Guerra de cifras entre el gobierno y las privatizadas

El gobierno, apoyado en estudios de instituciones académicas y de organismos de control, insiste en que las empresas herederas de la ex Gas del Estado no cumplieron con las inversiones comprometidas, pese a que las concesionarias aseguran haber destinado desde 1993 a la fecha unos 3.400 millones de dólares más de lo que estaban obligadas.

Una de las fuentes de la posición oficial es la profusa documentación aportada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) al Ministerio de Planificación Federal.

Los análisis elevados al ministro Julio De Vido aseguran que la reticencia inversora provocó "el consiguiente incumplimiento de los índices y normas de calidad exigidos, del nivel de extensión de la cobertura, de los compromisos de universalización de la expansión de los servicios, etcétera".

Flacso confrontó los incumplimientos con el elevado margen de rentabilidad promedio, que en el caso de las empresas de gas fue de aproximadamente el 17 por ciento del patrimonio en 1993-99.

Las empresas del sector, agrupadas en Adigas, replican que desde 1993 invirtieron 8.264 millones de dólares, de los cuales 3.218 millones se ligaron al proceso de privatización, ya que se destinaron a la compra de activos.

La asociación puntualizó que la inversión obligatoria, de 496 millones de dólares según los respectivos contratos, se cumplió en exceso, ya que se realizaron además obras de infraestructura de carácter voluntario por 3.404 millones y, en forma adicional, se aplicaron 1.146 millones de dólares para gasoductos de exportación en el territorio nacional.

Esas cifras, sin embargo, son cuestionadas desde el gobierno, con base en otro conjunto de estudios sobre el comportamiento de las compañías del sector energético en 1993-2003, realizados por la Auditoría General de la Nación y elevados en febrero a los ministros De Vido y Roberto Lavagna.

Uno de esos análisis asegura que ni siquiera se puede comprobar la veracidad de la información de las compañías, ya que "el procedimiento administrativo utilizado por el Enargas para documentar el control y seguimiento de las obligaciones de cada licenciataria resulta confuso".

La Auditoría comprobó además que las concesionarias incluyeron entre las inversiones "rubros" y "gastos" que deberían haber sido cuestionados, así como también "valores poco razonables", y la sobrevaluación de materiales.