001.
Los legisladores valoraron en particular el encuentro con Rosúa. "Puso a disposición toda la documentación de las órdenes dictadas a la policía desde el 14 de diciembre de 2001 y dijo que tenía la misma voluntad política en cuanto a llegar hasta las últimas consecuencias y hacer justicia", informó el diputado Di Pollina.
Rosúa comprometió el acceso a los datos "sobre entrada y salida de policías en esos días y sobre provisión de pertrechos" a la fuerza. "No tenemos la expectativa de encontrar una orden directa de represión -por la manera de actuar de los entonces responsables- pero cuando uno investiga minuciosamente se pueden llegar a conclusiones contundentes".
Otro aspecto relevante de la jornada fue la declaración de testigos de identidad reservada. "Aportaron nuevos datos. Uno de ellos nos ha manifestado minuciosamente cómo una de las víctimas que falleció fue ejecutada por un policía en un barrio de Rosario. Vamos a hacer llegar ese testimonio a la Justicia", dijo Di Pollina.
"Los testigos sienten que no tienen garantías para declarar ante la Justicia santafesina -agregó la diputada Walsh-. Nos han comentado que la policía los coerciona constantemente". Los legisladores destacaron asimismo la declaración de Osvaldo Turco, ex delegado del Ministerio de Gobierno en Rosario durante el diciembre trágico, quien hace dos años señaló que el subsecretario Alvarez y Carlos Reutemann mantenían reuniones constantes y a solas durante la convulsión de diciembre.
En los tribunales, el procurador Bof sorprendió a los legisladores con la novedad de que el ex ministro Domínguez y el ex subsecretario Alvarez acaban de ser procesados por la Justicia de Santa Fe en una de las causas donde se investiga su desempeño durante la trágica represión. Según la Comisión Investigadora No Gubernamental, Alvarez volvió a su viejo amor: se desempeñaría otra vez en la Secretaría de Informaciones del Estado (Side), a la que ingresó en 1978, en plena dictadura militar.
"Bof anunció que se abría una nueva etapa, en la cual podrían ser llamados a declarar ex funcionarios", comentaron miembros de la Comisión Investigadora. No obstante, el procurador no convenció a los visitantes. "Dio respuestas de ocasión y demostró que no está comprometido con la averiguación de la verdad sobre estos hechos", sostuvo ante La Capital uno de los diputados nacionales.
La fiscal Elida Rivoira informó a su vez que terminaba de apelar el sobreseimiento de Jorge Saúl Pupulin. El ex jefe de policía de Rosario -aseguró que la Unidad Regional II actuó sin órdenes en la represión- podría transitar nuevamente los pasillos de Tribunales. Tras su retiro de la fuerza, se convirtió en director técnico de Alumni de Soldini, equipo que participó en el reciente torneo apertura de la Liga Interdepartamental de la provincia.
Posteriormente, la comisión se entrevistó con los jueces Osvaldo Barbero y Juan José Alarcón. Los magistrados tampoco dejaron una buena impresión. Según se supo uno de ellos se excusó diciendo que tenía demasiadas causas que atender y tenía su capacidad técnica reducida en un cincuenta por ciento, mientras el otro confesó que "en algunas ocasiones" se sentía "víctima de la policía", en el sentido de que sus órdenes no eran obedecidas.
Uno de los jueces "dijo que para él en cierta manera había influencia política respecto de la policía y por eso estaba atento a las disposiciones del gobierno provincial para pedir o no pedir pruebas", revelaron miembros de la Comisión Investigadora.
El jueves próximo los legisladores presentarán un informe sobre su visita en el plenario de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. "Volveremos a Rosario cuantas veces sea necesario", dijo el diputado Perie. enviar nota por e-mail | | Fotos | | Diputados con el padre de Pocho Lepratti (der.). | | |