La propuesta de reducir a 14 años la edad de imputabilidad de los menores tiene sus efectos en la educación: habrá mayor exclusión para estos adolescentes

Unicef recuerda la vigencia de los derechos del niño

"A los menores se les deben dar todas las garantías del debido proceso". La representación de Unicef en la Argentina advirtió que aplicarles a los menores de 18 años las mismas normas penales que a los mayores es contrario a la Convención de los Derechos del Niño y por ende "inconstitucional". Tanto esta contundente afirmación como un análisis al respecto fueron publicados en la edición del 10 de mayo pasado por el diario "Río Negro" (de General Roca).

Según se destaca en el artículo del diario del sur, dicha manifestación cobra especial vigencia teniendo presentes los proyectos de ley -como los que impulsan el senador nacional Miguel Pichetto y la diputada Mirta Pérez- consistentes en reducir la edad de imputabilidad a los 14 años.

La agente para la reforma legal de la Unicef, Gimol Pinto, explicó que una medida de ese tipo sería "inconstitucional" pues la reforma de 1994 incorporó a la Constitución dicha Convención, así como los tratados internacionales suscriptos por el país.

El texto de las Naciones Unidas postula una edad mínima por debajo de la cual el Estado debe renunciar a su facultad punitiva, y una intermedia (entre 14 y 18 años) en que debería establecerse un sistema de responsabilidad penal especial para adolescentes.

En este último caso se prescribe utilizar las medidas privativas de la libertad recién como último recurso para delitos graves, haciéndolas cumplir en institutos especializados, posibilitando a veces salidas periódicas.

La Convención dispone que para los menores, de ser posible, se sustituya la privación de la libertad por amonestaciones o prestación de servicios a la comunidad.

En la práctica, los menores de 16 años son punibles en el grueso de los casos; el proyecto oficial permite que se los alcance en todos los delitos que tengan una pena mínima de dos años, por lo que "al haberse incrementado las sanciones por las últimas reformas legislativas se extendería mucho más el radio de punibilidad", explicó la representante de Unicef durante una jornada organizada por la asociación Periodismo Social y de la que participó el diario que difunde este análisis.

La especialista agregó que tanto las reglas de Naciones Unidas como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que deben darse a los menores todas las garantías del debido proceso: poder designar abogado defensor y reclamar otras medidas procesales (como la sustitución del reclutamiento por la probation), lo que muchas veces se les niega bajo el argumento de que no están sometidos al sistema penal común, sino al tutelar. Los tratados internacionales prohíben que en cualquier caso los menores cumplan una condena en los mismos establecimientos que los mayores; en tanto nuestra Constitución delega en las provincias el modo de aplicación de las penas.

Gimol Pinto también calificó de "inconstitucional" y "regresiva" la reclusión perpetua que en diez causas le fue aplicada a menores dentro de nuestro país (cinco en Buenos Aires, tres en Mendoza, uno en Catamarca y otro en la provincia de Santa Cruz).

La experta fundamentó su postura y la de la Unicef en que la Convención de los Derechos del Niño determina que en casos de menores las penas deben ser de la "mínima duración posible", remarcando el carácter "excepcional" de la pena de privación de la libertad, por "el tiempo más breve que proceda".

"La pena más breve de la que habla la Convención -agregó Pinto- nunca puede ser eterna como es sancionar a perpetuidad", deslizó.

La penalista dijo que es una idea falsa y desvirtuada que en nuestro país los menores que cometen delitos entren por una puerta y salgan por la otra. "No es así, en la provincia de Buenos Aires hay 8.500 internos y en la Capital Federal alrededor de un millar".

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Infancia del Colegio Público de Abogados, Emilio García Méndez, afirmó en un artículo que después de la condena perpetua aplicada a un menor por un tribunal de casación penal en 1999 en Argentina se abrió la puerta a una "irracional política represiva".