La provincia no puede permanecer sin hacer nada

Eduardo De Loredo (*)

En el campo político tanto como en el judicial la provincia debe hacer valer su derecho a estar en competencia con todas las demás. Este es un derecho constitucional que el gobierno nacional debe preservar y no restringir.

El país uso y abusó de una herramienta fiscal que legislada prudentemente pudo contribuir al desarrollo de ciertas regiones. Tal como se lo hizo sólo ocasionó un enorme costo fiscal, y entre las jurisdicciones más afectadas se encuentra Santa Fe, al quitárseles inversiones que buscan paraísos fiscales para radicarse.

El decreto 1.295/03 invierte las responsabilidades del Estado y de las empresas. Hasta él eran las empresas las que debían probar haber cumplido sus compromisos o denunciar su incumplimiento, a efectos de la aplicación de una tabla que preveía el demérito incurrido por ellas.

Mediante este decreto aquella obligación nacerá a partir de la acreditación de los bonos de crédito fiscal en las respectivas cuentas computarizadas que lleva la DGI.

Esta disposición resulta aplicable a aquellas empresas en las que el demérito -o incumplimiento- no se hubiera determinado. En los hechos significa una nueva moratoria para empresas beneficiadas incumplidoras que cobrarán antes de probar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, contrariando el Código Civil.

Además, la norma faculta a las autoridades de aplicación provinciales a aprobar modificaciones al objeto de proyectos industriales promovidos, lo cual es continuar la línea de los decretos anteriores.

Debemos enfrentar el tema en los frentes tanto político como judicial. En el primero a través de nuestros legisladores y el propio gobierno, mientra que en el terreno judicial estos decretos merecen ser declarados inconstitucionales por la Corte Suprema, llamada a resolver en última instancia en causas donde la Nación sea parte.

No debemos permitir que mediante medidas cautelares se entronice y continúe este sistema, que en la práctica llegó a crear un Estado dentro de otro, pues las leyes que hacen a los recursos del Estado Nacional carecían de vigencia dentro de aquellas provincias donde la enorme mayoría de sus empresas eran promocionadas.

Las Cámaras y gremios empresarios también deben hacer su parte, pues ellas también se verán perjudicadas nuevamente y obligadas muchas empresas a trasladarse a otras regiones para poder competir con éxito.

Son las provincias las que a través de sus legislaciones impositivas debieran atraer inversiones a sus territorios y no ser la Nación que resignando recursos fiscales beneficie a algunas de ellas en perjuicio de las demás.

Muchas provincias tienen su legislación provincial de promoción industrial entre ellas Santa Fe. La Nación puede colaborar de mil maneras sin interferir en el equilibrio económico entre ellas. La ayuda es más lógico sea mediante la educación, el crédito y la obra pública y no solamente abriendo brechas en el sistema jurídico impositivo nacional que debe ser el mismo para toda la República.

(*) Abogado