Las víctimas de la violencia y la impunidad

La falta de control judicial y la brutalidad policial aparecen como factores del gatillo fácil, un fenómeno creciente en Rosario

La impunidad policial que se desprende de causas iniciadas a partir de episodios denunciados como ejecuciones sumarias volvió a ser centro de la atención pública los últimos días. Las protestas en Tribunales por el sobreseimiento de los policías imputados por la muerte de Andrés Velásquez y su amigo Walter Caballero, realizadas en el cuarto aniversario de la muerte de los chicos el 26 de septiembre pasado terminó con una brutal reacción policial a las piedras y bombas de estruendo que tiraron los manifestantes. La semana siguiente, las familias de las víctimas realizaron una nueva protesta frente a Tribunales junto a los Padres en Lucha, la última medida que estipularon antes de viajar a una reunión en la Secretaría de Justicia de la Nación.

Desde el gobierno Nacional, Enrique Guarna confirmó las dudas que presentaron los padres de los chicos asesinados. Después de escuchar el relato de los casos con los expedientes delante, el funcionario denunció que existe un "emparentamiento" entre la Justicia y la policía santafesinas en base a los "intereses" y la "devolución de favores" de los magistrados, a partir de sus designaciones. Una definición que ligó la impunidad policial con los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo.

El Centro de Estudios Legales y Sociales, en base al estudio empírico de ejecuciones sumarias afirma que la violencia policial se basa en la brutalidad de la fuerza, su encubrimiento y la falta de control judicial eficaz. Un trío de circunstancias que el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derechos Humanos encontró reiterado en cada caso rosarino.

Veinte días después de las declaraciones de Guarna, la Cámara Penal rechazó el archivo de causa por la muerte de Carlos Gauna, con fuertes críticas al juez Luis María Caterina. La Instrucción quedó a cargo de Jorge Eldo Juárez, que ordenó la detención no sólo del policía que le disparó al chico, imputado por homicidio, sino también del suboficial que lo acompañaba, por instigación.

La siguiente es una nómina de víctimas emblemáticas de ejecuciones sumarias ocurridas en los últimos años. Algunos casos están pendientes de definición a pesar de haber pasado mucho tiempo y en otros, los fallos judiciales no encontraron responsabilidad penal en los policías, a pesar de las pruebas y testimonios contra su desenvolvimiento.

Diego Fernández. Tenía 15 años y el 28 de agosto pasado estaba con un amigo en Castellanos 5300, barrio Nuevo Mangrullo. Una brigada del Comando Radioeléctrico entró al barrio buscando al sospechoso de un robo, explicaron después. Los chicos se asustaron y corrieron. El policía le disparó a Diego cuando "estaba desarmado, de espaldas, a escasa distancia, sin que significara ningún riesgo para él", contó el dueño de la casa donde cayó herido. La versión policial del primer día indicó que el chico fue baleado porque la policía debió contener a los irascibles vecinos que intentaban impedir el arresto de su amigo. La jueza Alejandra Rodenas procesó por homicidio simple al agente que le disparó, de apellido De Marco, de 22 años.

Teófilo Flores. Empleado de Repsol YPF de 26 años, cayó asesinado el 21 de junio de 2003, fue herido por una patrulla del Comando Radioeléctrico cuando caminaba con dos vecinos por Casilda al 6000, barrio Ludueña, a dos cuadras de su casa. La policía había sido alertada del robo a una pizzería a diez cuadras y buscaba a dos delincuentes que habían huido en moto. El móvil 2199 reportó que vio a tres sospechosos, luego un enfrentamiento y secuestró un arma en el lugar. Una vecina contó que Lucho se entregó con los brazos en alto. El hombre murió horas después en el Eva Perón, de Baigorria, con cinco orificios de bala en el cuerpo. Nunca fue relacionado con el robo a la pizzería. El caso está a cargo del juez Eduardo Suárez Romero. Flores nunca fue involucrado en el robo que originó la persecución, que se investiga en forma separada.

Ariel Colque. Tenía 16 años y el 30 de marzo de 1998 fue baleado por la espalda y brutalmente golpeado en Magallanes al 2400 por los policías Jorge Vásquez y Darío José Priotti. La versión policial intentó incriminar en un robo al chico - que cursaba el 1º año de la secundaria en la Prefectura Naval- lo que quedó descartado en la instrucción de la causa. Los dos policías, que tenían antecedentes penales, fueron procesados por el juez Jorge Eldo Juárez y su procesamiento confirmado por la sala IV de la Cámara Penal en el año 2000. Pero fueron liberados por una negligencia procesal: el juez de Sentencia no se expidió en los términos legales.

Eduardo Pablo David Farías, José Zauli y Oscar Ramón Udi. Estaban detenidos y escaparon del Policlínico Eva Perón, donde habían sido internados, el 13 de junio de 2000. Con las armas de los custodios buscaron refugio en un barrio humilde de Nuevo Alberdi. Zauli y Farías fueron interceptados por un móvil del Comando Radioeléctrico y baleados. Los vecinos atestiguaron que fueron fusilados al entregarse, con las manos en alto. El juez Jorge Eldo Juárez ordenó la detención y luego procesó por homicidio simple a los policías sospechados, Rubén Roberto Flores, Javier Gastón Benítez y Miguel Angel Vallejos. El 2 de marzo de 2001, la sala II de la Cámara Penal, formada por Ramón Ríos, Juvencio Mestres y Humberto Giménez, revocó el procesamiento. En enero de 2003, Vallejos detuvo a un reportero gráfico de La Capital por sacar fotos.

Jesús Gabriel Capitani y Sergio Callejas, de 16 y 17 años respectivamente, fueron encerrados por móviles del Comando Radioeléctrico en el fondo de una casa de Donado al 2100. Ocurrió el 28 de marzo de 2000. Capitani recibió 15 disparos, nueve de ellos por la espalda y Callejas 5 balazos, 2 de ellos en la cabeza. La jueza Raquel Cosgaya restringió las sospechas a los policías del Comando Radioeléctrico Gustavo Pereyra, Mario Farley y Cosme D'Amico y los sobreseyó el 14 de agosto de 2001 porque consideró que actuaron en legítima defensa. La policía buscaba a dos chicos por el robo a una estación de servicio en la que habían herido al playero, pero el empleado no pudo reconocer a los chicos como sus agresores.

Farley volvió a ser acusado de disparar sin razón el 8 de septiembre de 2002, cuando en Mitre y Centeno baleó a Mauricio Chumba Aguirre, de 20 años, tras doblar en contramano con un móvil. Tal vez se dirigía a otro enfrentamiento: bajó del auto, apuntó con una Itaka 12.70 al muchacho y le disparó. Después dijo que había tropezado. Chumba Aguirre, que iba a la facultad, fue herido y salvó de milagro su vida. Farley fue procesado por lesiones graves.

Daniel Brenta fue el caso testigo de una larga serie de dudosos suicidios ocurridos en comisarías de Rosario. El 25 de enero de 1999 volvía con su primo de ver a su padre en Santa Fe y fue detenido por una patrulla de la subcomisaría 2ª, de Nuevo Alberdi. Daniel, de 22 años, apareció colgado en una celda la mañana siguiente. La familia denunció que el chico había sido víctima de falsas acusaciones por robo y amenazas, que adjudicaron a la policía, a partir de haber estado detenido cuando tenía 18 años. El juez Adolfo Prunotto Laborde dio crédito al sumario policial -que inició personal de la misma comisaría- y sostuvo que Brenta se ahorcó, aunque procesó a Juan Carlos Almirón y Eduardo Mira por homicidio culposo y a José Angel Bulgari, Francisco Raúl Herrero y Ricardo Castañeda por apremios. El juez de Sentencia Julio Kesuani condenó a Almirón a seis meses de prisión en suspenso y sobreseyó al resto de los policías.

Rubén Ortega y Esteban Cabral, de 37 y 32 años, murieron el 4 de febrero de 2001. La policía los presentó como muertos en enfrentamiento. Perseguían a tres chicos que habían apedreado un colectivo desde el puente de Circunvalación y Uriburu y lesionaron a un policía, y fueron a buscar a los sospechosos a la villa de Uriburu y Avellaneda. Allí murieron Cabral y Ortega. Vecinos y testigos dijeron que los dos hombres fueron fusilados cuando dormían. La jueza María Luisa Pérez Vara imputó a dos policías del Comando Radioeléctrico, Claudio Thedy y otro de apellido Galmarini, que quedaron en libertad.

Walter Caballero y Andrés Velásquez, de 19 y 14 años, murieron por balas policiales el 28 de septiembre de 1999 en un pasillo de Cepeda y Spiro, en Villa Manuelita. Los dos chicos fueron acusados del robo a un taxista, que no los reconoció. La policía dijo que fueron heridos en un enfrentamiento. Los vecinos aseguran que los chicos estaban desarmados, comiendo galletitas con gaseosas. También aseguraron que escucharon cuatro disparos iguales, de una misma arma, contra la hipótesis de enfrentamiento. El juez Juan José Pazos consideró que los policías intervinientes, Claudio Kleiman y Mario Díaz, actuaron en defensa propia. El 11 de julio de 2000 Kleiman dio muerte a Omar Martínez, de 18 años, en Salta y Rodríguez, quien recibió doce balazos y antes de fallecer suplicó que dejaran de dispararle. La Unidad Regional II otorgó a Kleiman el premio "Vida".

Damián Villalba, de 17 años, apareció ahorcado en la subcomisaría 20ª el 3 de septiembre de 1997, poco después de ser detenido en su casa por un robo. El chico no tenía antecedentes y debía ser liberado por orden judicial.

David Juárez, de 16 años, recibió un disparo de frente, al lado de una casa precaria de Gallardo y Cavia, en el corazón de Parque Casas. Ocurrió el 22 de julio de 2000. Sus amigos aseguraron que volvía de bailar. La policía dijo que el chico y otros tres jóvenes estaban desarmando y quemando un auto robado bajo el puente de avenida Sorrento. Los vecinos aseguraron que David fue ejecutado después de arrodillarse, con las manos en alto. El disparo fue ejecutado de arriba hacia abajo, lo que complica la explicación de un enfrentamiento. El 20 de septiembre pasado el juez Juan José Pazos sobreseyó al sargento que le disparó, Claudio Darío Thedy (acusado por las muertes de Rubén Ortega y Esteban Cabral el año anterior), y el agente Diego Spinelli. La familia Juárez apeló la resolución ante la Cámara Penal.