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De la Cruz admitió ayer que no puede determinarse aún si las llamadas las hicieron civiles o militares pero aseguró que "no es una operación política". "Esto es indiscutible, no se puede decir que esto está armado. Lo que hay en el informe está extraído del resumen que tienen todos los pedidos judiciales sobre llamadas de teléfonos" hechas desde celulares usados por secuestradores y delincuentes, dijo el jefe del ministerio público bonaerense.

"No es una cuestión política, acá no se habla del gobierno, no es una cuestión de los militares. Es una cuestión de gente que tiene una permanencia en los organismos del Estado y que sirve al delito", dijo De la Cruz.

Tras aclarar que "de ninguna manera podemos hablar de Fuerzas Armadas, pues no podemos saber quiénes tenían contacto con los delincuentes desde la Casa Rosada desde el año 1997 hasta ahora", especuló con que podría ser "mano de obra desocupada que opere, por ejemplo, a través de agencias de seguridad truchas".

Pero aseguró que "dentro de algún organismo de seguridad nacional o provincial hay gente que estuvo haciendo esto, aprovechando el desorden institucional que armó la dictadura y la inexperiencia de los hombres de la civilidad en la seguridad".

En ese marco, resaltó que en los organismos aludidos hay "desde armas hasta inteligencia, hay gente que pueden ser civiles y que utilizan el cargo para esto".

De la Cruz ratificó que "superan las cuatro mil las llamadas desde estos organismos" y precisó que sólo desde "la Casa de Gobierno hubo 1.700".