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 sábado, 13 de marzo de 2004

Deuda: el juez Griesa descongeló las cuentas del Correo Argentino
Dijo que los bonistas que pidieron el embargo no demostraron que esos fondos fueran del Estado

El juez federal de Nueva York Thomas Griesa revocó la inhibición que pesaba sobre una cuenta de 11 millones de dólares de la firma Correo Argentino SA, al entender que los acreedores que pidieron el embargo no pudieron demostrar que ese depósito perteneciera al Estado argentino. De todos modos, los fondos seguirán congelados por orden del juzgado argentino que entiende en el proceso de quiebra de la firma que había sido operada por el grupo Macri.

"Las restricciones y las restricciones temporales han sido levantadas", se expresó en un fallo de la corte del distrito sur de Nueva York. Según el texto, el tribunal encontró que "los querellantes no han cumplido con la responsabilidad de establecer que la República de Argentina tiene un interés ligado a esas cuentas", dijo el texto del juzgado.

Griesa dispuso que "las órdenes de aviso de restricción e inhibición temporal son revocados", así como las "demandas por derecho de ejecución de embargo preventivo sobre las cuentas".

Griesa había congelado 11 millones de dólares en cuentas en los bancos Lehman Brothers Holdings y BNP Paribas, a pedido de una compañía uruguaya con 555.000 dólares en bonos.

La inhibición preventiva había sido dispuesta por Griesa el 13 de febrero pasado, un día después de que el fondo de inversión estadounidense Macrotecnic le solicitara el embargo de las dos cuentas, en las que aquella firma tiene depositados en conjunto 11,5 millones de dólares.

Macrotecnic, representado por el abogado argentino Guillermo Gleizer, adujo tener bonos argentinos en default por 550.000 dólares nominales.

El abogado fundó su reclamo en dos supuestos: uno, que al haber sido revocada la concesión que tenía Correo Argentino SA, sus bienes residuales pertenecerían al Estado argentino, actualmente a cargo del servicio postal.

El otro, que, en el caso de que los fondos pertenecieran efectivamente a la ex concesionaria, serían pasibles de embargo en virtud de una deuda mucho mayor que le reclama el Estado.

Griesa dispuso la inhibición preventiva de los fondos hasta tanto tuviera elementos para resolver definitivamente la cuestión.

Cuatro días después de haber decidido la inhibición preventiva, el juez recibió pedidos similares de embargo sobre las mismas cuentas de parte de cuatro firmas (Latinburg, Denchu Investment Corporation, Panamel y Million Air Corp.) y de cinco particulares (Guillermo Franco, Rafael Franco, Luisa Franco, Hernán López Fontana y Mariana Mori de López).

En sus descargos, tanto la representante legal del grupo Macri (accionista mayoritario de Correo Argentino SA), Silvia Bolatti, como los abogados de la firma estadounidense Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que defiende al Estado argentino, argumentaron que los depósitos pertenecen a una empresa privada que atraviesa un proceso de quiebra y que no tiene un solo acreedor, de modo que no debía considerarse que ese dinero iría a parar automáticamente al erario.

La posición fue respaldada por una declaración que el secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur, remitió a Griesa y que éste incluyó como anexo de su resolución de ayer.

En ella, Madcur reseñó la relación entre el Estado nacional y la empresa privada Correo Argentino, y afirmó que aquel "no tiene poder para decidir la disposición de los fondos en esas cuentas". Por otra parte, explicó que "bajo la legislación argentina, el único cuerpo con autoridad sobre las cuentas es el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No 9, que debe administrar esos fondos de acuerdo con la ley de concursos y quiebras de la Argentina".

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