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 domingo, 13 de junio de 2004

La violencia contra la mujer, una llaga para Latinoamérica

La IX Conferencia Regional de la Cepal sobre la Mujer concluyó ayer con la aprobación del Consenso de México, en el que se hace un llamado a instaurar medidas que erradiquen la violencia contra la mujer, que "sigue siendo una llaga en América Latina y el Caribe", señaló una alta funcionaria del organismo.

"Hay un desafío que sigue siendo una llaga para la región que tiene que ver con los derechos humanos, la violencia contra la mujer en todas su expresiones", comentó Sonia Montaño, jefa de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

"Otro gran tema pendiente" en la región para que las mujeres vivan mejores condiciones es la creación de leyes relativas al acoso sexual, añadió Montaño.

El Consenso de México, de un total de 10 puntos, insta a "adoptar las medidas integrales necesarias para eliminar la violencia contra la mujer, incluidas la familiar, el abuso y el acoso sexual, el incesto, la explotación sexual, el tráfico y la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, los asesinatos", entre otras de sus expresiones.

Durante los últimos tres días representantes de 35 países de la Cepal, más las de 12 países miembros de la ONU que no pertenecen a ese organismo regional, reconocieron que en la última década se han registrado grandes avances en el ámbito educativo, laboral y educativos, en lo general.

Pero en lo particular hace falta homologar las legislaciones de los países referentes a la legislación laboral porque "en algunos países está fragmentada y hay dificultades en los códigos penales", dijo Montaño.

En México y Chile hay una gran paradoja: "Las oportunidades laborales para sus mujeres no son las que uno supondría dado el desarrollo económico de esos países", agregó.

Uno de los puntos más polémicos durante las discusiones, comentó una fuente presente en el foro que pidió el anonimato, fue el 6, inciso XI, que establece que los firmantes se comprometen a "revisar e implementar la legislación que garantice el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos". (AFP)

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