Los internos reiteran que existe un estado de terror alentado por la guardia

Incesantes denuncias judiciales contra la custodia penitenciaria de Coronda

Unas 50 personas pidieron protección para dos presos que fueron testigos de la muerte de otro, golpeadobrutalmente por un empleado. En otro caso, entregaron pruebas de que existió represión armada a los reclusos

Familiares de un preso muerto en un motín en la cárcel de Coronda manifestaron en la entrada a la alcaidía de los Tribunales rosarinos para que se traslade a una dependencia ajena al Servicio Penitenciario (SP) a dos internos que fueron testigos de esa muerte porque temen por su seguridad. Mientras eso ocurría, en la ciudad de Santa Fe otros dos reclusos de la misma penitenciaría presentaron un hábeas corpus pidiendo su traslado urgente porque, según denunciaron, no reciben asistencia médica de las heridas que les dejó el motín de la semana pasada y temen agresiones de parte de los guardiacárceles. Es que los mismos detenidos entregaron a la Justicia las balas y cartuchos que quedaron en el pabellón luego del incidente, "como prueba de la agresión armada contra los internos".

Las conocidas ayer son parte de una correntada de acusaciones acrecentadas desde el 9 de febrero pasado, cuando se desencadenó un motín en Coronda. Los internos señalaron a sectores la guardia por promover los alzamientos para, luego de los destrozos, justificar la represión y favorecer a algún grupo de funcionarios con fracciones de fondos oficiales destinados a las reparaciones. Y de aterrorizar a los internos con vejámenes y violencia.

La concentración de ayer en Tribunales sumó a unas 50 personas que se agolparon frente a la esquina de Montevideo y Moreno, donde se produce el ingreso de presos al subsuelo del edificio, y exigieron el traslado inmediato de los internos Marcelo Quiroga y Sergio Piris a un penal donde no estén a cargo de agentes penitenciarios. Estos presos fueron dos de los 55 heridos que dejó la última revuelta del 9 de febrero pasado en la cárcel de Coronda. El 27 de septiembre del año pasado, ambos presenciaron la muerte del interno Lisandro Pellegrina, golpeado salvajemente y pateado en el piso durante un motín por personal del SP.

"Piris es un testigo ocular en la causa de mi sobrino y los agentes lo provocan para que reaccione. En Santa Fe presentamos un habeas corpus pidiendo por favor que lo trasladen a una comisaría. Pero lo llevaron a la Unidad 3 y estamos en lo mismo: lo siguen verdugueando y tenemos miedo de que les pasen cosas dentro del penal", reclamó un tío de Pellegrina en declaraciones a LT8. El hombre añadió que los dos testigos, Piris y Quiroga, debían ser trasladados ayer a Tribunales a pedido de sus abogados, pero no los llevaron "porque están muy golpeados".

Al respecto el director del SP, Fernando Rosúa, señaló a La Capital que están gestionando, con los jueces a cargo de sus causas, un traspaso de los dos internos a una dependencia policial.

Al mismo tiempo, en los tribunales santafesinos se presentaron dos hábeas corpus patrocinados por la abogada Patricia Hidalgo en favor de otros dos reclusos heridos en el último motín: Juan Alberto Pérez y Hugo Alberto Peralta. Estos internos fueron testigos de las intimidaciones que sufrió Piris por haber declarado en la caso Pellegrina y en consecuencia también recibieron amenazas recientes de sufrir "un mal grave e inminente".

Pérez, alojado en el pabellón 3 de Coronda, se encuentra con una grave lesión en la espalda por la que, denunció, no recibe asistencia médica. "Presenta dos lesiones con pérdida de tejido subcutáneo y masa muscular, de las cuales drena sustancia purulenta, en la región posterior del tórax", puntualiza el escrito. Asimismo, cuenta con impactos de balas de goma desde el último motín, tras el cual "se agravaron sus condiciones de detención".

En consecuencia, tanto este recluso como Peralta requirieron ser traslado en forma urgente a dependencias ajenas al SP, donde "su condición de internos los torna pasibles de vejámenes y tormentos".

Por otra parte, ambos presentaron ante el juez que investiga el motín las municiones que recogieron en la celda y el pabellón, como prueba de la "agresión armada contra internos indefensos". El director del SP sostuvo que tras el recurso se dispuso el control médico de Pérez y Peralta, pero aclaró que su traslado está supeditado a la decisión que tome el juez de Instrucción Nº 3, quien debe resolver el hábeas corpus correctivo. Mientras tanto, Rosúa anunció que se encuentra en elaboración un programa para la protección de testigos que permita alojarlos en dependencias no controladas SP en casos como éste.

La imagen del 27 de septiembre pasado, cuando se anunció la muerte de Pellegrina.