ANALISIS

Un gesto para evaluar después

Hernán Lascano / La Capital

Jorge Obeid asumió que el homicidio de Sandra Cabrera es, para él, un problema de poder. Resolvió que tenía que producir un acto político. Ese acto, los anuncios de ayer, son un mensaje. Con elocuente voluntad de ser un gesto de mando.

No se sabe si el criminal es un policía, pero sí se sabe que Sandra Cabrera denunciaba una práctica estructural de la policía, la explotación de la prostitución, que jamás se modificó y que la sobrevive. Eso sí le concierne al gobierno y lo obliga a intervenir. La muerte produce estas emergencias. La tortura en dependencias policiales también era algo que existía, pero cuando Miguel Duarte murió torturado en una celda policial en 1998 Obeid desmanteló Robos y Hurtos. Ahora, ante otra muerte, se liquida Moralidad Pública.

Obeid toma la iniciativa y es saludable. Con versiones que el misterio sobre el crimen alimenta -"le tiraron un cadáver", dice la más inquietante- le muestra a la policía que él es quien manda. Pero una cosa es el anuncio y otra sus efectos. Cuando se disolvió Robos y Hurtos, una sección distinguida por prácticas corruptas, se la reemplazó por la Brigada de Investigaciones. Resultaba sorprendente ver, en fotos de operativos, que el personal de la nueva dependencia era el mismo de la vieja. En septiembre pasado este diario publicó que la jueza Raquel Cosgaya liberó a dos hombres que pasaron dos meses presos porque personal de la sucesora de Robos y Hurtos les cargó un robo de 25 mil dólares en V.G. Gálvez, acusándolo con dichos de un testigo inhallable, con un reconocimiento fotográfico inducido y presiones.

En septiembre pasado, el policía Sergio Bermejo fue separado de Moralidad Pública por denuncias por extorsión a prostitutas. Fuera de su viejo puesto siguió extorsionando, según denunció Sandra Cabrera hace siete días. La conclusión es obvia: no basta suprimir una sección, o el cambio de su nomenclatura, para garantizar la erradicación de una práctica.

Pero aunque no es tiempo de celebrar, la decisión anunciada ayer no es despreciable. Junto con el cambio propuesto de los artículos que sancionan la prostitución escandalosa, que son el instrumento ambiguo que genera el histórico chantaje policial, puede representar una contribución en la medida en que el poder político y judicial ejerzan control sobre el lugar donde se genera la práctica corrupta.

Si no, todo será como el caso de las cajas negras. Una situación de corrupción estructural conocida, denunciada, investigada administrativa y judicialmente. Y, terminado el círculo sin culpables ni sanciones, saludablemente vigente.