Un duro debate por el aumento de cuotas en la salud prepaga

Se prevé una suba promedio del 15%. Sostienen que el sistema está quebrado. Agria puja con los consumidores

Claudio Berón / La Capital

El costo de la medicina prepaga está en disputa. Las empresas aducen que el efecto post devaluación las está fundiendo, las entidades de defensa del consumidor sostienen que no deben aumentar y la discusión es eterna: quiénes ganan, quiénes pierden y quién paga los costos. En tanto, desde varios frentes piden que la actividad sea regulada por el gobierno.

"Las situaciones suceden independientemente de lo que uno quiera, la tecnología usada por nosotros se fue por las nubes, los medicamentos ni hablar y los sueldos de los empleados del sector también se descarrilaron, si no se aumenta un poco vamos a los caños", graficó un viejo operador del negocio.

Históricamente el negocio se arma de manera similar al seguro tradicional. Se hace una estadística con el tipo de enfermedades usuales, los diagnósticos y los tratamientos mas comunes, costos tecnológicos y otros insumos, de esa ecuación resulta un índice de cálculo actuarial, con los riesgos acotados. Esto, medido en el mercado, da un costo por afiliado, si bien no es igual tener 1.000 afiliados que una cartera de 20 mil.

Desde el primero de enero varias empresas pautaron aumentos de entre un 15 y un 18 por ciento en sus cuotas. En Rosario las prepagas nacieron en su mayoría de grupos de médicos que, además de poner un sanatorio propio, generaban una cartera de clientes cautivos.

Roberto Villavicencio, titular del Grupo Oroño, puede definir en un segundo el costo, la capacidad de financiación y la rentabilidad; "Aumentamos sólo un diez por ciento; para ponernos a tono y si sólo pensáramos en el lucro, deberíamos ajustar cerca del 67 por ciento", sentencia.

Esencial, la empresa que controla este grupo, tiene unos 20 mil asociados. "Desde el 2001 no aumentamos, pasamos por etapas difíciles en la post devaluación. A eso hay que sumar que los sueldos aumentaron por decreto, en el grupo trabajan 1.200 personas", dijo el profesional y acotó "Ahora corremos el riesgo de pérdida de asociados".

En la otra punta del negocio se paran las entidades de usuarios y el gobierno. "El problema es -dicen las entidades- que la prestación no está regulada".

El ministro de Salud, Ginés González García, reclamó a las empresas que actúen con "responsabilidad social" y no aprovechen el vacío legal que existe en materia de regulación de ese sector para aplicar aumentos de hasta el 20 por ciento anunciados para febrero, pero admitió que "la ley de regulación va a demorar".

En tanto, las asociaciones de consumidores reaccionaron en forma muy dura ante la ratificación de los empresarios. Mientras que algunas pidieron que se investigue si hubo acuerdo previo entre las compañías para fijar las nuevas tarifas, otras aconsejan pagar con disconformidad.

Roberto Suckerman, un especialista en derechos del consumidor, expresó que "si bien es legal, es ilegítimo un aumento, cada empresa debe explicar a sus afiliados por qué son los aumentos y de que manera los van a implementar" y acotó que "en Santa Fe no hay una reglamentación que marque el funcionamiento de las empresas, cualquiera se junta con un par de amigos y pone una prepaga", explicó el abogado. Para algunos empresarios esto no es así. "El Colegio Médico tiene la obligación de controlar el funcionamiento de las empresas, verifican los planes y los servicios que brindamos", sostuvo Villavicencio. El Colegio obtiene el uno por ciento de su recaudación como pago a este servicio de contralor.

Miguel Ardiani, titular de la Cámara de Empresas Prepagas del Interior (Adempi) también sostiene que hay falta de control, pero aclara que "pedimos una ley provincial desde hace dos años, pero no llega al recinto por una cuestión administrativa, falta conformar una comisión que la discuta".

La Oficina del Consumidor de la Municipalidad de Rosario no dejó pasar la oportunidad y se reunió con Adempi. En la reunión Ardiani explicó que la entidad agrupa pymes del sector "no es lo mismo que una compañía como Swiss Medical" dijo.

"Los costos son tantos que hasta tenemos que contar la judicialización, un asociado paga por un plan y resulta que contrae una enfermedad no tipificada y el juez lo ampara para que lo atendamos, pero lo paga la empresa", dice Ardiani.

En la reunión hubo semi acuerdo: "Fue buena, la titular de la Oficina (Analía) Carrió, me propuso hacer gestiones a nivel nacional para lograr una rebaja en el IVA, que ahora es del 10,5%. a lo que le respondí que si eso se lograba no teníamos ningún problema en bajar el 10,5 la cuota social", admitió.

A mediados de año pasado muchas empresas aumentaron su cuota entre un 10 y un 15 por ciento y los incrementos de este mes pueden ser de un 15 a un 20 por ciento. Los empresarios sostienen que no aumentan corporativamente y que se ven presionados por los costos, los usuarios piden regulación y el gobierno prudencia.

La salud, tanto pública como privada, está en emergencia. El Poder Ejecutivo decretó una serie de resoluciones en el marco de esta emergencia, tanto para los sanatorios como para prestadores, pero la conclusión viene de parte de los actores: "El Estado debe implantar un mecanismo que contemple a todos los integrantes del sistema de salud, sino se vive apagando incendios", sostuvo un empresario del sector.