Prostitución y rufianismo. Un vacío legal que favorece el proxenetismo

Una red de corrupción montada en la falta de reglamentaciones

Los locales "cerrados" funcionan bajo la esquiva mirada de quienes deberían controlarlos

Afirmar que en la ciudad de Rosario hay prostitución es una verdad de Perogrullo. Sostener que el debate en torno a la oferta sexual surgió a partir del crimen brutal e impune de Sandra Cabrera, es faltar a la memoria. Desentrañar qué se esconde detrás del negocio del sexo es, al menos, interesante. No se trata de hacer juicios morales ni pacatos sobre un trabajo que es sostén de muchos hogares rosarinos sino de entender la necesidad de reglamentar lo que hoy está prohibido para cortar de esa forma la cadena de corrupción que se eslabona hacia quienes deberían aplicar las normas y nutre cajas negras. De discutir la legalización de un servicio para así dotar a quienes lo prestan de una moderna herramienta de contención y, a quienes tienen el poder de contralor, de un arma para penar a quienes incumplan lo establecido. Se trata, en síntesis, de correr el velo de los ojos que no quieren ver para así asumir una realidad que pide a los gritos un marco regulatorio.

Desde el 1º de enero de 1933, cuando en Rosario entró en vigencia la ordenanza que prohibió los prostíbulos, han pasado nada más y nada menos que 71 años. Y como se sabe, en ese tiempo mucho ha cambiado. Menos, las normas que regulan la prostitución. El penalista Dardo Racciati, ex decano de la Facultad de Derecho dijo que los artículos que penan la prostitución escandalosa, el travestismo y la ofensa al pudor "son tipos penales muy abiertos, que no constituyen una gran garantía para los ciudadanos y permiten una interpretación muy laxa por parte de quienes deben controlar su cumplimiento".

Es precisamente esa interpretación laxa la que, hasta el crimen de Sandra Cabrera, daba aire a la policía para extorsionar a las trabajadoras sexuales de la calle que muchas veces terminaban tras las rejas por no poder o no querer pagar en dinero o favores sexuales su presunta oferta "escandalosa". Y es lo que ahora, desde Ammar y distintas ONG se intenta corregir con la eliminación de los artículos cuestionados en el Código de Faltas. "La prostitución no es delito y la figura de prostitución escandalosa presente en el Código de Faltas sólo sirve a la policía como excusa para reprimir a las mujeres de la calle, por ello debe ser eliminada", sostuvo la especialista en género Susana Chiarotti.

Pero cuando se sale de la calle para internarse en locales, casas o departamentos regenteados en los cuales se ofrece sexo, la historia es otra. Claro, allí no hay "oferta escandalosa". Estos lugares cerrados también funcionan bajo la esquiva mirada de quienes deberían controlarlos y sus aportes nutren las cajas negras. "Un lugar de primera línea está pagando unos 10 mil pesos mensuales a la policía para poder continuar con sus actividades", confió un allegado al negocio.

Como en otras tantas áreas del quehacer, la realidad parece superar a las normas (no a la fantasía). Quizás sea la hora de ponerse a pensar en un verdadero marco legal y regulatorio para una actividad que lo requiere. Que quienes trabajen en la calle lo hagan bajo condiciones de salubridad e higiene debidamente establecidas y sin entrar en conflicto con los vecinos. Y que los locales cerrados estén correctamente habilitados y clasificados por categorías, que en vez de pagar canones a la policía cumplan con sus impuestos como tales, que contraten libremente y no bajo coerción a sus trabajadoras y que éstas ejerzan en condiciones dignas e higiénicas y en el marco de pautas laborales justas.

Advierten que hay prostitutas que viven casi encerradas.