El Grupo de los Siete redobló la presión para reestructurar la deuda

Ordenan la primera inhibición de bienes y el gobierno la minimiza

Lavagna calificó como "irrelevante" la decisión de un juez que afecta a propiedades militares en EEUU

Mientras el gobierno aseguró ayer que las inhibiciones dispuestas por un juez estadounidense sobre activos argentinos en ese país, son "irreverentes" y anunció que apelará la medida judicial; el Grupo de los Siete (G7) podría aumentar aún más la presión sobre Buenos Aires, en una declaración final luego de su cumbre que se desarrolla en los Estados Unidos, que culminará mañana. Ello ocurrirá apenas 24 horas antes de la reunión entre el ministro de ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Hörst Kohler, para avanzar en la aprobación del segundo tramo del acuerdo con el organismo y evitar de 3.100 millones de dólares el 9 de marzo.

La Bolsa porteña acusó ayer recibo de la situación y cayó por tercera jornada consecutiva con un fuerte volumen negociado. El índice Merval acumuló un derrumbe del 9% en sólo 72 horas, y perdió todas las ganancias alcanzadas en enero.

Aunque el gobierno buscó ayer relativizar la decisión judicial, el despliegue de las principales espadas del Ejecutivo opinando sobre el tema reflejaron el nivel de preocupación. Al mismo tiempo recogió el apoyo de distintos sectores económicos y políticos: la Unión Industrial Argentina (UIA), las tres centrales sindicales (las dos CGT y la CTA), economistas, abogados y legisladores, entre otros.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, minimizó la importancia de la inhibición. "Para nosotros, esta medida no tiene ninguna relevancia", aseguró. El titular de Hacienda puntualizó que "esto no es un embargo, sino una reserva de prioridad para el caso de que existan embargos" en el futuro.

En el mismo orden, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aseguró que el gobierno "no piensa ceder ante las presiones" ni se moverá de la quita del 75% de capital.

En tanto, el titular del área de Defensa, José Pampuro, adelantó que se "va a apelar la medida" judicial; mientras que el canciller Rafael Bielsa aseguró ayer que la Argentina tiene 30 días para apelar la decisión judicial.

Un juez del Estado de Maryland dispuso el jueves por la tarde una inhibición a dos depósitos de la Fuerza Aérea y a otros dos de la Armada Argentina en los Estados Unidos, lo que representó la primera medida contra el país tras los reclamos de los acreedores de la deuda en default en tribunales estadounidenses.

Los galpones inhibidos contienen armamento o equipamiento adquirido por la Argentina en los Estados Unidos, así como equipos nacionales en reparación.

La demanda de los acreedores, en este caso se trata del fondo buitre NML Capital Ltd., disparó la inhibición por 270 millones de dólares, aunque el valor de los bienes más lo que contienen en su interior no superaría los tres millones. La inhibición es una medida temporal que impide el uso de los bienes reclamados pero no tiene la gravedad de un embargo, que es una incautación.

El abogado de NML Capital, Kevin Reed, dijo: "Sólo es sentido común que los tenedores de bonos usen las medidas legales disponibles para protegerse". Y aclaró que el dictamen del juez sólo cubre las propiedades de bienes raíces y no los equipos militares. El objeto de esta modalidad es obtener prioridad sobre el activo embargable, en caso de obtener una sentencia favorable.

De todos modos, la cuestión no es tan sencilla para los acreedores: fuentes vinculadas a la causa revelaron que históricamente los Estados Unidos se mostraron reacios a embargar propiedades de fuerzas armadas de terceros países en territorio estadounidense alegando cuestiones de seguridad nacional.

Ese es uno de los elementos que podrían tomar en cuenta las autoridades nacionales para la apelación de la medida que se dispondrá en los próximos días, según adelantaron las mismas fuentes.

Un fallo anterior del juez de la Corte de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York Thomas Griesa estipuló que la propiedad pública argentina debería ser protegida mientras el país trata de reestructurar su deuda. Ese fallo caducó el sábado 31 de enero y abrió el camino a los intentos de embargo.


Los ricos también lloran
La decisión judicial se produce al mismo tiempo que los países más ricos agrupados en el G7 dejaron trascender que emitirían este fin de semana una declaración intimando a la Argentina a negociar de "buena fe" con sus acreedores y a apurar las negociaciones para reestructurar la deuda en default.

El G7 deliberará en Boca Ratón, Florida, donde analizará la actual situación financiera internacional, en especial el equilibrio entre el dólar y el euro y la compleja relación de la Argentina con la comunidad de negocios. Al final del cual daría su veredicto sobre la postura que tomarán frente al país.

Justo un día antes de que Lavagna se reúna con el titular del FMI, Hörst Kohler, en Estados Unidos para intentar destrabar posibles "sorpresas" en la segunda revisión de las metas acordadas con el organismo financiero, que de demorarse Argentina debería desembolsar 3.100 millones de dólares para enfrentar el vencimiento de este monto el 9 de marzo.

"En el G7 lo que ha existido son las razonables disidencias a partir de que se tengan o no bonistas individuales. Los que más cuestionamiento hacen son aquellos países que tienen bonistas individuales afectados por esto", dijo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

El ministro destacó que Kirchner "repite que el gobierno está preparado para las presiones que se irán dando, son lógicas, se trata de fuertes intereses internacionales que se acostumbraron a vivir en una Argentina que ya no existe".

"No podemos salir del default como se nos plantea, porque como se nos plantea vamos a repetir experiencias y vamos a comprometernos a pagar algo que no vamos pagar, y dentro de unos años el país repetirá la experiencia", subrayó Fernández.

Lavagna se reunirá el lunes con Kohler.