Otro juez para un caso de presunto gatillo fácil

Juan José Pazos delegó la causa de David Juárez, un chico de 16 años muerto por policías, a los que sobreseyó.

El juez de instrucción Nº8, Juan José Pazos, decidió excusarse en el caso de la muerte de David Juárez, un chico de 16 años que fue baleado por un policía en julio de 2000, en el barrio Parque Casas. El magistrado se pronunció de esta manera luego de que el representante de la familia del joven fallecido pidiera que quedara al margen de la investigación. Pazos rechazó la recusación y sostuvo que no podía continuar investigando el episodio aduciendo la "violencia moral" que ejercieron, según él, los parientes de Juárez sobre su investidura.

El expediente pasó ahora al juzgado de instrucción Nº9, a cargo de Carlos Carbone, quien debe decidir primero si acepta el planteo judicial de Pazos luego de estudiar el caso. En el caso de que rechace investigar el episodio, un tribunal de alzada resolverá qué magistrado tomará el expediente.

Pazos firmó la resolución anteayer luego de que el abogado de la familia Juárez, Norberto Olivares, presentara la semana pasada la recusación del magistrado. El letrado solicitó el apartamiento porque afirma que el juez tiene un patrón de conducta idéntico con los denominados casos de "gatillo fácil". En el pedido recuerda que en dos ocasiones cerró causas similares sin indagar a los policías involucrados ni aceptar pruebas que contrariaban las versiones que hablaban de muertes en enfrentamientos a pesar de la existencia de testigos que referían ejecuciones sumarias.

Olivares argumentó además que, por la arbitrariedad en esas pesquisas, en dos oportunidades la Cámara de Apelaciones tuvo que ordenarle que reabriera esos casos porque los supuestos enfrentamientos, que el magistrado consideraba acreditados, no quedaban probados.

En la muerte de David Juárez están involucrados dos policías del Comando Radioeléctrico: el sargento Claudio Thedy, que gatilló el balazo mortal y está preso por otros dos homicidios (ver aparte), y el agente Diego Spinelli. Ambos policías estuvieron a cargo de la patrulla que el 2 de julio del 2000 se dirigió hasta Cavia y Sorrento luego de recibir la noticia de que un grupo de jóvenes estaba desmantelando un auto. Los vecinos del barrio aseguraron que los muchachos se desbandaron al llegar el móvil y que David recibió el tiro en el pecho al entregarse con los brazos en alto.

Después, denunciaron, se armó la escena de un tiroteo. La policía sostuvo que se trató de un enfrentamiento. Aceptando esa hipótesis, el juez Pazos sobreseyó a los dos efectivos por el agotamiento de los plazos procesales. Pero tres jueces de la Cámara de Apelaciones revocaron la medida con el argumento de que en el caso hay muchas dudas y que la investigación no está agotada. Por eso le ordenaron a Pazos que realice una pericia balística y una reconstrucción del hecho en torno al relato de una testigo clave, Graciela Núñez.

En el pedido que Olivares presentó ante Pazos para que se aparte del caso, mencionó el trato "agresivo y peyorativo" recibido por la mujer cuando declaró. Sostuvo que esa "evidente animosidad" se agravó cuando se le abrió a la testigo una causa por presunto falso testimonio. En el escrito, el letrado también afirmó que se desestimaron las pruebas pedidas por los familiares de la víctima. Y que se criminalizó al muchacho fallecido al calificar de "derrotero delictual" lo que hizo la noche anterior a su muerte cuando no hay constancias de ello.

En otro punto reprochó el lento ritmo de la investigación y la decisión judicial de desvincular a los policías con "una errónea apreciación de los hechos y la prueba". Ese comportamiento del juzgado, dice Olivares, es el mismo que se adoptó en otro supuesto caso de "gatillo fácil": el de la muerte de Walter Caballero, de 19 años, y Andrés Velásquez, de 14, en un presunto enfrentamiento en el barrio Villa Manuelita, el 26 de septiembre de 1999.

La causa se cerró el mes pasado sin que se aclararan los hechos. Pazos sobreseyó por falta de pruebas a los dos uniformados implicados. La Cámara le indicó que esa resolución era errónea y ordenó profundizar la pesquisa. El tiempo pasó y el magistrado dicto un segundo sobreseimiento por el vencimiento de los plazos procesales. La Cámara lo convalidó porque era técnicamente correcto.