Editorial

Nuevas alcaidías para Rosario

No existen excepciones a la regla: cada vez que se realiza un relevamiento en torno de los ejes que centralizan las demandas populares en la Argentina, inevitablemente la inseguridad encabeza las listas.

Y uno de los puntos cruciales para resolver el grave problema, de indudables raíces económicas y sociales, continúa siendo el drama de las cárceles: lejos de constituir centros de detención y a la vez de rehabilitación de los reclusos con vistas a una reinserción futura, las prisiones del país se erigen como auténticas escuelas del delito. Quien cae en ellas, por la razón que haya sido, difícilmente se reincorpore a la sociedad con éxito.

Las causas del drama son múltiples y se identifican, fundamentalmente, con el fracaso del Estado. Sólo a él le compete la responsabilidad de garantizar que los centros de detención se ajusten a las necesidades de una coyuntura dificultosa, signada por el auge de la delincuencia y el simultáneo reclamo de la gente para endurecer las penas, que estalló tras el caso Blumberg y ya se cristalizó en modificaciones legislativas. Claro que la inmediata derivación del aumento del rigor es de Perogrullo: sencillamente, se incrementará la cantidad de presos, con una estructura carcelaria que se halla en condiciones patéticas.

En ese marco complejo -que llevará tiempo y dinero mejorar-, la decisión del gobierno santafesino de construir una alcaidía en cada distrito de Rosario debe ser elogiada porque dará respuestas a una situación intolerable: el hacinamiento de detenidos en las comisarías. A partir de que las alcaidías se habiliten, todos aquellos que se encuentren en espera de la resolución de procesos judiciales quedarán alojados en las alcaidías. No resulta necesario recordar cuáles son los inconvenientes que se neutralizarán cuando el proyecto se convierta en realidad: fugas masivas, policías convertidos en guardiacárceles y reclusos en condiciones infrahumanas son apenas una muestra.

Por cierto que es sólo un paso, del mismo modo que la incorporación de ciento noventa nuevos agentes y treinta móviles para la Patrulla Urbana, también anunciada anteayer. Pero esta vez, fuera de dudas, ese paso ha sido dado en la dirección correcta.

Resta ahora, en lo que tal vez se plantee como la deuda más importante, reconstruir la deteriorada confianza de la población en las fuerzas policiales. La voluntad del gobierno nacional es clara al respecto, pero son tan antiguos los vicios -y se hallan tan arraigados- que erradicarlos demandará gran esfuerzo. Se insiste: la mayor responsabilidad es política, y así parece haberlo entendido el Ejecutivo santafesino.