Terrorismo en El Pozo

Juan Luis Cebrián / El País (Madrid)

Para los huérfanos de Mayo del 68, el Pozo del tío Raimundo sigue siendo un lugar emblemático. Desde una chabola de aquella barriada de aluvión, construida vergonzantemente con casas de lata levantadas durante la noche, a hurtadillas de la Guardia Civil, el jesuita padre Llanos encabezó valientemente el movimiento de los curas obreros de Madrid, oponiéndose a la opresión de la dictadura y desafiando las directrices pastorales del episcopado, tan acomodaticias con ella. El "Pozo" fue, durante años, símbolo de la protesta sindical contra el abuso del franquismo y de la lucha por las libertades, protagonizada por miles de inmigrantes que llegaban a Madrid desde las provincias en busca de un futuro mejor para sus hijos. Ese futuro se hizo en parte realidad, y aquel barrio obrero y marginal acabó convirtiéndose en una zona habitada por las clases medias de una España que se abría a la democracia al final de la década de los setenta. Sus calles, antes sin empedrar, habían sido testigo durante décadas de una historia de marginación y miseria, pero también de heroísmo militante por la democracia.

El jueves ese heroísmo volvió a encarnarse en el horror y la vergüenza padecidas por culpa de la salvaje agresión del terrorismo. Cuando cerca de doscientos féretros dan testimonio de la sinrazón de los asesinos que han sembrado el terror en nuestra capital, resulta imposible acercarse a cualquier análisis que pretenda, superando el dolor y la estupefacción de que somos presa, intentar una explicación de los hechos: de las motivaciones de la canalla que los ha perpetrado y de la respuesta que las instituciones democráticas y las fuerzas políticas deben dar a la amenaza insidiosa y letal del terrorismo. Pero solo una reflexión serena por parte de autoridades y líderes sociales permitirá la persecución y castigo de los asesinos, y facilitará la implementación de medidas que garanticen a un tiempo la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Nuestras opiniones han de construirse, así, utilizando materiales muy delicados y sensibles, que afectan a la conciencia de las gentes, a sus emociones y sentimientos, y a sus más arraigadas convicciones. No pueden verse ofuscadas, empero, por la consternación y la amargura que legítimamente nos embarga.

Los atentados en cadena cometidos superan con creces, en crueldad y miseria moral, a cuantos nuestro país ha padecido hasta ahora. Las bombas fueron colocadas en medios de transporte público atestados de viajeros, y estaban destinadas a hacer explosión en una hora punta en la que miles de personas se dirigían a la escuela o al trabajo. Nadie avisó de su existencia, contrariamente a lo que en otras ocasiones habían hecho los activistas de ETA, por lo que es evidente que no tenían otro fin previsible que el de causar el mayor número de víctimas, de forma indiscriminada y brutal. Si tenemos en cuenta que la propia ETA ha asesinado a ochocientos veinte españoles en el curso de los últimos treinta y cinco años y que el jueves bastaron diez minutos para sumar casi dos centenares más de nombres a tan siniestra lista, se comprenderá fácilmente que, caso de ser culpable la organización vasca, nos enfrentaríamos ante un salto cualitativo en la estrategia y fines de los terroristas. Una estrategia en la que ya no bastaría la violencia como medio de atraer la atención pública sobre sus reclamos de cualquier género: la muerte se ha convertido en un fin en sí mismo. Pero, pese al estremecedor balance de sangre, y al hecho indudable de que quienes han perdido la vida o han sido brutalmente mutilados y heridos merecen, junto a sus familiares y allegados, la mayor solidaridad y la expresión de lo mejor de nuestros sentimientos colectivos e individuales, conviene no perder de vista el mensaje fundamental que las bombas nos transmiten. Por encima del destrozo causado en vidas humanas, ilusiones rotas y familias destruidas, más allá de tantos proyectos truncados, tanta tristeza y dolor como ya han sido capaces de provocar, el objetivo final de las acciones terroristas constituye, paradójicamente, el destino de los supervivientes, es decir, el de toda la sociedad española. De lo que se trata es de generar una situación de inseguridad y pánico, de vulnerabilidad, entre los ciudadanos, que permita la extorsión sobre el poder político y el debilitamiento de las instituciones. Por lo mismo, y pese a la enormidad del drama que vivimos, debemos aprender a sobreponernos y a pensar. Y deben hacerlo, más que nadie, aquellos que tienen la responsabilidad de conducir este país y la confianza de los electores para hacerlo.

La eventualidad de que el atentado sea obra de grupos fundamentalistas islámicos ligados a Al Qaeda flotó el jueves como un fantasma en todos los comentarios de los círculos políticos y periodísticos. El gobierno fue rotundo en sus desmentidos a este respecto, aunque ni el rey ni el presidente del gobierno citaron a ETA en sus primeras alocuciones al país. Si se confirma que hay elementos del radicalismo islámico ligados a los hechos, será también lícito sospechar que se ha manipulado la información desde instancias oficiales. La bárbara presión a la que el terrorismo etarra ha sometido a este país durante décadas explicaría, en cualquier caso, la inmediata atribución a sus bandoleros de los hechos por parte de las autoridades, incluidas las del gobierno de Vitoria. Por lo demás, el análisis político de un ataque de Al Qaeda a nuestro país y a Europa conllevaría consideraciones añadidas muy preocupantes, habida cuenta del protagonismo de José María Aznar y su gobierno en la reunión de las Azores que decidió la invasión de Irak. Pero incluso si ETA no hubiera estado detrás de los atentados, la condena de sus métodos criminales y las reflexiones sobre el comportamiento de nuestra sociedad frente al fenómeno terrorista continuarían vigentes.

En trance tan atribulado como el que vivimos, la totalidad de las fuerzas políticas ha llamado, como es lógico, a la unidad frente a la violencia. Una convocatoria así, como la de la manifestación de esta tarde, no tiene empero ningún sentido si los partidos y las diferentes representaciones sociales no son capaces de hacer su propio examen de conciencia sobre los múltiples errores cometidos en el pasado reciente. Si el deseo de unidad es generalizado se debe, entre otras cosas, a que semejante anhelo se ha visto demasiadas veces truncado por las actitudes facciosas, los intereses particulares y las ambiciones oportunistas. No se trata ahora de darse golpes de pecho ni de acusar a nadie con el dedo, pero es preciso pedir más generosidad y grandeza de ánimo a quienes, llevados por la vehemencia del carácter o el ardor de la expresión, han convertido el terrorismo y sus secuelas en campo de batalla e instrumento a utilizar en la liza por el poder o el protagonismo social.

Los cuerpos ensangrentados de cientos de inocentes, y los millones de víctimas en los que nos hemos convertido todos los españoles, así lo demandan.

En medio de esa reflexión global a la que nuestros ciudadanos tienen derecho, y mientras se aclaran la autoría y circunstancias del salvaje ataque, los medios de comunicación no podemos permanecer ausentes ni llamarnos a andana. Sabemos desde hace tiempo que si hay algo que caracterice a los movimientos terroristas de cualquier signo es su deseo de notoriedad o de publicidad de sus actos. Umberto Eco ha llegado a afirmar que "el terrorismo es un fenómeno de la época de los medios de comunicación de masas. Si no hubiera medios masivos no se producirían estos hechos destinados a ser noticia". Cualquier interpretación de lo que sucede que se aparte de esa comprensión no contribuirá a facilitar la búsqueda de soluciones. La sociedad mediática es, por lo mismo, aliada principal y víctima preferente del terrorismo moderno, pues de lo que éste trata es de someter a la opinión pública a la dictadura del terror, la desconfianza y el miedo. A la luz de semejantes consideraciones, y al margen cualquier otra responsabilidad de los dirigentes políticos, los periodistas nos tenemos que preguntar sobre la nuestra propia. La Asamblea del Consejo de Europa, en una resolución de 1979 estableció que "los medios de comunicación, cuando dan cuenta de acciones terroristas, deben aceptar un cierto autocontrol para establecer un justo equilibrio entre el derecho público a la información y el deber de evitar ayudar a los terroristas". Líderes tan dispares como Margaret Thatcher o Felipe González han pedido que no se proporcione al terrorismo "el oxígeno de la publicidad", en palabras de la antigua primera ministra británica. Siempre he pensado que eso nos obliga a los medios a tratar el fenómeno terrorista con idéntico o mayor rigor, profesionalidad y deseo de servir a la verdad que debe animarnos en cualquier otra instancia. Una regla de oro es la comprobación de datos y la preocupación por servir el interés de quienes nos leen y nos escuchan. Y me pregunto, demasiadas veces lo he hecho, si desde ese punto de vista es lícito y lógico que la imagen de dos indeseables encapuchados haya inundado durante días las pantallas de nuestras televisiones, poniendo en jaque a nuestra joven democracia. La utilización sectaria del dolor de las víctimas y sus allegados, el recurso a la truculencia, con desprecio a los derechos inalienables de quienes padecen más directamente la agresión letal de esos criminales, la repetición innecesaria de imágenes que reiteran la desolación y el dolor en que se ven sumidos tantos ciudadanos, son otros ejemplos de deformaciones en las que incurrimos los medios de comunicación.

La enormidad de lo sucedido en Madrid debería servir para que procuráramos una meditación colectiva sobre estas actitudes. Muchos gestos guiados por la benevolencia y el deseo de colaboración pueden, en ocasiones, contribuir sutilmente a extender ese ambiente de desconfianza y desánimo que los criminales tratan de provocar. Las declaraciones de varios de quienes padecieron ayer en su propia carne los efectos de los atentados, en el sentido de pedir a los políticos "que hagan algo", pueden verse justificadas por la natural crispación del momento, pero es justo reconocer que todos los gobiernos de la democracia han puesto un empeño singular en este combate, y que numerosos funcionarios del Estado han pagado hasta con su vida la defensa de las libertades de todos. Por lo mismo es necesario insistir en que esa unidad que tantos piden solo podrá lograrse desde el abandono de las posiciones partidarias y desde un respaldo inequívoco a la independencia de los jueces y al aparato policial y represivo del Estado. Igualmente es necesario el restablecimiento del consenso en nuestra política exterior. Sin una administración de justicia poderosa y unánimemente respetada, y sin una colaboración internacional basada en la legalidad, serán inútiles cuantos esfuerzos se hagan contra la existencia del crimen organizado. Hemos visto que, en países de inmensa tradición democrática, las secuelas de un hecho tan horrible como el derribo de las Torres Gemelas han minado la credibilidad y el aprecio de instituciones centenarias, básicas para la continuidad del sistema de libertades. Esto es algo sobre lo que debe reflexionar el gobierno que salga de las urnas el próximo domingo, precisamente para evitar incurrir en errores ya conocidos.

Por lo demás, la única arma que los ciudadanos tenemos en nuestras manos, el único resorte eficaz para oponernos a la barbarie de la que hemos sido objeto, es precisamente la de nuestro voto. Un buen funcionamiento, eficaz y legal, de la policía y los jueces es el mejor de los pactos que contra el terrorismo puede exhibir este país, y eso solo puede lograrse con instituciones fuertes, inmunes al chantaje, más preocupadas por el servicio a los ciudadanos que por el disfrute del poder. Contra los enemigos de la democracia, la única respuesta posible es más democracia. Algo que, como he tenido ocasión de decir en un reciente ensayo, no constituye la solución de nada pero es, en cambio, la condición para todo. Que eso sea cada vez más posible está felizmente en nuestras manos y podemos demostrarlo acudiendo a votar mañana. Para que el sacrificio de la antigua barriada obrera del Pozo del Tío Raimundo, de los muertos en Atocha y Santa Eugenia, de los inmigrantes, trabajadores, estudiantes, niños y ancianos que han perdido la vida a manos de un fanatismo criminal, no caiga en el vacío.