Conmoción y cambios. El gobierno busca enmendar el polémico Código de Faltas

Impulsan el cambio de artículos que penalizan a la prostitución

Interpretan que la actual normativa favorece el abuso policial. Pero no quieren su derogación definitiva

El gobierno provincial admite que, tal como rige hoy, el régimen de sanciones a la prostitución previsto en el Código de Faltas de la provincia es un instrumento para el abuso y la explotación policial. Por eso se propone, en los próximos 30 días, elaborar un proyecto de modificación de tres de esos artículos. La administración de Obeid, no obstante, no se mostró inclinada a derogar lisa y llanamente esos apartados, que es lo que frecuentemente reclaman entidades de género y de defensa de minorías sexuales, sino a buscar una fórmula intermedia entre una cosa y otra.

Los artículos a los que apuntará la enmienda son tres: el 83, que sanciona la ofensa al pudor; el 87, la prostitución escandalosa, y el 93, el travestismo. La crítica más fuerte plantea que son inconstitucionales porque las conductas a reprimir no están detalladas expresamente en el Código. Un ejemplo claro se vislumbra en el artículo 87: nada permite saber qué cosa es un acto de prostitución escandalosa. Lo que hace que la decisión de arrestar a alguien bajo esa imputación quede librada al humor del que policía que detiene.

Esa ambigüedad del Código de Faltas es históricamente denunciada como herramienta de la extorsión de algunos policías, que pueden detener arbitrariamente según interpreten ante el ejercicio de la prostitución escandalosa, o dejar de detener a cambio de una retribución.

A propósito de eso, la Asociación Profesional Policial de Santa Fe (Apropol) se manifestó a favor de la medida. "Esos artículos sólo sirven para recaudar", dijo Alberto Martínez, desde la entidad.


Un equilibrio
El ministro de Gobierno, Alberto Gianneschi, aseguró que la intención ante la actual normativa "es intentar un equilibrio entre las distintas posiciones: entre la derogación total del tema y lo que es actualmente una legislación totalmente indefinida que habilita una interpretación subjetiva que lleva a cualquier extremo", subrayó.

La penalista Matilde Bruera evaluó como "muy positiva" la determinación adoptada. "Así como está, lo único que permite el Código de Faltas es la persecución sistemática y la estigmatización de las personas. Ha sido siempre una herramienta para el atropello de derechos civiles", analizó Bruera.

El gobierno no se muestra convencido de la simple derogación de los artículos. "Los derechos de las minorías, de las que somos respetuosos, deben armonizarse con los de las mayorías. Queremos terminar con la corrupción policial, pero tenemos que evitar que un cambio legal termine con un problema generando otro", dijo ayer el subsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Rossi. Estaba pensando en las protestas que levantó, en Buenos Aires, la sanción del llamado Código de Convivencia, donde vecinos de algunos barrios como Palermo manifestaron contra la concentración de personas que ofrecían servicios sexuales frente a sus viviendas. "No se puede no atender que se le genera un problema a un tipo al que se le instala un grupo de gente frente a su casa, con el continuo paso de clientes, gritos y la desvalorización de su propiedad", graficó.

En ese sentido, Rossi dijo que no está excluida la apertura de un proceso de discusión para reglamentar el ejercicio la prostitución.

En el último contacto con el gobierno provincial, en septiembre de 2003, Sandra Cabrera le había pedido al ex ministro de Gobierno, Carlos Carranza, la derogación de la prostitución escandalosa. Lo consideraba "imprescindible para garantizar la seguridad física de las mujeres que trabajan en la calle y terminar con la persecución que desde algunas comisarías se ejerce contra ellas", le dijo entonces Cabrera a Acta, la agencia de noticias de la Central de Trabajadores Argentinos, que nuclea al gremio de meretrices.

En Entre Ríos, el 16 de octubre de 2003 se prohibieron los arrestos y sanciones por la prostitución callejera. En esa provincia esa práctica constituía un delito y no, como en Santa Fe, una falta o contravención.

Sandra Cabrera pidió en septiembre pasado al gobierno que derogara el ex artículo 81.