Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, sumó su repudio

Exigen a la provincia decisión política para investigar los ataques

El ministro de Gobierno se entrevistó con los organismos

Javier Felcaro / La Capital

Organismos defensores de los derechos humanos y legisladores le reclamaron ayer al ministro de Gobierno, Carlos Carranza, "decisión política" para esclarecer el nuevo atentado sufrido por Eduardo Toniolli (Hijos), querellante en la reactivada causa Feced. Un grave ataque que fue enmarcado, incluso por el propio funcionario provincial, en una escalada intimidatoria a quienes pueden aportar pruebas sobre la represión ilegal durante la última dictadura militar en el II Cuerpo de Ejército. "No impedirán que la Justicia intervenga", replicó, desafiante, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.

Fuentes ligadas a la investigación abierta tras la segunda agresión en menos de un mes a Toniolli, a cargo del juez de instrucción Osvaldo Barbero, ratificaron a La Capital el seguimiento de una pista sustentada en los datos aportados por un testigo.

Se trata de información considerada clave para el esclarecimiento de la autoría material del atentado perpetrado la madrugada del jueves pasado contra el cibercafé del militante de Hijos, ubicado en Mitre al 1100, cuya vidriera fue destrozada por el impacto de una granada -sin carga explosiva- de Fabricaciones Militares (FM).

Finalizado el encuentro, que se realizó al mediodía en la delegación Rosario de la Gobernación, Carranza brindó detalles sobre la marcha de la pesquisa y las medidas ordenadas desde la cartera que conduce.

"Hay que ser claros: son actos que tienden a quebrar la voluntad de aquellas personas que poseen información o que pueden aportar detalles sobre la causa Feced", señaló el funcionario provincial.

También afirmó que "el gobierno santafesino, y éste ministro en particular, no sólo asumen el compromiso de brindar protección personal sino también el de aportar información del Estado y documentación policial a la Justicia y los denunciantes".

Carranza puso especial énfasis en que los dos ataques al querellante "están directamente vinculados, en términos políticos, a intimidar a todo aquel que pueda aportar información".

"Hay un compromiso, no sólo en lo que respecta a la verdad histórica, para investigar todo lo ocurrido. Lamentablemente, Santa Fe es una de las provincias que, quizás en algún caso, no fue consecuente con el esclarecimiento de hechos registrados durante la dictadura", concluyó.

Alicia Gutiérrez, diputada nacional del ARI y madre de Eduardo, objetó: "Se reiteran las promesas que Carranza nos hizo en la reunión anterior, pero, en los hechos, éstas no se cristalizan con ningún responsable de lo que viene ocurriendo en los últimos meses".

"Le planteamos al ministro si realmente hay una decisión política de investigar y saber quiénes son los responsables", destacó Gutiérrez, quien también analizó la pista en la que se orienta la actual pesquisa.

En esa línea, puntualizó que, "más allá de que los jueces ordenen medidas sobre determinadas personas, existen pruebas muy claras y ya aportamos nombres que no sabemos si en algún momento se investigaron". También lamentó que en Santa Fe "nunca haya respuestas".

Gutiérrez concurrió a la ex Jefatura de Policía junto a los representantes de organismos de derechos humanos, abogados patrocinantes de causas y legisladores que, previamente, habían compartido una conferencia de prensa en la sede del Medh.

Por su parte, Duhalde ratificó que "ya se realizaron las gestiones correspondientes para garantizar protección a los querellantes". Y subrayó que "esta situación es incomprensible en un Estado de derecho".

Si bien compartió la hipótesis sobre el objetivo que se escuda en esta ola de amenazas, el funcionario nacional advirtió que "no lograrán impedir que la Justicia intervenga y que se realicen los procesos pendientes".

Duhalde también confirmó que el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, de quien depende la secretaría a su cargo, sigue atentamente la evolución de los hechos con epicentro en Rosario.