Producción. La prórroga que dispuso por decreto el presidente Néstor Kirchner desató un foco de enfrentamiento entre las provincias, según reciban o no el beneficio

La pelea por la promoción industrial

En Santa Fe, los empresarios criticaron con dureza la extensión de los beneficios. El gobierno provincial, en cambio, se mostró cauto a la hora de pronunciarse

Marcos Cicchirillo / La Capital

La prolongación decretada por el gobierno de Néstor Kirchner para el régimen de promoción industrial que beneficia a San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja reavivó en estas últimas semanas la pelea con terceras provincias y empresas que se sienten afectadas por un sistema salpicado por innumerables escándalos de corrupción y de dudosos beneficios sobre el desarrollo regional que se impulsó con el argumento de reducir las asimetrías con las grandes urbes. Se trata de una puja económica y política que, como en tantos otros conflictos en la Argentina, fue a parar a la Justicia. Una historia que tiene más de cincuenta años y que muestra un cambio profundo en el país: el paso del incentivo del consumo a la oferta.

Aunque son once las provincias afectadas, el gobierno mendocino encabeza la pulseada de la mano del empresariado local desde hace más de una década. En Santa Fe, hasta ahora fueron los industriales, la Bolsa de Comercio y la Municipalidad de Rosario desde donde partieron las críticas más fuertes al régimen y buscan sumar a sus pares cordobeses para formar un frente junto con Mendoza. Entre los demás distritos que piden la suspensión del sistema se encuentran La Pampa, Misiones y Córdoba.

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Carlos Garrera, remarca que los principales puntos que generan ríspideces a la prórroga de la promoción industrial son:

* La exención del 21% del IVA.

* Que las provincias promocionadas además de otorgar las habilitaciones sean órganos de control.

* La posibilidad de cambiar el objeto original del beneficio.

* La falta de una relación coherente entre la inversión y los beneficios impositivos que se otorgan.

* La ausencia de un plan estratégico nacional que incluya a todas las provincias.

El dirigente industrial da un ejemplo: "Una empresa en alguna de esas cuatro provincias realiza una inversión de un millón de pesos pero factura un millón de pesos mensuales, gracias a la desgravación del 21% del IVA en cinco meses recuperó lo invertido, así es imposible competir. Y lo más probable es que después allí quede un galpón vacío".

Para Garrera, el régimen en las actuales condiciones es todo a pérdida, dado que "desde Santa Fe, Córdoba o Mendoza, emigran las empresas a esos distritos tentadas por los beneficios fiscales. En tanto, para el Estado nacional y los ciudadanos representa el desembolso de millones y millones de pesos, que después se terminan repartiendo de forma poco clara y mal en esas cuatro provincias. Habría que preguntarle a los pobladores de Villa Mercedes, San Luis, si su situación mejoró en los últimos 30 años", plantea. (ver aparte)

El presidente de la Bolsa de Comercio, Federico Boglione, agregó otro punto más sobre las asimetrías entre las provincias. "Aportamos 1.500 millones de dólares al año en concepto de retenciones para pagar esas desgravaciones impositivas, y mientras San Luis tiene autopistas por todos lados, en Santa Fe se matan personas todas las semanas por el pésimo estado en que se encuentran las rutas", reiteró el directivo, quien una semana antes le había hecho el mismo planteo al gobernador Jorge Obeid.


Peor es nada
Como mal menor, la apuesta de los empresarios es incorporarlo al debate sobre el reparto de fondos entre Nación y provincias en la nueva ley de Coparticipación, que deberá ser aprobada antes de septiembre por el Congreso, según lo comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es en este punto donde pueden hallarse las razones por las cuales el Ejecutivo santafesino por el momento se limitó a decir que se está "ocupando" y evitó ir al choque con los demás distritos. Una postura similar a la adoptada por su par cordobés, José Manuel De la Sota. Conocedores de que en el Congreso la construcción de alianzas son imprescidibles, y el toma y daca está a la orden del día, el gobierno provincial jugaría allí sus fichas en bloque con otros gobernadores.

La actitud también responde a la intención de eludir una confrontación directa con el Ejecutivo nacional, desde donde hicieron saber que Kirchner no dará marcha atrás con la prórroga de los beneficios fiscales. Al punto que trabaja en la apelación del fallo de la Justicia mendocina contra el decreto presidencial. El conflicto legal, de no mediar una solución política, terminará en manos de la Corte Suprema.

Por lo pronto, las provincias beneficiadas están más avanzadas en su estrategia para evitar que nada cambie. Conformaron un frente común y, durante un cónclave realizado la semana pasada entre gobernadores, legisladores, empresarios y gremios, lanzaron una ofensiva para que el régimen perdure en el tiempo.


Un poco de historia
La historia de los regímenes de promoción industrial en la Argentina arranca en los años cuarenta, cuando se apostó al desarrollo de la sustitución de importaciones con la radicación de industrias relacionadas con bienes intermedios y finales. Y la principal herramienta utilizada fueron las barreras arancelarias.

Pero recién a fines de 1958 se comenzó a implementar una política de desgravaciones impositivas, que se sumaban a las barreras arancelarias, apuntando a la descentralización industrial y a sectores como el siderúrgico, automotriz y tractores, petroquímica, celulosa y papel.

Sin embargo, fue durante el gobierno militar de 1973 cuando se sancionó la ley 20.560, que implementó un amplio abanico de exenciones y créditos blandos otorgados por los bancos públicos por el plazo de diez años. Cinco años más tarde fue reemplazado por otro que integró a Tierra del Fuego.

Después de sucesivos cambios legislativos a lo largo de los años, moratorias, escándalos, y decisiones vía decreto inauguradas en 1988 abrieron una etapa de remiendos que llega hasta el 18 de diciembre de 2003, fecha en que Kirchner firmó el decreto que volvió a levantar polvareda entre gobernadores y empresas.

El malestar de las provincias y empresariado creció aún más dado que el decreto 1.295 además otorgar una suerte de moratoria en el uso de los fondos para las empresas promocionadas que debieron utilizarlos durante el período acordado, permite cambiar el objeto de proyectos promovidos.

En criollo, al grupo de empresas ya beneficiadas de San Luis, La Rioja, Catamarca y San Juan a lo largo de las últimas tres décadas se les vuelve a entregar una chapa como la de los taxis, que habilita a cualquier tipo de operaciones poco transparentes, como quedó demostrado en incalculable cantidad de casos con denuncias de todo tipo, como revelaron las cámaras ocultas que involucran gobernadores y funcionarios de todos los niveles en las distintas provincias bajo el régimen de promoción industrial.

Los empresarios se quejan de la competencia desigual que genera el régimen.