La idea del gobierno tendrá media sanción el martes en la Cámara alta

Asoma la reforma laboral en el Senado

No se descarta que también los diputados iluminen esta semana la anulación de la escandalosa ley "Banelco"

El Senado dará este martes media sanción a la derogación de la sospechada reforma laboral aprobada durante el gobierno de la Alianza y en el nuevo texto se volverá a reducir el período de prueba, se restablecerá el preaviso y la ultraactividad y se incentivará a las pymes a contratar personal. La Cámara de Diputados podría completar la aprobación del nuevo texto también en esta semana o, a lo sumo, la próxima según el consenso que el oficialismo logre con la oposición, que tiene que facilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto.

Para ir preparando el terreno, la comisión de Trabajo y Previsión del Senado, que preside el radical Carlos Prades, se reunirá antes de pasado mañana para emitir dictamen, trámite que se cumpliría con la firma en disidencia parcial por los miembros de la UCR. Aunque no hay dudas sobre el apoyo a la iniciativa del oficialismo, que controla la comisión y es mayoría en la Cámara, el bloque justicialista se reunirá a las 18 para discutir internamente algunos aspectos de la ley.

Especialmente, en el bloque hay discrepancias con relación al corte que hace el proyecto para definir a las pymes (toma las empresas de hasta 80 trabajadores) y sobre las facultades que otorga al Ministerio de Trabajo para realizar inspecciones del trabajo en todo el territorio nacional.

Este último punto genera preocupación en los gobiernos provinciales, tal como quedó planteado durante la ronda de consultas sobre el proyecto que organizó la comisión de Trabajo.

Allí, el presidente del Consejo Federal Laboral, el secretario de Trabajo de Santa Fe, Walter Gálvez, reveló que la cartera laboral prometió darle participación a las provincias en la reglamentación de la ley, de modo de disponer que la presencia de la Nación en las inspecciones sea a pedido de las jurisdicciones locales.

Sin embargo, la cuestión levanta polvareda en el sector oficialista.

La posición del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dejó claro que el PEN apuesta a que el Senado no modifique el proyecto, lo cual quita margen de maniobra al PJ para hacer retoques al texto.

Con respecto de la ley actual, el proyecto del PEN vuelve a reducir de 180 a 90 días el período de prueba, restablece la figura del preaviso (15 días) y la integración del mes de despido en la indemnización, que tendrá una garantía mínima de un mes de sueldo como reparación cuando el empleado es echado sin causa.

A su vez, el artículo sexto indica que las empresas que empleen hasta 80 trabajadores tendrán, por un año, una reducción de sus contribuciones por cada trabajador que ingrese hasta el 31 de diciembre de 2004.

Un punto que resulta muy caro al sindicalismo es el restablecimiento de la ultraactividad que dejó sin efecto la ley votada en el gobierno de Fernando de la Rúa, pero mantiene la tipificación de los servicios esenciales que los gremios deben mantener en caso de huelgas.

En cuanto a las empresas, cuando tienen más de 300 trabajadores la norma las obligará a presentar un balance social anual.

En la ronda de consulta realizada en la comisión de Trabajo hubo consenso sobre la necesidad de derogar la ley sospechada, pero sindicalistas y empresarios marcaron sus diferencias respecto del período de prueba e indemnizaciones, si bien ambos sectores tomaron el proyecto como un paso previo a la reforma mas profunda e integral que lanzaría el gobierno más adelante.

Tomada espera que respeten el proyecto original.