Una vergüenza provincial

Una situación ilegítima y agravada por el propio Estado provincial es que desde hace 22 meses no existe autoridad que pueda resolver los reclamos de las 1.600 personas que viven en la mayor cárcel de la provincia. Ese es el lapso que lleva Coronda sin un juez de ejecución penal. Tal estado de cosas, que fue calificado como "negligencia pasmosa" desde el Colegio de Abogados de Rosario, no solamente es inédito y vergonzante: es un claro generador de conflictos en un ámbito que ya es un polvorín. Hace casi dos años que los internos no tienen a quien dirigir sus demandas amparadas por la ley, vinculadas a cuestiones primordiales como régimen de visitas o resolución de sus causas penales. Fernando Rosúa, director del SP, señaló ayer a La Capital que hubo un llamado del Consejo de la Magistratura para cubrir en subrogancia la vacante en ese juzgado. "Hay tres inscriptos, pero el Consejo exige que sean cuatro para la selección. No obstante, se busca impulsar una cuestión de excepción por la emergencia, creo que la resolución de este tema está encaminada", precisó.