La pesquisa y las órdenes

Hace cinco días, los miembros de la Comisión Investigadora No Gubernamental sobre los hechos de diciembre de 2001 habían fustigado con dureza a los jueces que en Rosario y Santa Fe condujeron las causas relativas a las ocho muertes de civiles que se produjeron en la provincia. Planteaban dos puntos: que los jueces habían sido "arbitrarios y parciales" al aceptar sin cuestionamientos "la falsa información proporcionada por la policía" y que habían rechazado "establecer la secuencia de las órdenes impartidas" por los responsables jerárquicos de la seguridad pública y de los niveles policiales.

El abogado Enrique Font, que integra la Comisión, dijo ayer que las pericias técnicas que prueban que las balas que mataron a Graciela Acosta partieron del arma de un policía entraña varias conclusiones:

* "Primero, destaca que las víctimas fueron causadas por la policía: antes no se desacreditaba esa hipótesis, pero tampoco se la esgrimía".

* "Segundo: La detención de dos oficiales con mando refiere al tema de la responsabilidad. En una institución vertical, si alguien deja de dar órdenes comete un delito, que es el incumplimiento de deberes de funcionario público. Si se bajan órdenes precisas con previsión de la acción y como resultado hay muertes por el uso ilegal de la violencia policial, el delito lo comete el subalterno que actuó. Si no hubo órdenes hay un problema grave, porque quiere decir que la represión se desarrolló sin directivas. Si hubo órdenes hay que saber cuáles fueron".

* "Tercero: Queda probado que la policía reprimió con balas de plomo y usando pistolas 9 milímetros. Y que es falso que se haya usado solamente posta antidisturbios y gases. El juez Barbero ya sobreseyó a policías implicados en muertes durante estas jornadas en otras causas que son muy similares al caso Acosta: Juan Delgado, en Necochea y Pasco, y Rubén Pereyra, en Circunvalación y Autopista, mueren balas de plomo, con policías reprimiendo en el lugar y con numerosos testigos que dan cuenta de una intervención altamente violenta.

A juicio de Font, que es profesor a cargo del Seminario de Criminología de la Facultad de Derecho de la UNR, la acción del juez Osvaldo Barbero de demorar el requerimiento del peritaje de la bala entregada por la testigo Mónica Cabrera "es causal objetiva para un jury porque durante un enorme lapso omitió producir una prueba de alta entidad. E insisto que esa acción demuestra que Barbero desconfiaba de los testigos cuando implicaban a policías: asumo que sin un policía involucrado, no habría pasado un minuto sin que esa bala hubiera marchado a peritarse.