De lo público a lo privado

Marcelo Batiz

La semana pública no pudo haber sido más exitosa para el presidente Kirchner y el ministro Lavagna. A la demorada aprobación de la primera revisión del acuerdo stand by por parte del Directorio del FMI, se le sumó una seguidilla de apoyos y anuncios en la gira por España, donde empresarios y funcionarios se disputaban por quién ofrecía el adjetivo más contundente para referirse a la marcha de la economía argentina.

Hasta los malos resultados de las estadísticas oficiales de consumo tuvieron su costado positivo. Las ventas en volumen en supermercados cayeron a lo largo de 2003, pero en los últimos meses se observa un cambio de tendencia. Ni qué hablar del incremento del 37,6% en la actividad de la construcción, que el propio Kirchner identificó en Madrid como el eje del crecimiento de los últimos meses.

Sin embargo, una vez superado el protocolo y las formalidades, las agendas privadas de Kirchner, Lavagna y su par de Planificación, Julio De Vido, tuvieron que atravesar por una serie de incomodidades, todas circunscriptas a dos dudas permanentes del poder político y financiero luego del abandono de la convertibilidad: los alineamientos internacionales y la seguridad jurídica para las inversiones, resumidas en un interrogante que sobrevoló en la gira de la comitiva argentina por España: ¿De qué lado están?

Una pregunta que quizás le formule el martes próximo Dominique de Villepin, el canciller de Francia que permanecerá por unas horas en Buenos Aires. Será difícil reclamar inversiones a un país que cuenta con tres empresas con diferentes niveles de conflicto con el gobierno argentino, como Thales -a la que se le rescindió el contrato por sucesivos incumplimientos-, Aguas Argentinas -blanco preferido de los discursos oficiales- y Total, que acaba de presentar una demanda contra el Estado argentino ante la Ciadi. La misma duda recorre los planteos de los acreedores externos e internos, con diferentes matices. Los últimos, cuyas manifestaciones por la zona bancaria porteña ya no son seguidas por las cámaras televisivas, dejaron en claro días atrás su descontento con ciertas caracterizaciones oficiales. "Nosotros no somos atorrantes", estamparon en las entrada de un banco, en respuesta a los calificativos que les diera el presidente.

Los acreedores nucleados en el Comité Global formado en Roma fueron más allá a la hora de explicar hasta dónde están dispuestos a ir en defensa de sus reclamos. "El gobierno argentino debe tener en cuenta que los tenedores de bonos somos ciudadanos que votamos, y ninguna fuerza política europea nos puede obviar", señalaron.

El canciller Rafael Bielsa fue rápido para los números, al señalar que en Italia, los tenedores de bonos argentinos en default representan 1.600.000 votos, cerca del cuatro por ciento del padrón electoral peninsular. ¿Cuántos podrían hoy en el país llegar a ese porcentaje si hubiera elecciones generales?

El correlato se vio por estos días: los directivos del FMI que más reparos pusieron a la aprobación de la primera revisión del stand by representan a gobiernos de Europa central, donde se concentra el grueso de los bonistas "clavados". Precisamente esa fue la advertencia del director gerente del FMI, Horst Köhler, en el documento que aprobó la primera revisión: "El éxito del programa dependerá de la buena comprensión y cooperación entre la Argentina, el Fondo y los acreedores en una espíritu de mutua confianza". Como se ve, de todos lados se reclama buena fe.