La propuesta de reducir a 14 años la edad de imputabilidad de los menores tiene sus efectos en la educación: habrá mayor exclusión para los adolescentes

La escuela y los menores en conflicto con la ley

Marcela Isaías / La Capital

¿Cómo repercute en la escuela la idea de reducir a 14 años la edad de imputabilidad de los menores? La sospecha de que esta decisión generará más exclusión educativa es casi una certeza para Gustavo Lorenzo, abogado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y especialista en el tema. No duda en afirmar que la escuela bien podría ser un lugar de inclusión para estos chicos que están en conflicto con la ley penal, pero también advierte que "es preciso garantizarles la educación y generar programas para ello". Porque, según considera, "los maestros no están preparados para atender a estos menores, no tienen herramientas para hacerlo". Agrega que la educación por sí sola no cambiará las causas que llevan a un menor a delinquir. Lorenzo, que desarrolla su trabajo de abogado en el Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría, sostiene que antes de cualquier discusión es necesario derribar algunos mitos, entre ellos que "los menores la pasan bien en las comisarías o tienen condenas más light que los mayores".

"A estos mitos hay que cambiarles la cara", afirma Lorenzo ni bien acepta dialogar sobre cómo se relacionan los proyectos de ley de reducir la edad de imputabilidad de los menores con la educación.

"El primero de estos mitos -afirma- es sostener que los chicos tienen un sistema de intervención privilegiado con respecto a los mayores o un sistema penal de castigo mucho más light. Y no es tan así. Los menores en algún punto, en la cárcel o cuando se los detiene, reciben el mismo trato que los mayores. Es decir, el primer contacto con el sistema penal son las fuerzas de seguridad, la policía, y esto corre tanto para un chico de 5 años -basta recordar la noticia de las últimas semanas, cuando se denunció a un niño de esta edad por robar un juguete- como para uno de 17 o un mayor de edad".

"Y esto significa -agrega el abogado- que si se habla de violencia policial la sufren tanto unos como otros. Si hay maltrato, hacinamiento en las cárceles donde quedan detenidos, es igual para los mayores y para los menores", añade.

Pero, además de negar la existencia de este trato "preferencial" hacia los menores, Lorenzo advierte que tampoco hay una reglamentación clara respecto de los menores en conflicto con la ley. "Esta normativa legal -explica- es bastante caótica, sobre todo en relación con las formas o no en que un menor queda sujeto o encerrado en un proceso penal. Esto crea inseguridad jurídica: por un hurto un chico puede quedar detenido días, meses o años; en cambio, una persona mayor sabe que por un hurto no puede quedar detenido".


Convención
Pero hay más. Si bien la Convención de los Derechos del Niño -a la que adhiere la Constitución argentina- es clara y prohíbe la detención de menores, lo cierto es que aquí aparece otra cuestión señalada por el abogado y es la falta de una defensa técnico-legal apropiada. Algo que padecen en la Argentina mayores y menores por igual. Y que la Justicia está desbordada y no se investigan las causas a fondo.

A la hora de describir cómo se relacionan leyes y menores en la Argentina, Lorenzo es contrario a la idea de copiar el modelo de Estados Unidos y aplicar las mismas penas a un menor que a un mayor. "Se trata de la personalidad de un chico en crecimiento, no se puede aplicar el mismo castigo que a una persona mayor de edad", afirma.

Para Lorenzo este es el momento de preguntarse si los castigos sirven para algo, porque lo que terminará pasando -advierte- es que "estos sistemas constituirán nuevas formas de eliminar sectores sociales de la comunidad, de seguir la lógica de la exclusión".

"Es un mito que los menores la pasan bien en las comisarías o tienen condenas más light", afirma Lorenzo.